Para los miembros del partido Movimiento Semilla, el mayor de los riesgos detrás de las acciones legales del Ministerio Público (MP), que pretende cancelar el partido, es la revocatoria de las adjudicaciones de todos los cargos a elección popular que ganó la organización en las Elecciones Generales 2023.

Panorama general. Si la suspensión temporal de Semilla termina en cancelación, el problema será que los 23 diputados electos asumirán como congresistas sin partido en el Organismo Legislativo, requisito para desempeñar un cargo en Junta Directiva, presidir comisiones de trabajo, participar en la instancia de jefes de bloque, o integrar la Comisión de Derechos Humanos. 

• El fiscal de Semilla y diputado reelecto en el PARLACEN, Juan Gerardo Guerrero, menciona que de fondo hay otro asunto más grave: el rompimiento del orden constitucional, de no permitirles asumir el 14 de enero de 2024.
   
• Guerrero se ampara en el artículo 140 de la Constitución de la República, que establece que Guatemala “es un Estado libre, independiente y soberano… su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo”.
   
• También menciona el artículo 141: “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida”. Por lo tanto, según Guerrero, “los 2,442,718 guatemaltecos que eligieron al binomio le dan legalidad y legitimidad. Hacer lo opuesto es ir en contra de la república”. 

En perspectiva. Hasta ahora, Semilla ha presentado más de 28 acciones legales en el MP y judicaturas, la mayoría de ellas denegadas, por el “bloqueo total y la falta de acceso al expediente contra la organización política”, asegura Guerrero. 

• Las acciones van desde denuncias administrativas en contra del personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); amparos, debidas ejecutorias, aclaraciones y ampliaciones de resoluciones; una recusación, una inconstitucionalidad en caso concreto, un conflicto de competencia, una denuncia penal, una solicitud de antejuicio, una exhibición personal y una queja presentada en el despacho de la Fiscal General por las malas prácticas de la FECI, subraya el abogado de Semilla.
   
• Las más recientes son las dos apelaciones presentadas en el Registro de Ciudadanos (RC), en contra de la decisión del director de esa dependencia de suspender provisionalmente a Semilla. Se trata de un recurso de nulidad, el que cabe en época electoral, y un recurso de apelación, fuera de este periodo. “Optamos por ambos por la falta de certeza que hay en la conclusión del proceso electoral”, dijo Guerrero. 
   
• Sigue pendiente de resolverse el amparo presentado en la Sala Primera de Apelaciones Penal, en contra de la resolución del Juzgado Séptimo; la denuncia penal en contra del titular de la FECI, Rafael Curruchiche; la solicitud de antejuicio en contra del juez a cargo del proceso y la debida ejecutoria del amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad para proteger a Semilla hasta la conclusión del proceso electoral, “la cual el director del RC obvió y se extralimitó en sus funciones”, considera Guerrero. 

¿Ahora qué? Guerrero critica la labor del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia (Gestión Penal), ya que habiendo otros juzgados, las solicitudes de la FECI “las conocen dos juzgados: el Séptimo y el Décimo”.

• Cuestiona la audiencia unilateral que realizó el Juzgado Séptimo y de la que únicamente tuvieron acceso al audio. La justificación para la suspensión de Semilla y los allanamientos que le precedieron duró menos de un minuto, según la fuente.
   
• No descarta continuar denunciado el “abuso de poder” y el “prevaricato” a través de más amparos y solicitudes de antejuicio. “Aparentemente, no somos sujetos procesales, pero sí perseguidos, sin derecho de defensa y castigados como culpables”, puntualiza.