Tras dos meses de impasse en el Congreso, el oficialismo impuso al nuevo fiscal general de Honduras, de la misma forma en la que, en su momento, se impuso la Junta Directiva castrista.

Panorama general. El martes 31 de octubre, la Junta Directiva de Luis Redondo en el Congreso de Honduras conformó una comisión permanente para elegir a un nuevo fiscal general, sin la aprobación de la oposición. El fiscal debe ser elegido con al menos 86 votos, mientras que el bloque oficialista cuenta solamente con 50. Hasta la fecha, no se había conseguido un consenso entre facciones para apoyar una candidatura común.
 

• La Junta Directiva omitió la solicitud opositora de ampliar el periodo de diálogo para lograr un consenso en la elección del fiscal y cerró los portones del Congreso para evitar la retirada de la oposición.
   

• Cuando finalizaba la sesión, a la medianoche del martes, seguidores del partido Libertad y Refundación (LIBRE, izquierda), atacaron con piedras y botellas a los diputados de la oposición, mientras el oficialismo nombraba la comisión permanente dentro del Congreso.
   

• La comisión eligió y juramentó, al día siguiente, a la candidatura preferida por Xiomara Castro para dirigir el Ministerio Público: Johel Antonio Zelaya Álvarez, como fiscal general y a Mario Morazán Aguilera, como fiscal general adjunto.
   

Entre líneas. La elección del fiscal era un paso clave para el programa de “refundación de la patria” de Xiomara Castro, tras haber tomado control del Congreso a través de la Junta Directiva. La junta presidida por Luis Redondo fue impuesta por el oficialismo en una sesión paralela, dónde se impidió el acceso de la oposición al Congreso y se aprobó de facto y sin los votos necesarios según la ley.

• Zelaya fue impuesto sin los votos de la oposición y aferrándose a una facultad constitucional que permite al Congreso nombrar a un fiscal provisional a través de la comisión permanente. No obstante, la maniobra ha sido criticada por expertos en materia constitucional.
   

• De acuerdo con el constitucionalista hondureño, Raúl Pineda Alvarado: “Lo de interino póngalo entre comillas: son interinos que se quedarán cinco años, si no hay un acuerdo posterior. La comisión permanente sólo puede hacer nombramientos en caso de falta absoluta del funcionario y el funcionario ahí está”.
   

• Elegir un fiscal afín al oficialismo es fundamental para Castro, puesto que será la figura que condicione las investigaciones que realice la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). La CICIH se convertirá en el principal mecanismo de Castro para su proceso de refundación.
   

Ecos regionales. En paralelo a la toma del sistema de justicia en Honduras, el Congreso de Nicaragua aprobó el martes una reforma que disuelve a la Corte Suprema de Justicia, atribuyendo sus funciones a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.

• Nicaragua y Honduras no son los únicos países de la región que han consolidado el poder en el oficialismo, puesto que esta misma semana el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador aprobó la inscripción –inconstitucional– del presidente Bukele, de cara a su reelección en 2024.
   

• En 2021, Bukele despidió ilegítimamente, a través de la Asamblea Legislativa, al fiscal general y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucional para imponer a funcionarios afines a él.
   

Por qué importa. Centroamérica avanza a pasos agigantados en un proceso de autocratización. Mientras que, en Nicaragua y El Salvador ya se han afianzado regímenes dictatoriales, sin división e independencia de los poderes del Estado, Honduras empieza a consolidar el mismo proyecto totalitario.

• Con un fiscal capaz de dirigir las investigaciones de CICIH, Castro pretende perseguir a la oposición y a todos aquellos que, en su momento, apoyaron el golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, en 2009.
   

• El fiscal afín LIBRE evitará investigar los señalamientos de corrupción y nepotismo en el gobierno, además de depurar a la oposición y a los detractores de su propio gobierno, como el caso de Salvador Nasralla.
   

• La elección de Johel Zelaya es la joya de la corona para el clan Castro-Zelaya, que ya tenía control del Ejecutivo, de la Junta Directiva del Congreso, la Corte Suprema de Justicia y ahora, del Ministerio Público.