El 30 de noviembre recién pasado, se celebró el Día del Periodista, aunque algunos dicen que solo se conmemora; otros más obtusos dicen que ese día se “resiste”. Independientemente de ello, ese día, como todos los 30 de noviembre, se observó -para que nadie se ofenda- esa efeméride. 

En lo personal, no puedo dejar de recordar a mi querido viejo que ejerció el periodismo casi ininterrumpidamente durante 70 años, desde sus inicios en la revista Faro Estudiantil del Colegio de Infantes, hasta sus últimos blogs publicados poco antes de su muerte.

Durante las dictaduras militares, sufrió persecución, encarcelamientos (carceleadas, le llamaban), golpizas, atentados de muerte, exilios y cualquier otra forma de intento de acallarle.  La actividad periodística  -porque además de profesión, es un oficio- siempre ha acarreado consecuencias para quienes la realizan, porque hasta en las democracias más sólidas la labor periodística es incómoda para quienes quieren esconder sus truculentas acciones, pero en estas latitudes y sobre todo en aquellos tiempos, mucho más. 

Este recién pasado Día del Periodista se promovió el hashtag -acto supremo de rebeldía en nuestros tiempos- #NoNosCallarán debido a lo que se ha denunciado como persecución de periodistas por el legítimo ejercicio de la actividad.  La persecución, se acusa, es realizada nada menos que desde la Presidencia de la República y llegando hasta el Ministerio Público.  Sin menospreciar lo que genuinamente puedan estar pasando injustamente algunos periodistas, no puedo dejar de compararlo con aquello que mi viejo vivió.  La Constitución garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura ni licencia previa, derecho que asiste no solo a periodistas, sino a todo ciudadano.  Sin embargo, los periodistas sí tienen un privilegio por sobre el resto de nosotros los mortales: el juicio de imprenta.  Ellos -y ellas- no enfrentan procesos penales como el resto de nosotros. 

La discusión no es sobre lo que originó, hace ya más de 35 años su inclusión en la Constitución, sino si en una sociedad que busca la igualdad deben existir tales privilegios.  Sobre todo a la luz del abuso que se puede hacer desde la función periodística atacando a personas que, sin ser funcionarios son señalados muchas veces infundadamente sin consecuencia para sus difamadores.  La Constitución dice que: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos” lo que deja fuera a empresarios o políticos que no ejercen función pública que igual son señalados por algunos periodistas.  Pero divago.

El Día del Periodista me hizo pensar que resulta muy contradictorio que en este país muchos hayan derramado su sangre luchando por la libertad de expresión, por dejar atrás posiciones decimonónicas y vivir en una sociedad que respete la opinión de todos, para que ahora, los hijos o nietos de aquellos, sean los que constantemente pidan que “cancelen” a quienes opinan de una forma que no les gusta.  En estos tiempos, los autodenominados progresistas son quienes presentan las posturas más furibundas en contra de expresiones que ellos no comparten. 

Algo que también recuerdo ese día es como la “libertad de expresión” de mi viejito se vio muchas veces más coartada y censurada por los dueños de los medios que por los gobiernos. En dos ocasiones distintas, por intereses personales del dueño del medio, a mi pobre viejito le fue “suspendido” el espacio que tanto realce le daba a elPeriódico porque, en la primer ocasión, le podía joder un negocio -venta de acciones- a un importante empresario al que mi viejo le cuestionaba por esos días; la segunda ocasión porque al dueño del medio le pareció inapropiado un doble sentido que mi viejo usó para referirse a un oscuro personaje.  No recuerdo que entonces los periodistas se hayan rasgado las vestiduras y echado ceniza en la cabeza.  En fin…

La libertad de emisión del pensamiento es una libertad absoluta; yo se que habrá muchos que no estén de acuerdo que haya libertades absolutas, pero cuando menos en este caso sí, porque así lo dice la Constitución.  Lo que existe son consecuencias del abuso de esa libertad y, entonces, se debe proceder judicialmente.  El asunto es que eso no ocurre porque es más fácil “cancelar” a alguien que llevarlo a juicio, sobre todo si es periodista y goza de la protección del juicio de imprenta.

Mucho debemos avanzar como sociedad en este tema, de libertades y de consecuencias en el abuso de ellas. Mientras tanto, sabiendo los retos, me congratulo de lo que Guatemala ha avanzado. Lo más jóvenes no le verán y que los más viejos que sí lo ven no lo noten es muestra de que más que periodistas, con activistas.  Como se dice en redes sociales: no me arroben.  Gracias.