La sujeción a la ley –el principio de legalidad– por parte de autoridades, funcionarios y empleados públicos es indispensable. Es por ello por lo que las normas constitucionales son tan difíciles de modificar, para que quienes ostentan temporalmente el poder no ajusten las reglas del juego a su favor.
El 30 de enero de este año, el pleno del Congreso conoció la iniciativa 6300 presentada por la diputada Sonia Gutiérrez Raguay y compañeros, que pretende modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el que dispone el procedimiento y causal para la destitución del Fiscal General. Dicha norma fue introducida en las modificaciones a esa ley en 2016 para proteger a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, de una posible antojadiza remoción presidencial. Uno de los diputados ponentes de la iniciativa 6300 es Walter Félix quien, en 2106, votó a favor de las reformas que ahora pretende revertir.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo prohíbe que diputados independientes integren Junta Directiva o presidan comisiones de trabajo. Ahora, en este primer año de la X legislatura, esa norma afecta a los diputados oficialistas. El diputado elegido por Semilla, Raúl Barrera, afirmó en un programa radial que es intención del oficialismo remover, mediante una reforma legal, esa restricción que les afecta.
El derecho es evolutivo y la legislación debe reflejar esos cambios de paradigma, pero la modificación de leyes de manera casuística y con motivo de beneficio particular son anti-republicanas. Que ahora el oficialismo se disponga a modificar esas dos normas no obedece a evolución jurídica alguna, sino a que ahora les afecta a los diputados elegidos por Semilla y al presidente.
La sujeción a la ley –el principio de legalidad– por parte de autoridades, funcionarios y empleados públicos es indispensable. Es por ello por lo que las normas constitucionales son tan difíciles de modificar, para que quienes ostentan temporalmente el poder no ajusten las reglas del juego a su favor.
El 30 de enero de este año, el pleno del Congreso conoció la iniciativa 6300 presentada por la diputada Sonia Gutiérrez Raguay y compañeros, que pretende modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el que dispone el procedimiento y causal para la destitución del Fiscal General. Dicha norma fue introducida en las modificaciones a esa ley en 2016 para proteger a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, de una posible antojadiza remoción presidencial. Uno de los diputados ponentes de la iniciativa 6300 es Walter Félix quien, en 2106, votó a favor de las reformas que ahora pretende revertir.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo prohíbe que diputados independientes integren Junta Directiva o presidan comisiones de trabajo. Ahora, en este primer año de la X legislatura, esa norma afecta a los diputados oficialistas. El diputado elegido por Semilla, Raúl Barrera, afirmó en un programa radial que es intención del oficialismo remover, mediante una reforma legal, esa restricción que les afecta.
El derecho es evolutivo y la legislación debe reflejar esos cambios de paradigma, pero la modificación de leyes de manera casuística y con motivo de beneficio particular son anti-republicanas. Que ahora el oficialismo se disponga a modificar esas dos normas no obedece a evolución jurídica alguna, sino a que ahora les afecta a los diputados elegidos por Semilla y al presidente.