En perspectiva. Protestas y bloqueos crecientes empañan cada vez más la tradicional buena reputación de Panamá ante los inversionistas. El descontento se dirige contra la mina Cobre Panamá, operada por la canadiense First Quantum Minerals.

• Los manifestantes – sindicalistas, estudiantes, ecologistas e indígenas – critican que el acuerdo vulnera el suministro de agua y la soberanía nacional.
   
• El contrato renegociado fue aprobado hace dos semanas, formando parte de la Ley 406. Garantiza al Estado un mínimo de US$375M al año, frente a los US$61M abonados en 2022. Provee 9,387 empleos directos. Más de 40,000 contando los indirectos.
   
• La mina a cielo abierto es una de las mayores fuentes de cobre y se ha enfrentado a múltiples desafíos legales. El presidente Laurentino Cortizo (PRD, centro), ha convocado un plebiscito, lo que el Tribunal Electoral no ve factible. También declaró una moratoria minera, prohibiendo nuevas concesiones.

Qué destacar. La tensión caracterizó la renegociación del contrato. En diciembre de 2022, el Gobierno ordenó la suspensión de actividades hasta llegar a un acuerdo. El consorcio canadiense, buscando mantener el derecho a extraer metales preciosos y solicitar restricciones del espacio aéreo, sufrió pérdidas diarias de US$8M.

• Los manifestantes lamentan la rapidez con que fue aprobado el contrato, al que tildan de inconstitucional. Varios recursos han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se ha comprometido a responder dentro de 10 días.

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• Más allá de su reclamo inmediato de derogar la Ley 406, muchos piden ahora una prohibición total de la controvertida minería. Pero, si bien es cierto que se teme el impacto ecológico de la mina, no lo es menos que esta es autosuficiente en materia hídrica.
   
• La indignación tiene raíces más profundas. Existe un desencanto generalizado de la población, que resiente la inflación y el elevado coste de vida. Además, acusa al impopular Ejecutivo de corrupción.

Por qué importa. La sequía, intensificada por el fenómeno de El Niño, está haciendo estragos en el Canal de Panamá, alimentado por agua dulce. Se ha tenido que limitar el tráfico del canal priorizando a los buques regulares y excluyendo los petroleros. Esto ocasiona US$200M de pérdidas al erario. La mina es la forma de compensar este déficit.

• A máxima capacidad, la mina produce 300,000 toneladas de cobre por año, es decir, 1.5% de la producción mundial. Representa un 4.8% del PIB panameño y un 75% de las exportaciones físicas del país.
   
• First Quantum cotiza en la Bolsa de Toronto, donde sus acciones se desplomaron un 46.15% en pocos días. Es evidente que Panamá, un refugio dentro de la región, perderá credibilidad ante los inversionistas.
   
• La semana pasada, la agencia de calificación Moody's bajó la calificación de la deuda panameña de Baa2 a Baa3, la más baja de las calificaciones de grado de inversión. No solo señalaba problemas fiscales estructurales, sino también tensiones sociales y políticas.

Visto y no visto. El Congreso ha prohibido todas las nuevas concesiones mineras de metales tras celebrar sesiones de urgencia. En principio, esto no afectará al contrato vigente. Lo más probable es que el acuerdo se renegocie, se entregue a otra empresa o se ponga bajo control estatal, en lugar de cerrarse.

• La concesión de 20 años, es susceptible de ser extendida por 20 más. Bajo el contrato actual, los pagos de First Quantum, mayor contribuyente del país, se iban a dirigir al saneamiento de las cuentas del Seguro Social.

• El actuar de Cortizo debe entenderse como un intento – deficiente – de contrarrestar el ímpetu del movimiento antiminero. Su partido, previsiblemente, saldrá perjudicado en las elecciones de mayo próximo.

• En lo que se refiere a estos comicios cabe destacar que el expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por blanqueo de dinero, va muy por delante en las encuestas.

En conclusión. Al igual que la mina Cobre Panamá es fundamental para el Estado panameño, representa casi la mitad de los ingresos de First Quantum. En el caso de que el contrato fuera finalmente revocado, es muy plausible que la empresa canadiense solicite un arbitraje internacional.

• Panamá tendría pocas posibilidades de éxito si la cuestión terminara en los tribunales. Se trata, en todo caso, de un contrato aprobado por la Asamblea Nacional y refrendado por el presidente.

• Su mejor opción sería el triunfo de uno de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la CSJ. De lo contrario, Panamá tendría que saldar sus cuentas con First Quantum y hacer frente a las multimillonarias pérdidas de regalías.

• A EE. UU. y Canadá les irritaría la pérdida de la mina; consideran el cobre un mineral esencial para el nearshoring y la transición energética. Saldrían beneficiados los países que, como Chile, han sabido navegar el tema con más pragmatismo.
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