Invasiones espantan el turismo y las inversiones en el municipio de El Estor
Mario Izaguirre lamenta cómo las invasiones y bloqueos afectan el turismo y cualquier intento de inversión en el municipio de El Estor, Izabal.
“La Fundación Guillermo Toriello ha estado muy fuerte en la zona, Jorge Macías (sobrino del exlíder guerrillero Cesar Montes) heredó el negocio de la Fundación. Este ya es un problema de crimen organizado”, comenta Mario Izaguirre luego de contar su historia.
Mario no es propietario de una finca invadida, pero al igual que en el caso de Violeta, la conflictividad y la falta de presencia del Estado en El Estor, lo ha orillado a la bancarrota. Él es el dueño de un turicentro con maravillas naturales al que antes llegaban yates los fines de semana. Calcular sus pérdidas es muy complicado, pero lo que sí puede concluir es que el turismo ya no puede ser su fuente de sustento.
Según comenta Izaguirre, hay oenegés que han llegado a aprovecharse del desconocimiento y el hambre de las personas. Agrega que la Defensoría Q'eqchi' y la Fundación Guillermo Toriello se aliaron con intereses de políticos implicados en asuntos de narcoactividad y crimen organizado.
Considera que estas organizaciones engañan a muchas personas porque por ejemplo, su familia es propietaria de terrenos desde hace más de 100 años y defienden su propiedad porque fue adquirida de manera legal. Las invasiones y bloqueos no le han permitido desarrollar nuevas inversiones porque nadie quiere establecer negocios en el municipio, asegura Izaguirre.
Procesos legales no avanzan
Al analizar la información estadística del Ministerio Público, se evidencia una falta de eficiencia y de eficacia denunciada por los afectados.
De los municipios del Valle del Polochic, El Estor y Panzós son los dos municipios más afectados con denuncias por delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años, con un total para cada uno de 83 denuncias. El problema radica en que, a nivel del Valle del Polochic, en el año 2016 no se cerró ningún caso, en tanto que en 2017 y 2018 se cerraron siete procesos, mientras que en 2019 y 2020 solamente dos.
Al hacer una estimación, los datos estadísticos del Ministerio Público indican que en el 2016, por cada 100 denuncias en el Valle del Polochic por delitos contra la propiedad inmueble, no se cerró ninguna. En 2017, por cada 100 denuncias se cerraron nueve casos y en 2018, 12. Sin embargo, en 2019 y 2020 el número vuelve a caer, con tres y cuatro casos cerrados por cada 100 denuncias presentadas en el Valle del Polochic.
Estas cifras implican una clara inacción por parte del sistema de justicia integral que ha llevado a las personas violentadas a vivir en un estado de completa indefensión, pues la ausencia de Estado no les permite garantizar sus derechos humanos básicos.
Los asuntos pendientes
Luego de haber visitado y confirmado de primera mano la situación en El Estor, quedan más dudas que respuestas. Sería importante lograr determinar por qué en El Estor, siendo un municipio tan conflictivo, el Estado no ha priorizado una política de seguridad en el área.
Asimismo, si existe un problema de usurpaciones de tal escala en la región, es cuestionable la inexistencia de una política criminal efectiva que permita ejecutar los desalojos de manera efectiva y procesar a quienes cometen estos delitos.
La escalada de violaciones al derecho humano de propiedad no se detiene en El Estor por lo que identificar a los promotores de las usurpaciones y la proveniencia del financiamiento para estas actividades criminales deben ser una prioridad. Los motivos argüidos en la mayoría de los casos por los usurpadores consisten en reclamos de derechos ancestrales, sin embargo, sería importante determinar la legitimidad, fundamento y origen de estos reclamos.
Identificar a El Estor como un municipio conflictivo en el que el crimen organizado, el narcotráfico y algunas organizaciones locales han generado un estado de completa ingobernabilidad se ha convertido en la norma, pero la gran pregunta es: ¿Qué sería de El Estor si la conflictividad estuviera bajo control e imperara el respeto a las leyes y al derecho humano de propiedad?
Invasiones espantan el turismo y las inversiones en el municipio de El Estor
Mario Izaguirre lamenta cómo las invasiones y bloqueos afectan el turismo y cualquier intento de inversión en el municipio de El Estor, Izabal.
“La Fundación Guillermo Toriello ha estado muy fuerte en la zona, Jorge Macías (sobrino del exlíder guerrillero Cesar Montes) heredó el negocio de la Fundación. Este ya es un problema de crimen organizado”, comenta Mario Izaguirre luego de contar su historia.
Mario no es propietario de una finca invadida, pero al igual que en el caso de Violeta, la conflictividad y la falta de presencia del Estado en El Estor, lo ha orillado a la bancarrota. Él es el dueño de un turicentro con maravillas naturales al que antes llegaban yates los fines de semana. Calcular sus pérdidas es muy complicado, pero lo que sí puede concluir es que el turismo ya no puede ser su fuente de sustento.
Según comenta Izaguirre, hay oenegés que han llegado a aprovecharse del desconocimiento y el hambre de las personas. Agrega que la Defensoría Q'eqchi' y la Fundación Guillermo Toriello se aliaron con intereses de políticos implicados en asuntos de narcoactividad y crimen organizado.
Considera que estas organizaciones engañan a muchas personas porque por ejemplo, su familia es propietaria de terrenos desde hace más de 100 años y defienden su propiedad porque fue adquirida de manera legal. Las invasiones y bloqueos no le han permitido desarrollar nuevas inversiones porque nadie quiere establecer negocios en el municipio, asegura Izaguirre.
Procesos legales no avanzan
Al analizar la información estadística del Ministerio Público, se evidencia una falta de eficiencia y de eficacia denunciada por los afectados.
De los municipios del Valle del Polochic, El Estor y Panzós son los dos municipios más afectados con denuncias por delitos contra la propiedad inmueble en los últimos cinco años, con un total para cada uno de 83 denuncias. El problema radica en que, a nivel del Valle del Polochic, en el año 2016 no se cerró ningún caso, en tanto que en 2017 y 2018 se cerraron siete procesos, mientras que en 2019 y 2020 solamente dos.
Al hacer una estimación, los datos estadísticos del Ministerio Público indican que en el 2016, por cada 100 denuncias en el Valle del Polochic por delitos contra la propiedad inmueble, no se cerró ninguna. En 2017, por cada 100 denuncias se cerraron nueve casos y en 2018, 12. Sin embargo, en 2019 y 2020 el número vuelve a caer, con tres y cuatro casos cerrados por cada 100 denuncias presentadas en el Valle del Polochic.
Estas cifras implican una clara inacción por parte del sistema de justicia integral que ha llevado a las personas violentadas a vivir en un estado de completa indefensión, pues la ausencia de Estado no les permite garantizar sus derechos humanos básicos.
Los asuntos pendientes
Luego de haber visitado y confirmado de primera mano la situación en El Estor, quedan más dudas que respuestas. Sería importante lograr determinar por qué en El Estor, siendo un municipio tan conflictivo, el Estado no ha priorizado una política de seguridad en el área.
Asimismo, si existe un problema de usurpaciones de tal escala en la región, es cuestionable la inexistencia de una política criminal efectiva que permita ejecutar los desalojos de manera efectiva y procesar a quienes cometen estos delitos.
La escalada de violaciones al derecho humano de propiedad no se detiene en El Estor por lo que identificar a los promotores de las usurpaciones y la proveniencia del financiamiento para estas actividades criminales deben ser una prioridad. Los motivos argüidos en la mayoría de los casos por los usurpadores consisten en reclamos de derechos ancestrales, sin embargo, sería importante determinar la legitimidad, fundamento y origen de estos reclamos.
Identificar a El Estor como un municipio conflictivo en el que el crimen organizado, el narcotráfico y algunas organizaciones locales han generado un estado de completa ingobernabilidad se ha convertido en la norma, pero la gran pregunta es: ¿Qué sería de El Estor si la conflictividad estuviera bajo control e imperara el respeto a las leyes y al derecho humano de propiedad?