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Foro Guatemala hace propuesta en el marco del proceso electoral

Luis Gonzalez
12 de febrero, 2019

El Foro de Guatemala planteó 15 propuestas a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el propósito de alcanzar la “modernización del país”, aprovechando los cambios políticos derivados de las elecciones generales y los reemplazos en la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

La institución agrupa a 16 organizaciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Alianza Evangélica de Guatemala, Conferencia Episcopal de Guatemala, Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), el Cacif, Foro Maya, Convergencia Cívico Política de Mujeres, Jóvenes por Guatemala y Universidad Rafael Landívar, entre otras entidades.

Al Organismo Ejecutivo, el Foro le sugiere atender como prioritario el tema económico, la competitividad del país, retomar el Pacto Fiscal, atender al sector de la población rural, cumplir con el mínimo de 180 días de clases e impulsar “un nuevo pacto educativo”.

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Las sugerencias al Congreso

En relación con el el poder Legislativo, las instituciones recomiendan reformar la Ley Electoral para permitir una amplia participación ciudadana, atender del tema de voto preferente y distritos electorales.

Asimismo, reformar el Código Procesal Penal para una mejor aplicación de la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos.

También sugieren a los diputados reformar la Constitución de la República referente a los periodos de las judicaturas y magistraturas y separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas.

Asimismo, plantean al Congreso revisar el mecanismo de Comisiones de Postulación, y reformar las leyes de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado.

Plantean justicia pronta y cumplida

Al sistema de justicia, el Foro recomienda implementar la Carrera Judicial, agilizar los procesos para reducir la mora en los juzgados y plantear un presupuesto que garantice una justicia imparcial y ágil.

Las instituciones concluyen haciendo un llamado para combatir la corrupción e impunidad mediante una “ética pública, basada en la probidad, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal”.

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