En un contexto de impasse en el Congreso, el oficialismo movilizó a sus simpatizantes para ejercer presión a la oposición. 

Panorama general. El martes 29 de agosto, el Congreso Nacional de Honduras debía elegir al nuevo fiscal general y su adjunto, en un ambiente político turbulento. La presidenta, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), convocó a una manifestación masiva, facilitada logísticamente por el aparato estatal. 

• El objetivo de la movilización fue presionar a la oposición –principalmente, el Partido Nacional (PNH, derecha) y el Partido Liberal (PLH, derecha)– a votar por el candidato de la familia Zelaya: Johel Antonio Zelaya.
   
• La elección del fiscal requiere de una mayoría calificada (86 diputados), una cifra que la coalición oficialista no puede conseguir en un Congreso fragmentado.
   
• Debido a la fuerte división dentro de las bancadas del Congreso y su incapacidad de llegar a un consenso, la sesión se suspendió. Fracasó el intento de elegir al fiscal general, a pesar de las presiones del oficialismo.

Entre líneas. La elección del fiscal general es fundamental, tanto para el oficialismo, como para la oposición, puesto que Honduras y Naciones Unidas firmaron un memorándum para la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). 

• “Como en el caso de Guatemala, es muy probable que una CICIH sería politizada”, como afirma Rodríguez. El fiscal sería la clave para determinar hacia qué lado de la balanza se decantan las investigaciones de CICIH.
   
• Mientras que un fiscal electo por el oficialismo perseguiría a los involucrados en el golpe de 2009, un fiscal electo por la oposición podría perseguir a funcionarios del actual gobierno.
   
• De acuerdo con Rodríguez, “hay un proceso de autocratización en Honduras. Muchas de las instituciones del Estado han sido cooptadas por el Ejecutivo. Tienen el control de la Junta Directiva del Congreso, la Corte Suprema y ahora van por el fiscal”.

Hemeroteca. La elección del fiscal es una pieza clave en el proyecto del gobierno de Libre. La “refundación” está ligada al golpe de Estado en 2009, al entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro. Es una propuesta de campaña, “con el fin de hacer una persecución retroactiva a aquellos que estuvieron a favor del golpe”, confirmó Reynaldo Rodríguez, experto en política hondureña.

• La campaña de Castro se fortaleció por el rechazo al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), lo que permitió una fusión entre el proyecto socialista de Castro y un candidato de centro-derecha: Salvador Nasralla.
   
• “Nasralla se unió a Libre porque era la única manera de ganarle al PNH. Ahora, miembros del ala más moderada [de Nasralla] del gabinete de la presidenta han estado renunciando”, explicó Rodríguez.
   
• La fractura del Ejecutivo se debe, en gran medida, a la elección ilegítima de la Junta Directiva del Congreso, donde los diputados de Castro nombraron a su presidente sin los votos necesarios, excluyendo a la oposición del hemiciclo. El partido de Nasralla cuenta con su propia bancada legislativa.

En el radar. Tras no haberse llegado a un consenso en el Congreso, el actual fiscal general (electo por JOH), Óscar Chinchilla, seguirá en el cargo hasta que los parlamentarios lleguen a un acuerdo, un escenario que beneficia a ambos de alguna manera. 

• Mientras que a la oposición le conviene que se mantenga un fiscal adverso a Xiomara y a la familia Zelaya, al oficialismo le da un argumento proselitista para movilizar a sus votantes en 2026.
   
• La continuación de Chinchilla le permite a Castro apelar, en las próximas elecciones, a la necesidad de una bancada de Libre más fuerte para evitar los bloqueos de la oposición.
   
• El gobierno hondureño afronta, además, el reto de gobernar con un Ejecutivo dividido en torno a Nasralla, ahora opositor de Castro.