El futuro legal de los cinco magistrados titulares y tres suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debe conocer, por lo menos, tres solicitudes de retiro de inmunidad del Ministerio Público (MP).

• Dos peticiones surgieron de las denuncias por supuestas irregularidades del sistema informático para la Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral (TREP), que presentaron el partido UNE y los abogados Karen Fischer y Giovanni Fratti.

Panorama general. Fischer y Fratti denunciaron el contrato administrativo 046-2023 que la presidenta del TSE, Irma Palencia, firmó el 15 de marzo junto con el representante de Datasys Guatemala, Hugo Daniel Lemus Herrera. Esta compañía, a su vez suscribió un convenio de “colaboración empresarial para fortalecer sus capacidades técnicas” con la firma mexicana, Podernet, S.A.

• El contrato fue avalado por el pleno del TSE, el 5 de abril, pero con voto disidente de la magistrada, Blanca Alfaro.

En perspectiva. Los abogados denunciantes destacan que los magistrados firmaron un contrato por Q148 millones 850 mil 250, cuando la otra empresa que participó en el evento, Productive Business Solution Guatemala, S.A., ofertó Q113 millones 957 mil 424. “En virtud de ser delitos de acción pública, se le dé intervención al MP, a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales, para iniciar la investigación”, dice la denuncia del 29 de junio. 

• También pidieron verificar las soluciones propuestas frente a los problemas suscitados y la falta de una supervisión independiente, pues Datasys contrató a la empresa que realizó la auditoría, cuando la transmisión y sumatoria de los resultados no podía delegarse a una empresa mexicana.
   
• Además, cuestionaron la falta de acceso al código fuente del sistema y al LOG (registro); la caída del sistema de cómputo a las 21:00 horas el 25 de junio y que de las 23:00 a 23:55 horas solo se operaron 10 actas de resultados finales del Distrito Central, mientras que el TSE daba resultados sin el respectivo cotejo.
   
• Asimismo, propusieron el testimonio de un perito y el peritaje del INACIF por la falta de acceso al código fuente y al LOG del sistema. 

Sí, pero. El 24 de agosto, ambos abogados ampliaron la denuncia en la Fiscalía de Delitos Administrativos, que presentó el antejuicio contra los magistrados.

• Los denunciantes añadieron que el encargado de Informática, Jorge Santos, no realizó una auditoría pudiendo incumplir sus deberes, al igual que los magistrados, por realizar el proceso electoral sin el nombramiento de un director de Informática “para evadir responsabilidades, lo cual es espurio”.
   
• Acompañaron como medio de prueba una denuncia del 27 de febrero de la senadora colombiana, María Fernanda Cabal, contra la empresa costarricense Datasys. Añaden que uno de los ejecutivos de la empresa contratada, Dennis Palencia, fue asesor de la actual presidenta del TSE.
   
• Finalmente, sugieren al MP pedir apoyo a Taiwán e Israel, para llevar a cabo una auditoría informática. 

Entre líneas. Las solicitudes de retiro de inmunidad por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude, se presentaron por la falta de supervisión del sistema informático y que la auditoría estuvo a cargo de una empresa externa al TSE, usurpando sus funciones.

• Además, que Datasys no garantizó la confianza en la automatización de escrutinios y que la magistrada, Blanca Alfaro, "tuvo un actuar omisivo, pues aunque su voto fue disidente, no expresó ningún agravio".
   
• “¿Por qué firmó disidente? ¿Sabía de alguna ilegalidad? ¿Será que el proveedor no favorecía al TSE? ¿Será que el precio estaba sobrevalorado? ¿No estaba de acuerdo que se auditara por otra entidad? ¿Tenía conocimiento de un fraude electoral?”, cuestionó la Fiscalía.
   
• También le “llama la atención que el giro de la empresa no corresponde a las necesidades del TSE y por eso permite que Datasys suscriba contrato con Podernet, S.A.”, a pesar de que el TSE dio respuesta a los requerimientos de información que hizo el MP a través de oficios.

El balance. La presidenta del TSE, Irma Palencia, reconoció que aunque la compra fue por excepción, “para el procedimiento solicitaron más de 50 pasos, similar a una licitación”. “Los tiempos son apremiantes y los procesos normales son largos”, agregó.

• Recordó que solo dos empresas accedieron a pruebas técnicas para calificar el rendimiento, funcionalidad, ciberseguridad, planes de contingencia, simulacros y otros aspectos. Datasys tuvo mejor calificación, por su experiencia y grado de madurez, según el TSE.
   
• República buscó la opinión de la magistrada Alfaro para conocer el porqué de su voto disidente y por qué no plasmó sus argumentos en un oficio o acta, tal como cuestiona el MP. Al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
   
• El 1 de septiembre, la Controlaría General de Cuentas informó al MP que estaba en proceso una auditoría en el TSE del 01/01/2023 al 31/12/2023, y otra auditoría de seguridad limitada solicitada por las autoridades de la CGC, del 01/01/2023 al 31/08/2023.