En vivo: Audiencia pública del juez Miguel Ángel Gálvez

Cuando una persona es capturada la ley establece que debe ser presentada ante un juez que valora los indicios de la parte acusadora y decide si es procesada y bajo qué delitos. Si es "ligada a proceso", como dicen los abogados, el juzgador resuelve enviarla a prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra o le concede arresto domiciliar.

No existe otro procedimiento legal. Pero en Guatemala algunos jueces enviaron a la cárcel a detenidos aplicando la "prisión provisional" sin previo resolver la situación legal de los apresados, es decir, sin determinar si debían o no ser procesados.

Uno de los jueces que dejó en "prisión provisional" a muchos detenidos fue Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B. Ya que esta condición no figura en el Código Procesal Penal, se presentó una denuncia penal contra el juzgador y debido a que goza de antejuicio, se tramitó la petición para quitarle la protección para investigarlo.

Por cuatro delitos

La solicitud de antejuicio fue planteada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que consideró que había indicios para investigar al juez, y procedió a dar trámite a la petición. Se nombró a juez pesquisidor que debe escuchar al Ministerio Público y al señalado, para luego sugerir a la CSJ si procede o no levantar el antejuicio.  

Pero este paso no se ha cumplido porque el juez Gálvez planteó acciones legales contra la decisión de la Corte Suprema Justicia. Acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) y solicitó un amparo. Los magistrados rechazaron la petición, pero de nuevo el juzgador planteó otro amparo que está pendiente de resolverse.

Antes de resolver, la CC realizó este lunes 19 de septiembre una audiencia pública en la que hablaron Gálvez, el Ministerio Público y la Fundación contra el Terrorismo, la entidad que planteó la denuncia y es querellante adhesivo en el caso.

El juez Gálvez es señalado de cometer cuatro delitos, según Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo.

• Abuso de autoridad
• Incumplimiento de deberes
• Prevaricato
• Detenciones ilegales con causas agravantes “en forma continua”.

Con apoyo de la CICIG 

Según el abogado Falla, el juez Gálvez resolvió bajo esta figura de "prisión provisional" bajo pedido de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Algunas personas permanecieron en esa condición durante varios meses, violando sus derechos garantizados en la Constitución, subrayó el profesional

Durante estos procedimientos el juez Gálvez no permitía hablar a los detenidos y solo daba sus opiniones sobre el caso para luego enviarlos a "prisión provisional", sin respetar el derecho de defensa, comentó Falla. También cuestionó el proceder de los directores de los centros carcelarios porque recibieron a personas sin contar con el oficio de prisión preventiva, debido a que "prisión provisional" no existe.

La CC cuenta ahora con los puntos de vista del juez Gálvez, la fiscalía y los querellantes adhesivos para resolver el amparo. En caso la resolución fuera un nuevo revés contra el juez, podría seguir planteando amparos para detener el proceso, pero en ese caso, Falla indicó que podrían plantear una nueva denuncia por delitos como retardo malicioso y obstrucción de la justicia.