Todos queremos vivir en un país con orden y justicia, en donde se respeten –sin excepción– nuestros derechos individuales básicos: vida, libertad y propiedad. Resulta inaceptable que se ejerza violencia en contra de cualquier individuo, sea funcionario o no.
La semana pasada, manifestantes violentos agredieron a varios diputados –incluidas mujeres– y tales hechos quedaron grabados en videos que luego fueron difundidos en redes sociales. Esos actos violentos no deben ser aplaudidos, mucho menos, promovidos por líderes políticos. Los diputados Andrea Villagrán y Samuel Pérez fueron captados cuando animaban a los manifestantes violentos; más allá del hecho puntual, son muestras de los tiempos por venir.
No obstante, para poder vivir en un estado de derecho, el abuso de autoridad, el mal utilizar del poder coercitivo del estado para amedrentar a políticos de oposición o activistas, tampoco es aceptable. Así como los actos violentos de cualquier ciudadano hacia otro deben ser sancionados, el uso indebido del poder público –que incluye promover acciones judiciales espurias y políticamente motivadas– debe ser castigado.
Tanto las acciones ilegales por parte de individuos violentos, como por los funcionarios que abusan de su posición, deben ser castigadas, pero con proporcionalidad. Proceder con excesiva severidad también atenta contra el estado de derecho y la convivencia pacífica.
De esa cuenta, realizar operativos con exceso de elementos de seguridad, para capturar a una joven activista a quien se le endilga responsabilidad por la toma de la USAC deviene desproporcionando; por otro lado, el estado debe perseguir y capturar, con la fuerza pública necesaria, a jóvenes activistas descarriados que agreden violentamente a ciudadanos, sean diputados o no.
Guatemala parece estar atrapada en un vaivén político y judicial, en donde quien detenta el poder temporalmente, abusa de su posición para perseguir a sus opositores; cuando el péndulo regresa, se hace lo mismo, solo que en sentido contrario. Eso debe terminar de una buena vez.
Todos los guatemaltecos de bien desean vivir en un país en donde prime el orden y la justicia, pero, sobre todo, en donde se pueda progresar. Ninguno de esos anhelos es posible, si cada 4 años, un segmento de la población se prepara para protegerse de la otra. Todo abuso –la violencia de parte de ciudadanos hacia otros– pero también el abuso de poder de funcionarios debe ser castigado. Debe existir certeza de castigo.
Todos queremos vivir en un país con orden y justicia, en donde se respeten –sin excepción– nuestros derechos individuales básicos: vida, libertad y propiedad. Resulta inaceptable que se ejerza violencia en contra de cualquier individuo, sea funcionario o no.
La semana pasada, manifestantes violentos agredieron a varios diputados –incluidas mujeres– y tales hechos quedaron grabados en videos que luego fueron difundidos en redes sociales. Esos actos violentos no deben ser aplaudidos, mucho menos, promovidos por líderes políticos. Los diputados Andrea Villagrán y Samuel Pérez fueron captados cuando animaban a los manifestantes violentos; más allá del hecho puntual, son muestras de los tiempos por venir.
No obstante, para poder vivir en un estado de derecho, el abuso de autoridad, el mal utilizar del poder coercitivo del estado para amedrentar a políticos de oposición o activistas, tampoco es aceptable. Así como los actos violentos de cualquier ciudadano hacia otro deben ser sancionados, el uso indebido del poder público –que incluye promover acciones judiciales espurias y políticamente motivadas– debe ser castigado.
Tanto las acciones ilegales por parte de individuos violentos, como por los funcionarios que abusan de su posición, deben ser castigadas, pero con proporcionalidad. Proceder con excesiva severidad también atenta contra el estado de derecho y la convivencia pacífica.
De esa cuenta, realizar operativos con exceso de elementos de seguridad, para capturar a una joven activista a quien se le endilga responsabilidad por la toma de la USAC deviene desproporcionando; por otro lado, el estado debe perseguir y capturar, con la fuerza pública necesaria, a jóvenes activistas descarriados que agreden violentamente a ciudadanos, sean diputados o no.
Guatemala parece estar atrapada en un vaivén político y judicial, en donde quien detenta el poder temporalmente, abusa de su posición para perseguir a sus opositores; cuando el péndulo regresa, se hace lo mismo, solo que en sentido contrario. Eso debe terminar de una buena vez.
Todos los guatemaltecos de bien desean vivir en un país en donde prime el orden y la justicia, pero, sobre todo, en donde se pueda progresar. Ninguno de esos anhelos es posible, si cada 4 años, un segmento de la población se prepara para protegerse de la otra. Todo abuso –la violencia de parte de ciudadanos hacia otros– pero también el abuso de poder de funcionarios debe ser castigado. Debe existir certeza de castigo.