La firma de abogados Sigüenza y Carrascosa hizo un análisis legal con base en las tres investigaciones que reveló el Ministerio Público y que tienen relación con supuestas irregularidades en el proceso electoral 2023.

• A través de un comunicado, identificó cinco puntos generales a destacar tras conocerse el caso de supuestas firmas falsas para la constitución del partido Semilla, el financiamiento no reportado y lavado de dinero por parte de esa organización y las irregularidades en el sistema de transmisión de resultados electorales.

Qué destacar. Las observaciones de la firma es que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según el artículo 223 de la Constitución, es de rango constitucional, por lo que la normativa es superario a leyes ordinarias.

•  "No puede ser contradicha por ninguna orden o disposición de menor jerarquía. Hacerlo implica atentar contra el orden constitucional", se lee en el documento. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la autoridad máxima en material electoral y es la entidad en cargada de cumplir y hacer cumplir la ley electoral. "Ningún juez competente en materia ordinaria o penal, ni el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar la nulidad de las elecciones", aseveró la firma. 
• También que hay un proceso establecido para la nulidad de una elección, por lo que no podría declararse la nulidad de actos o documentos electorales con fundamento en leyes ordinarias penales.
• Asimismo, que las acciones del MP evidenciaron falta de objetividad en la investigación. El argumento de "revisión de firmas de adhesión a Semilla, hallazgos en el financiamiento, testados, entrelineados en actas de Juntas Receptoras de Votos, son en su mayoría cuestiones que se han resuelto en el plano administrativo, sin llegar a lo penal.

Lo indispensable. En cuanto a los resultados electorales, recordó que ya han sido validados y oficializados por el TSE, por lo tanto, son inalterables.

• "Con base en el principio democrático de alternabilidad en el poder debe existir una transición de mando el 14 y 15 de enero de 2024, lo contrario equivale a un rompimiento del orden constitucional", reiteró. 

En conclusión. La Corte de Constitucionalidad (CC) tendrá que conocer, en última instancia, acerca de la invalidez de las elecciones que argumenta el Ministerio Público y hacer cumplir el mandato que la Constitución le reconoce al TSE, así como el orden democrático y el principio de alternabilidad, puntualizó.  

Fisgón histórico. El sábado 9 de diciembre, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, como parte de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por la situación política actual en Guatemala. Expresaron su rechazo a las acciones recientes del MP que "ponen en riesgo la independencia de poderes y la voluntad soberana del pueblo guatemalteco".

Lo que sigue. La Unión Europea ya adelantó la aplicación de sanciones o medidas restrictivas contra los presuntos involucrados en el intento de golpe de Estado en Guatemala.

• Mientras que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) discutirá nuevamente acerca de la situación de Guatemala, primer punto en la agenda del 12 de diciembre, a la que fueron convocados los embajadores.