La actividad política se ha desprestigiado en Guatemala. Verdad de Perogrullo, sin embargo, es importante no solo recalcarlo las veces que sean necesarias, sino que abordar sus posibles causas y efectos.
Si la política es el arte de lo posible, en el país no está siendo posible la política. En ningún lugar eso es más patente que en el Congreso que, más que parlamento, es un campo de batalla en donde, cada vez más, se busca controlar una mayoría para empujar la agenda del grupo dominante –además de obtener privilegios– en lugar de buscar legislar para el bien común.
En lo que va del año, el diputado Allan Rodríguez –y compañeros– han interpuesto una serie de acciones legales en contra de los diputados electos por Semilla. Vale decir que dichas acciones han sido acogidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) que ha tenido que resolver algo que, en principio, no le corresponde. Que el grupo identificado como el pacto oficialista no haya reconocido que, guste o no, la personalidad jurídica de Semilla está suspendida y que por lo tanto no puede integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones, es un problema político, pero también ético. Que participar en la instancia de Jefes de Bloque no corresponda la participación de diputados independientes, también. A pesar de ello, lo avalaron y la CC tuvo que intervenir.
El más reciente episodio de esa pugna es que el diputado Samuel Pérez denuncia al expresidente Rodríguez por haber construido un “búnker” contiguo a la oficina de la presidencia del Legislativo –más allá de su futilidad– sin los permisos necesarios.
Pero las pugnas políticas –y que se pretenden resolver judicialmente– no solo se han dado entre diputados y políticos de diferentes partidos. Como ya ha sucedido en el pasado, la Unidad Nacional de la Esperanza pasa por un cisma interno que, en lugar de resolverse políticamente, ahora trasciende al ámbito judicial. Otro caso es el de la pugna entre la diputada Nadia De León del partido Nosotros y los ahora separados de la agrupación, Vivian Preciado y Rudy Pereira. La discusión –y resolución– de los conflictos entre políticos, sobre todo los político partidarios, llegan a la cortes por la incapacidad de los propios políticos.
La actividad política se ha desprestigiado en Guatemala. Verdad de Perogrullo, sin embargo, es importante no solo recalcarlo las veces que sean necesarias, sino que abordar sus posibles causas y efectos.
Si la política es el arte de lo posible, en el país no está siendo posible la política. En ningún lugar eso es más patente que en el Congreso que, más que parlamento, es un campo de batalla en donde, cada vez más, se busca controlar una mayoría para empujar la agenda del grupo dominante –además de obtener privilegios– en lugar de buscar legislar para el bien común.
En lo que va del año, el diputado Allan Rodríguez –y compañeros– han interpuesto una serie de acciones legales en contra de los diputados electos por Semilla. Vale decir que dichas acciones han sido acogidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) que ha tenido que resolver algo que, en principio, no le corresponde. Que el grupo identificado como el pacto oficialista no haya reconocido que, guste o no, la personalidad jurídica de Semilla está suspendida y que por lo tanto no puede integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones, es un problema político, pero también ético. Que participar en la instancia de Jefes de Bloque no corresponda la participación de diputados independientes, también. A pesar de ello, lo avalaron y la CC tuvo que intervenir.
El más reciente episodio de esa pugna es que el diputado Samuel Pérez denuncia al expresidente Rodríguez por haber construido un “búnker” contiguo a la oficina de la presidencia del Legislativo –más allá de su futilidad– sin los permisos necesarios.
Pero las pugnas políticas –y que se pretenden resolver judicialmente– no solo se han dado entre diputados y políticos de diferentes partidos. Como ya ha sucedido en el pasado, la Unidad Nacional de la Esperanza pasa por un cisma interno que, en lugar de resolverse políticamente, ahora trasciende al ámbito judicial. Otro caso es el de la pugna entre la diputada Nadia De León del partido Nosotros y los ahora separados de la agrupación, Vivian Preciado y Rudy Pereira. La discusión –y resolución– de los conflictos entre políticos, sobre todo los político partidarios, llegan a la cortes por la incapacidad de los propios políticos.