La penúltima entrevista a los candidatos a Fiscal General fue la del abogado Gabriel Estuardo García, quien respondió a las interrogantes del presidente Alejandro Giammattei y ofreció como primera acción un análisis de la administración del Ministerio Público (MP) y reorientar el presupuesto hacia donde se obtengan resultados inmediatos. 

Para García, es importante la capacitación de los fiscales para detener el elevado número de casos que rechazan los juzgados y salas por falta de investigación y evidencia científica, lo cual considera la mayor debilidad del MP. "Muchas veces no cuentan con argumentos sólidos", aseveró. Por ello propuso objetividad, independencia fiscal y estricto cumplimiento de la ley para presentar casos coherentes y que los jueces accedan a las solicitudes del ente investigador. 

De allí, la prioridad del candidato por realizar un diagnóstico de la administración y presupuesto del MP, "dándole prioridad a algunos rubros que posiblemente se han desatendido". "A mi parecer el actual presupuesto cuenta con los recursos adecuados, pero se deben priorizar aspectos de gasto para invertirlo en los que generan resultados inmediatos", aseveró. 

Asimismo ofreció una política integral para todos: sindicados, defensores, víctimas y querellantes.  "Debe aplicarse el principio de objetividad y todas las garantías que establece el Código Penal, mientras que el fiscal debe contar con todas las herramientas para investigaciones serias y requerimientos fundamentados", reiteró.

Un medio de control en las fiscalías sería "darle seguimiento al sistema de supervisión y enjuiciamiento de faltas adminstrativas siendo más abierto para la población, dijo. "No para reprimir a fiscales, sino un medio de control adminstrativo para identificar casos que no deben repetirse y sentar precedente", insistió.

Buscará nuevos vínculos de investigación

El aspirante a Fiscal General consideró necesario mantener la relación que la institución ya tiene con agencias de la región e incluso crear otros vínculos que generen información concreta para la judicialización de casos. 

"La relaciones deben ser a nivel mundial porque delitos como el tráfico de armas y personas generan poder y violencia", afirmó. 

Para reducir el cúmulo de denuncias sin atención planteó una atención concreta desde los casos más antiguos y que pueden ser susceptibles a una desjudicialización o judicialización. 

Lamentó que para la gestión de casos algunas fiscalías sigan bajo el  modelo anterior y que tampoco se tenga la información necesaria. Por tal razón, reiteró en la necesidad de una constante capacitación de los fiscales.

Pero también aprovechar la escuela de estudios para que después de un año se disponga de cursos para selección y ascenso laboral. "También se necesita capacitación en materia del derecho que maneja cada fiscalía, para el dominio del tema y análisis", explicó.

"Me enfocaría en el principio de prudencia, que va ligado a las obligaciones legales: principio legalidad, la indepenciencia fiscal y principio de objetividad que debe velar en todos los requerimientos", puntualizó. 

Su carrera y experiencia

Es Vocal II en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz. 

También docente universitario con maestría en Derecho y Derecho Penal, ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Presidente de la Junta Disciplina Judicial, período 2016-2017 y de catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, 2011.