Panamá está sumida en protestas y bloqueos debido al contrato de la mina Cobre Panamá, operada por la canadiense First Quantum Minerals. Los manifestantes —un cóctel de grupos indígenas, estudiantiles y ecologistas— consideran que el acuerdo vulnera la soberanía nacional y el suministro de agua.

• El nuevo contrato fue aprobado hace dos semanas, formando parte de la Ley 406. Garantiza al Estado un mínimo de US$375M al año, frente a los US$61M abonados en 2022. Provee, además, 9,387 empleos directos.

• El presidente saliente, Laurentino Cortizo (PRD, centro), ha convocado un plebiscito, cosa que el Tribunal Electoral considera imposible. También declaró una moratoria minera, prohibiendo lasnuevas concesiones.

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• Los manifestantes lamentan la rapidez con que fue aprobado el contrato, al que tildan de inconstitucional. Varios recursos han sido presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se ha comprometido a responder dentro de 10 días.

Entre líneas. La renegociación del contrato fue tensa. En diciembre de 2022, el Gobierno ordenó la suspensión de actividades hasta llegar a un acuerdo. Esto supuso pérdidas diarias de US$8M para el consorcio canadiense, que buscaba mantener el derecho a extraer metales preciosos y solicitar restricciones del espacio aéreo.

• Es difícil afirmar que el acuerdo es indigno para Panamá. Sin embargo, más allá de su reclamo inmediato de derogar la Ley 406, muchos manifestantes ahora piden una prohibición total de la minería.

• El furor de las protestas obedece a un desencanto generalizado de la población, que resiente la inflación y acusa al Gobierno de corrupción. También, se temen los efectos ecológicos de la mina que, dicho sea de paso, es autosuficiente en materia hídrica.

• El actuar de Cortizo debe entenderse como un intento de calmar las aguas y paulatinamente restar ímpetu al movimiento anti minero. Lo tiene complicado y su partido previsiblemente saldrá perjudicado en las elecciones de mayo.

Los datos. Una sequía, intensificada por el fenómeno de El Niño, está haciendo estragos en el canal de Panamá, que se alimenta de agua dulce. Se ha tenido que restringir el número de buques que atraviesan el canal, ocasionándole pérdidas de US$200M al erario. La mina es la única forma de compensar este déficit.

• La concesión es de 20 años, con la opción de ser extendida por 20 más. Bajo el contrato actual, First Quantum sería el mayor contribuyente del país. Sus pagos se iban a dirigir al saneamiento de las cuentas del Seguro Social.

• A máxima capacidad, la mina produce 300,000 toneladas de cobre por año, es decir, 1.5% de la producción mundial. Representa, además, un 4.8% del PIB panameño y un 75% de las exportaciones físicas del país.

• First Quantum cotiza en la Bolsa de Toronto, donde sus acciones se han desplomado un 46.15% en lo que va de semana. Es evidente que Panamá, un refugio dentro de la región, perderá credibilidad ante los inversionistas.

El balance. Del mismo modo que la mina es la vaca lechera del Estado panameño, la mina Cobre Panamá representa casi la mitad de los ingresos de First Quantum. Puede asegurarse que, de ser revocado el contrato, la empresa canadiense solicitará un arbitraje internacional.

• Panamá tiene pocas posibilidades de éxito si la cuestión termina en los tribunales. Se trata, en todo caso, de un contrato aprobado por la Asamblea Nacional y refrendado por el presidente.

• Su mejor opción sería el triunfo de uno de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la CSJ. De lo contrario, Panamá tendrá que saldar sus cuentas con First Quantum y hacer frente a las multi millonarias pérdidas de regalías.

• A EE. UU. y Canadá les irritará la pérdida de la mina; consideran el cobre un mineral esencial para el nearshoring y la transición energética. Saldrán beneficiados los países que, como Chile, han sabido navegar el tema con más pragmatismo.