Según la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), con la aprobación de esa ley se incurrió en graves vicios en el proceso legislativo y la regulación no fue consultada con la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria y demás instituciones a quienes constitucionalmente corresponde dirigir esta materia.
El comunicado también enumera otras repercusiones como la cancelación de cientos de miles de tarjetahabientes con menores ingresos y tendrán que acudir a prestamistas “no regulados” que cobrarán intereses mucho más altos.
El consumo en los establecimientos se verá reducido ya que tendrán menos formas de pago y limitado su crédito y por lo tanto bajará el consumo y perjudicará a la recaudación tributaria en particular.
Además uno de los peligros es que retrocede la bancarización y formalización, indispensables para el progreso de los guatemaltecos.
El uso de efectivo motivará el incremento de atracos y extorsiones y dificultará la prevención del lavado de dinero, agrega la institución.
El comunicado finaliza que es importante una Ley de Tarjeta de Crédito, pero respetando la Constitución de la República y basarse en aspectos técnicos. Por ello solicita a la Corte de Constitucionalidad que suspenda la entrada en vigencia de la ley y que el Congreso revise los artículos que tendrán impacto negativo y apruebe una normativa beneficiosa para los guatemaltecos.
La Ley de Tarjetas de crédito fue aprobada con 112 votos a favor y seis que se abstuvieron de votar. Esta norma pretende regir la emisión del “plástico”, así como de la regulación de los intereses y veda el acoso a los usuarios que hayan tenido una mora o retraso en los pagos, de acuerdo con sus ponentes.
La regulación entraría en vigencia tres meses después de ser aprobada, es decir, el 4 de marzo.
Según la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), con la aprobación de esa ley se incurrió en graves vicios en el proceso legislativo y la regulación no fue consultada con la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria y demás instituciones a quienes constitucionalmente corresponde dirigir esta materia.
El comunicado también enumera otras repercusiones como la cancelación de cientos de miles de tarjetahabientes con menores ingresos y tendrán que acudir a prestamistas “no regulados” que cobrarán intereses mucho más altos.
El consumo en los establecimientos se verá reducido ya que tendrán menos formas de pago y limitado su crédito y por lo tanto bajará el consumo y perjudicará a la recaudación tributaria en particular.
Además uno de los peligros es que retrocede la bancarización y formalización, indispensables para el progreso de los guatemaltecos.
El uso de efectivo motivará el incremento de atracos y extorsiones y dificultará la prevención del lavado de dinero, agrega la institución.
El comunicado finaliza que es importante una Ley de Tarjeta de Crédito, pero respetando la Constitución de la República y basarse en aspectos técnicos. Por ello solicita a la Corte de Constitucionalidad que suspenda la entrada en vigencia de la ley y que el Congreso revise los artículos que tendrán impacto negativo y apruebe una normativa beneficiosa para los guatemaltecos.
La Ley de Tarjetas de crédito fue aprobada con 112 votos a favor y seis que se abstuvieron de votar. Esta norma pretende regir la emisión del “plástico”, así como de la regulación de los intereses y veda el acoso a los usuarios que hayan tenido una mora o retraso en los pagos, de acuerdo con sus ponentes.
La regulación entraría en vigencia tres meses después de ser aprobada, es decir, el 4 de marzo.