El equipo legal del partido Movimiento Semilla no ha tenido descanso durante los últimos seis meses. Tras pasar a segunda vuelta, arreció la persecución penal contra algunos de sus miembros, incluido el binomio presidencial: Bernardo Arévalo y Karin Herrera. 

En perspectiva. Contra ambos se presentaron solicitudes de antejuicio para ser investigados por supuestos delitos cometidos en diferentes casos a cargo del Ministerio Público (MP). 

• En noviembre se pidió levantar la inmunidad de los abanderados de Semilla por tres delitos: usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición. El caso es conocido como "Toma de la USAC: Botín Político". 

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• Otro proceso penal contra Arévalo es el "Caso Corrupción Semilla". Aquí es señalado del delito de lavado de dinero y otros activos. En igual vía están los diputados de Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos y Ligia Hernández, así como el congresista electo de esa agrupación, Raúl Barreda. 

• Juan Gerardo Guerrero, asesor legal de Semilla, confía en que los funcionarios electos asumirán sus cargos el 14 de enero. Eso sí, no se han cruzado de brazos y responden ante cualquier acción o rumor sobre posibles nuevas acciones legales contra el binomio presidencial. 

Qué destacar. Las solicitudes de antejuicios contra Arévalo, Herrera y los congresistas, se presentaron en noviembre y diciembre de 2023, pero hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha conocido, siquiera, dichas acciones. 

• Guerrero indicó que estos procesos están detenidos porque Semilla presentó diversas acciones legales por posibles irregularidades de forma y fondo, cometidas por el MP. Incluso, plantearon recusaciones contra algunos funcionarios del sistema de justicia. 

• Se destacó que la Fiscalía realizó algunas pesquisas sin considerar que los funcionarios electos tienen derecho de antejuicio. De Herrera se ha especulado que no goza de ese beneficio, pero el propio MP lo reconoció al pedir a la CSJ que le levante la inmunidad. 

• Uno de los rumores que circuló el miércoles 10 de enero es que la vicepresidenta podría ser capturada. Por ello se planteó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC); el mismo día fue otorgado, en prevención, de manera provisional. 

En el radar. La pregunta que se repite es si Arévalo y Herrera podrían no asumir los cargos. Los que adversan a los políticos aseguran que no, mientras que sus allegados confían que se solventarán todos los obstáculos legales. 

• ¿Qué pasaría si los diputados se niegan a darles posesión? Según el abogado Guerrero, los congresistas cometerían un delito y de inmediato, Semilla presentaría la "debida ejecución del amparo de la CC", que garantiza que todos los funcionarios electos deben tomar posesión de los cargos para los cuales fueron electos. 

• Esa Corte "puede resolver de inmediato y ordenar la captura de los diputados que no acaten el fallo que está firme", aseguró el entrevistado. 

• La resolución de la CC también alcanza a los diputados de Semilla. Guerrero mencionó, además, que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral confirmó que el partido está vigente. En todo caso, aseguró que no existe una sentencia firme y el juez tampoco les ha concedido audiencia. 

Por qué importa. Otra duda es si Arévalo sigue afiliado al partido y como Secretario General, lo que le impediría asumir el cargo. Guerrero confirmó que el Registrador de Ciudadanos revocó "de forma anómala y de oficio" la renuncia presentada por el presidente electo. 

• Contra esa decisión plantearon un acción legal para que se investigue al registrador. Pero no ven que la revocatoria sea un problema. El artículo 34 bis, del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), establece la separación automática al asumir la presidencia, agregó el abogado. 

• "En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el artículo 32 de la LEPP, una vez comprobado el impedimento, el Tribunal Supremo Electoral acordará cancelar la inscripción de la persona que ocupa el cargo de Secretario General", se lee en el artículo que Guerrero considera, no deja dudas del impedimento señalado por los detractores. 

• La otra batalla legal que sigue pendiente es determinar si la Ley contra la Delincuencia Organizada, puede aplicarse a casos como los señalados contra partidos políticos, indicó el abogado.