El domingo 20 de agosto, y ante un creciente descalabro social, se celebró la primera vuelta electoral en Ecuador. Luisa González (Revolución Ciudadana, izquierda) se llevó el primer puesto con el 33% de los votos, mientras que Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional, centroderecha) se propulsó ad portas de elecciones, llegando a la segunda vuelta con el 24%. Ambos presidenciables carecían, hasta hace poco, de gran renombre político. 

• González es la única que no ha tenido que tomar prestadas sus siglas partidarias; es funcionaria y militante histórica del correísmo, aunque apenas obtuvo su escaño parlamentario en 2021. Se entrevé que su electorado no es propio, sino de Rafael Correa, cuyo perfil trae recuerdos —para sus seguidores, claro está— del boom de commodities. 
   
• Noboa, en tanto, es hijo de una de las principales familias del país, vinculada específicamente al negocio bananero. La política, sin embargo, no le es ajena: su padre, Álvaro Noboa, se ha postulado infructuosamente a la presidencia en seis ocasiones. Su candidatura cobró vigencia en el último debate electoral, allí destacó por su aplomo y propuestas claras en cuanto a seguridad y economía. Previsiblemente aglutinará todo el voto anticorreísta. 

Entre líneas. Ecuador atraviesa una difícil coyuntura. En esta campaña la concordia ha brillado por su ausencia: hace unas semanas causó consternación el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, seguido de un sinfín de atentados y balaceras.

• Esa violencia es inusitada. Ecuador fue durante mucho tiempo un remanso de paz, incluso logrando atraer a miles de jubilados norteamericanos, la mayoría de ellos en la ciudad de Cuenca. Aquel idilio andino ya no existe: los homicidios se han cuadruplicado en los últimos cuatro años, obligando al presidente Lasso a decretar varios estados de excepción que no han surtido efectos significativos. 
   
• Lo cierto es que Ecuador, que todos los años “exporta” más de 700 toneladas de cocaína a EE. UU., se ha convertido en un cruento frente de guerra de los cárteles mexicanos. En efecto, hay largas sospechas de que Los Choneros y Los Lobos, las principales bandas criminales del país, actúan como mercenarios del Cártel de  Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación, respectivamente. 
   
• Estos fueron unos comicios anómalos: el presidente Lasso, vaticinando un intento de destitución en su contra, decretó el mecanismo constitucional de  “muerte cruzada”, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando elecciones generales. Lasso, quien no manifestó interés en la reelección, vio truncadas sus esperanzas reformistas; sus intentos de retirar subsidios y sanear las cuentas del Estado provocaron ávidas protestas por parte de grupos indígenas y de izquierda, quienes también lo acusaron de malversación. 

En el radar. Además de las elecciones, se realizaron dos consultas populares. La primera, de carácter nacional, giraba en torno a la explotación del yacimiento petrolífero ITT, comúnmente conocido como Bloque 43. La segunda consulta, limitada a los electores quiteños, propuso prohibir la minería metálica en el Chocó Andino, una reserva de la biósfera dotada de oro, plata, cobre y arcillas. En un revés para el saliente presidente Lasso, el “sí” a la prohibición ganó en ambas consultas.

• Grupos ambientalistas e indígenas llevaban años reclamando un plebiscito sobre la explotación del Bloque 43, pues el yacimiento se encuentra parcialmente dentro del parque nacional Yasuní, a su vez ubicado en las profundidades de la Amazonía ecuatoriana. El parque se distingue por su biodiversidad y por la presencia de tribus voluntariamente aisladas.
   
• Los resultados de la consulta obligan al Gobierno a abandonar “indefinidamente” la explotación del yacimiento, así como a desmantelar en cuestión de meses las instalaciones existentes. Será un proceso enredado, ya que es la fuente de 11% de la producción nacional. De hecho, parte de la producción de Petroamazonas ya había sido vendida a China a modo de pago de deuda, que asciende a más de cinco mil millones de dólares.
   
• La veda a la minería en el Chocó Andino no tendrá consecuencias tan severas. No es de carácter retroactivo, de manera que las concesiones actuales seguirán vigentes. Tampoco se trata de depósitos que se estén extrayendo actualmente. Dejando atrás las consideraciones medioambientales, supone más bien la pérdida de oportunidad económica (el precio del oro se acerca a máximos históricos), mas no la destrucción de infraestructura preexistente.

En perspectiva. La realidad ecuatoriana puede compararse con la guatemalteca. La disyuntiva entre medioambiente e ingresos es la misma; también está presente la oposición de los indígenas, que, por medio del Convenio 169 de la OIT, tienen derecho a ser consultados. Estas cuestiones cobrarán importancia a medida que se explore el yacimiento Ocultún, en Petén, además de las otras reservas de gas natural que pudiera tener el país.

• El sector extractivo guatemalteco está necesitado de mejoras. La regalía minera del 1% obligatorio (más un porcentaje voluntario) sobre la producción del valor bruto está muy por debajo de la media latinoamericana.
   
• Existe FONPETROL, encargado de acumular y distribuir las regalías petroleras, pero se han estancado las propuestas para crear un fondo soberano general que se nutra de todas las regalías. 
   
• Unas pocas medidas administrativas acrecentarían los beneficios percibidos por la sociedad guatemalteca, constatando el papel de la industria extractiva en el desarrollo de Guatemala.