La acusación contra los exdirectores del IGSS, Max Quirín y Julio Suárez, se sustenta en “tesis legales muy débiles”, indica el Cacif en comunicado de prensa emitido este miércoles, a pocos días de que se emita un fallo en el juicio por el caso conocido como IGSS-Pisa.
Al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), le preocupa que este proceso se anuncie como “el primer esfuerzo en persecusión de la corrupción” cuando es evidente la debilidad de la acusación.
“Los resultados de los dos periodos de debate-se tuvo que repetir- no mostraron la existencia de pruebas contra los directores Quirín y Suárez. De esa cuenta hacemos un llamado para que, ante el esperado fallo de inocencia de este caso contra estos directores, se redoble el esfuerzo de investigación y recolección de pruebas tangibles en los verdaderos casos de corrupción”.
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Las debilidades que señala el Cacif
El Cacif también cuestiona que Max Quirín, alto y destacado dirigente del sector privado, así como un “padre de familia responsable, un ciudadano ejemplar y buen amigo”, lleve más mil días en prisión preventiva, “sin que exista peligro de fuga o riesgo de obstrucción de la justicia”.
Añaden que en cuatro ocasiones la defensa del empresario ha solicitado la libertad de su cliente, pero “se le mantiene retenido por atrasos en las Cortes, cambios de jueces y un razonamiento poco fundamentado.
La acusación
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan a Quirín y Suárez de estos tres delitos:
Nombrar una Junta de Licitación sin ser idónea.
“Aunque sí se debe nombrar una Junta de Licitación, Quirían no tuvo nada que ver en su nombramiento, se hace por sorteo”.
Aprobar lo actuado por la Junta de Licitación
“Quien debió probar la capacidad técnica de la empresa era la Junta de Licitación, para eso se crea. Cabe meniconar que los fiscales no han demostrado comunicación alguna entre Quirín y la Junta de Licitación u otro involucrado alrededor de este tema. Además no se ha demostrado que haya recibido dinero alguno”.
Autorizar el contrato
“Aprobarlo es una obligación cuando se llena el único requisito: una fianza de cumplimiento”.
La acusación contra los exdirectores del IGSS, Max Quirín y Julio Suárez, se sustenta en “tesis legales muy débiles”, indica el Cacif en comunicado de prensa emitido este miércoles, a pocos días de que se emita un fallo en el juicio por el caso conocido como IGSS-Pisa.
Al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), le preocupa que este proceso se anuncie como “el primer esfuerzo en persecusión de la corrupción” cuando es evidente la debilidad de la acusación.
“Los resultados de los dos periodos de debate-se tuvo que repetir- no mostraron la existencia de pruebas contra los directores Quirín y Suárez. De esa cuenta hacemos un llamado para que, ante el esperado fallo de inocencia de este caso contra estos directores, se redoble el esfuerzo de investigación y recolección de pruebas tangibles en los verdaderos casos de corrupción”.
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El Cacif también cuestiona que Max Quirín, alto y destacado dirigente del sector privado, así como un “padre de familia responsable, un ciudadano ejemplar y buen amigo”, lleve más mil días en prisión preventiva, “sin que exista peligro de fuga o riesgo de obstrucción de la justicia”.
Añaden que en cuatro ocasiones la defensa del empresario ha solicitado la libertad de su cliente, pero “se le mantiene retenido por atrasos en las Cortes, cambios de jueces y un razonamiento poco fundamentado.
La acusación
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan a Quirín y Suárez de estos tres delitos:
Nombrar una Junta de Licitación sin ser idónea.
“Aunque sí se debe nombrar una Junta de Licitación, Quirían no tuvo nada que ver en su nombramiento, se hace por sorteo”.
Aprobar lo actuado por la Junta de Licitación
“Quien debió probar la capacidad técnica de la empresa era la Junta de Licitación, para eso se crea. Cabe meniconar que los fiscales no han demostrado comunicación alguna entre Quirín y la Junta de Licitación u otro involucrado alrededor de este tema. Además no se ha demostrado que haya recibido dinero alguno”.
Autorizar el contrato
“Aprobarlo es una obligación cuando se llena el único requisito: una fianza de cumplimiento”.