Este lunes la Cámara del Agro (Camagro) en conferencia de prensa dio a conocer que no descartan impugnar el presupuesto de ingresos y gastos 2015 aprobado recientemente. Santiago Molina, presidente de dicha cámara empresarial, indicó que las acciones legales podrían presentarse en enero próximo porque hay inconstitucionalidades en al menos 10 artículos de lo aprobado. Recordaron que al igual que otras entidades y analistas, casi dos meses antes hicieron análisis y también recomendaciones sobre proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo.
Lamentaron que lo anterior no fue tomado en cuenta aprobando en el Congreso de la República otro proyecto que no fue puesto a consideración ni discusión, que además incluye la creación del impuesto a la telefonía de Q5, el aumento a la tasa impositiva de Q1.50 a Q5 en la distribución al saco de cemento y en el caso de las regalías a la minería eleva de 1% a 10%.
Ante lo aprobado, denuncian que el Decreto 22-2014 incurre en ilegalidades, falta de transparencia y un desmedido incremento de la deuda. Camagro considera que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país pues contiene más de Q12 mil millones de nueva deuda, fondos destinados a funcionamiento y pago del servicio de la deuda. También presenta un déficit fiscal que asciende a más de Q15 mil millones.
Cecoms pide al Presidente vetar el presupuesto
Por otro lado, también este lunes la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), sus filiales y gremiales, dieron a conocer su postura sobre el mismo tema. Esta cámara insta al presidente Otto Pérez vetar el presupuesto aprobado y enviarlo nuevamente al Congreso para corregir la falta de controles, transparencia y disciplina financiera que adolece. Con esto consideran que se evitarían las repercusiones que generará un endeudamiento de esta envergadura en la población de menos recursos.
Criticaron además el hecho de sostener dicho presupuesto con endeudamiento y emisión de bonos, entre otras cargas, pues es una acción económicamente irresponsable que repercute directamente en los guatemaltecos de menores ingresos, quienes a lo largo de muchos años tendrán que sacrificar otra parte de sus ingresos para pagar los compromisos de esta deuda.
Otro problema que perciben es que la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria, característica de la actual administración, se puso nuevamente en evidencia al dejar partidas discrecionales. Ejemplo de lo anterior es el monto asignado al Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda por Q1,965 millones, cantidad que no tiene asignación específica y que podría prestarse a usos diferentes con fines clientelares y electoreros.
Consideran negativa la desaparición de los Certificados de Disponibilidad Financiera y Constancias de Disposición Presupuestaria, pues es un golpe de gran impacto en las finanzas públicas ya que compromete al Estado a asumir deuda sin el debido respaldo presupuestario.
La Cecoms ve preocupante la asignación presupuestaria de varios millones de quetzales a entidades y organizaciones que fomentan la conflictividad en el país. Consideran que esto es evidencia que dichas organizaciones son utilizadas por el mismo Gobierno para sustentar sus planes, sin importar el daño que causan a la población.
Este lunes la Cámara del Agro (Camagro) en conferencia de prensa dio a conocer que no descartan impugnar el presupuesto de ingresos y gastos 2015 aprobado recientemente. Santiago Molina, presidente de dicha cámara empresarial, indicó que las acciones legales podrían presentarse en enero próximo porque hay inconstitucionalidades en al menos 10 artículos de lo aprobado. Recordaron que al igual que otras entidades y analistas, casi dos meses antes hicieron análisis y también recomendaciones sobre proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo.
Lamentaron que lo anterior no fue tomado en cuenta aprobando en el Congreso de la República otro proyecto que no fue puesto a consideración ni discusión, que además incluye la creación del impuesto a la telefonía de Q5, el aumento a la tasa impositiva de Q1.50 a Q5 en la distribución al saco de cemento y en el caso de las regalías a la minería eleva de 1% a 10%.
Ante lo aprobado, denuncian que el Decreto 22-2014 incurre en ilegalidades, falta de transparencia y un desmedido incremento de la deuda. Camagro considera que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país pues contiene más de Q12 mil millones de nueva deuda, fondos destinados a funcionamiento y pago del servicio de la deuda. También presenta un déficit fiscal que asciende a más de Q15 mil millones.
Cecoms pide al Presidente vetar el presupuesto
Por otro lado, también este lunes la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms), sus filiales y gremiales, dieron a conocer su postura sobre el mismo tema. Esta cámara insta al presidente Otto Pérez vetar el presupuesto aprobado y enviarlo nuevamente al Congreso para corregir la falta de controles, transparencia y disciplina financiera que adolece. Con esto consideran que se evitarían las repercusiones que generará un endeudamiento de esta envergadura en la población de menos recursos.
Criticaron además el hecho de sostener dicho presupuesto con endeudamiento y emisión de bonos, entre otras cargas, pues es una acción económicamente irresponsable que repercute directamente en los guatemaltecos de menores ingresos, quienes a lo largo de muchos años tendrán que sacrificar otra parte de sus ingresos para pagar los compromisos de esta deuda.
Otro problema que perciben es que la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria, característica de la actual administración, se puso nuevamente en evidencia al dejar partidas discrecionales. Ejemplo de lo anterior es el monto asignado al Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda por Q1,965 millones, cantidad que no tiene asignación específica y que podría prestarse a usos diferentes con fines clientelares y electoreros.
Consideran negativa la desaparición de los Certificados de Disponibilidad Financiera y Constancias de Disposición Presupuestaria, pues es un golpe de gran impacto en las finanzas públicas ya que compromete al Estado a asumir deuda sin el debido respaldo presupuestario.
La Cecoms ve preocupante la asignación presupuestaria de varios millones de quetzales a entidades y organizaciones que fomentan la conflictividad en el país. Consideran que esto es evidencia que dichas organizaciones son utilizadas por el mismo Gobierno para sustentar sus planes, sin importar el daño que causan a la población.