El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) solicitó colocar reglas para garantizar la selección de magistrados idóneos en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Según Santiago Palomo Vila, secretario de Cedecón, los integrantes de ese centro coinciden que es necesario colocar como requisito principal el mérito, independencia, capacidad, integridad y honestidad y las designaciones deben ser resultados de convocatorias abiertas y procesos públicos y transparentes.
Palomo Vila indica que la preocupación del ente es que no sea pública la información requerida a cada candidato ya que tiene que estar bajo el escrutinio de la sociedad y medios de comunicación, incluso, se propone que se establezca un plazo razonable para la presentación de tachas o de información relevante y comprobada sobre cada candidato.
“Los integrantes de los órganos que designan magistrados deben divulgar toda relación relevante que tengan con los candidatos o sus familiares y retirarse de las deliberaciones inmediatamente que surja un conflicto de intereses”, remarcaron.
Otras propuestas de regla se refieren a que las deliberaciones y designaciones sean públicas, que no haya compromisos de los designados con partidos políticos o integrar el cuerpo colegiado que les designe y tampoco incurrir en campañas con gastos excesivos.
A lo anterior se añade que los aspirantes entreguen u ofrezcan dádivas, regalos u organicen fiestas para promover su imagen. También se solicita que los gastos en que incurran los postulantes sean públicos y que el proceso de designación en las entidades garantice los principios de pluralismo y no discriminación, entre otros.
El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón) solicitó colocar reglas para garantizar la selección de magistrados idóneos en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Según Santiago Palomo Vila, secretario de Cedecón, los integrantes de ese centro coinciden que es necesario colocar como requisito principal el mérito, independencia, capacidad, integridad y honestidad y las designaciones deben ser resultados de convocatorias abiertas y procesos públicos y transparentes.
Palomo Vila indica que la preocupación del ente es que no sea pública la información requerida a cada candidato ya que tiene que estar bajo el escrutinio de la sociedad y medios de comunicación, incluso, se propone que se establezca un plazo razonable para la presentación de tachas o de información relevante y comprobada sobre cada candidato.
“Los integrantes de los órganos que designan magistrados deben divulgar toda relación relevante que tengan con los candidatos o sus familiares y retirarse de las deliberaciones inmediatamente que surja un conflicto de intereses”, remarcaron.
Otras propuestas de regla se refieren a que las deliberaciones y designaciones sean públicas, que no haya compromisos de los designados con partidos políticos o integrar el cuerpo colegiado que les designe y tampoco incurrir en campañas con gastos excesivos.
A lo anterior se añade que los aspirantes entreguen u ofrezcan dádivas, regalos u organicen fiestas para promover su imagen. También se solicita que los gastos en que incurran los postulantes sean públicos y que el proceso de designación en las entidades garantice los principios de pluralismo y no discriminación, entre otros.