La seguridad fue una de las promesas de campaña del actual Gobierno, pero una evaluación a mitad de período parece evidenciar un estancamiento. Un estudio presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) cuestiona si la seguridad está siendo priorizada como política pública.
Los indicadores presentados por el centro evidencian que, del año 2012 al 2013, hubo cuatro tipo de delitos que incrementaron su cifra (con datos de la Policía Nacional Civil): Homicidios (5,253 en el 2013), extorsión (7,553), robo de motocicletas (5,655) y robo a viviendas (2,763). Otros cuatro se redujeron, aunque sus cifras siguen siendo significativamente altas: Secuestros (507 en el 2013), robo a peatones (1,791), robo de vehículos (5,769), y robo de furgones (325).
Generalmente existe un vacío de información para contrastar los datos con la realidad guatemalteca, relacionada ésta con la “cifra negra” o las denuncias no presentadas, y que no se registran en las bases de datos oficiales. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, la tasa de denuncias que reciben las policías, en el mejor de los casos, es del 50% (tal y como ocurre en países como Estados Unidos y Canadá). Lo anterior podría evidenciar que las cifras oficiales podrían incluso ser mayores en la realidad.
Para Nestor López, investigador en materia de Prevención, “aún no se cuenta con una política pública de prevención al delito como prioridad de Estado” y tampoco existe un sistema de monitoreo y evaluación. Las acciones del Gobierno representan esfuerzos aislados, indicó. Un ejemplo planteado por el investigador Francisco Quezada es que el 80% de las sedes policiales se encuentran en regular o mal estado. También se mencionó que las prácticas de compras por excepción en el sistema de seguridad son malas prácticas que debilitan la institucionalidad.
Otro ejemplo del estancamiento en materia de seguridad, particularmente penitenciaria, lo evidencia el crecimiento sostenido de los privados de libertad en los últimos cinco años y el nulo avance en materia de espacios carcelarios. Según datos del CIEN, para el año 2013, la población carcelaria creció a 16,887 (en el 2008, era de 8,204). En tanto los espacios carcelarios se cuantifican en 6,412, una cifra que se ha mantenido casi invariable en el mismo período.
Aunque no se abordó el rol del Consejo Nacional de Seguridad y del Sistema de Inteligencia, el CIEN hizo un llamado para crear marcos institucionales y fortalecer la rendición de cuentas desde una visión estratégica sobre seguridad ciudadana para que el tema sea considerado una prioridad nacional.
La seguridad fue una de las promesas de campaña del actual Gobierno, pero una evaluación a mitad de período parece evidenciar un estancamiento. Un estudio presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) cuestiona si la seguridad está siendo priorizada como política pública.
Los indicadores presentados por el centro evidencian que, del año 2012 al 2013, hubo cuatro tipo de delitos que incrementaron su cifra (con datos de la Policía Nacional Civil): Homicidios (5,253 en el 2013), extorsión (7,553), robo de motocicletas (5,655) y robo a viviendas (2,763). Otros cuatro se redujeron, aunque sus cifras siguen siendo significativamente altas: Secuestros (507 en el 2013), robo a peatones (1,791), robo de vehículos (5,769), y robo de furgones (325).
Generalmente existe un vacío de información para contrastar los datos con la realidad guatemalteca, relacionada ésta con la “cifra negra” o las denuncias no presentadas, y que no se registran en las bases de datos oficiales. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA, la tasa de denuncias que reciben las policías, en el mejor de los casos, es del 50% (tal y como ocurre en países como Estados Unidos y Canadá). Lo anterior podría evidenciar que las cifras oficiales podrían incluso ser mayores en la realidad.
Para Nestor López, investigador en materia de Prevención, “aún no se cuenta con una política pública de prevención al delito como prioridad de Estado” y tampoco existe un sistema de monitoreo y evaluación. Las acciones del Gobierno representan esfuerzos aislados, indicó. Un ejemplo planteado por el investigador Francisco Quezada es que el 80% de las sedes policiales se encuentran en regular o mal estado. También se mencionó que las prácticas de compras por excepción en el sistema de seguridad son malas prácticas que debilitan la institucionalidad.
Otro ejemplo del estancamiento en materia de seguridad, particularmente penitenciaria, lo evidencia el crecimiento sostenido de los privados de libertad en los últimos cinco años y el nulo avance en materia de espacios carcelarios. Según datos del CIEN, para el año 2013, la población carcelaria creció a 16,887 (en el 2008, era de 8,204). En tanto los espacios carcelarios se cuantifican en 6,412, una cifra que se ha mantenido casi invariable en el mismo período.
Aunque no se abordó el rol del Consejo Nacional de Seguridad y del Sistema de Inteligencia, el CIEN hizo un llamado para crear marcos institucionales y fortalecer la rendición de cuentas desde una visión estratégica sobre seguridad ciudadana para que el tema sea considerado una prioridad nacional.