La falta de capacidad del Organismo Judicial (OJ) para atender los procesos con numerosos sindicados, la mora judicial y el incumplimiento de los plazos procesales, son al menos tres factores que contribuyen a que los jueces envíen a prisión provisional –ilegal– a muchos capturados en Guatemala.   La figura que contempla el Código Procesal Penal es la de prisión preventiva, no provisional. 

Perspectiva. La prisión provisional es la que guarda el capturado hasta que termina su audiencia de primera declaración, en donde se debe resolver su situación jurídica. El tiempo que pueden pasar los detenidos en esa ilegal situación ha llegado a ser de varias semanas.  

• Aunque el tema, según abogados y expertos, ha existido desde hace años, se hizo visible en 2015. En esa época surgen los mega casos de corrupción con acompañamiento de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIC).  
• Entre esos casos destacan: La Línea, La Coperacha, Cooptación del Estado, entre otros. Más recientemente en casos como el denominado “Toma USAC: Botín Político”.  

Voces (I). Otto José Paz Kroll, exrelator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, explicó que la medida es más recurrente en los departamentos y son más visibles en Guatemala con casos mediáticos.  

• “Ese tipo de prisión no lo contempla el ordenamiento jurídico. Es más recurrente en el área rural porque no hay controles de supervisión en los juzgados por parte del OJ, hay jueces que tiene asignados varias sedes judiciales, los abogados son amigos de los jueces y por temor no denuncian a la supervisión”, aseveró.  
• Recordó que durante la pandemia un grupo de migrantes fue detenido y trasladado a una cárcel de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Marcos. Estuvieron en prisión a la espera de la audiencia de primera declaración por casi dos meses.  
• El exrelator añadió que con el uso de esa medida se incurre en detenciones ilegales y la violación del debido proceso (incumplimiento de los plazos procesales, retraso en la justicia). Además de los daños psicológicos del privado de libertad, los familiares y amigos y los económicos por las talachas (pagos ilegales que cobran en las prisiones).  

Voces (II). El Centro de Investigaciones de Económicas Nacionales (CIEN) coincidió que la figura cobró notoriedad con los casos de mayor riesgo y procesos con numerosos sindicados: Cooptación del Estado y uno de los más recientes, casos de extorsionistas. 

• “El tema siempre ha existido, pero se hizo visible en 2015 durante la CICIG. Considero que es un problema estructural. Urge que se discuta esa problemática para cumplir con los plazos constitucionales y no se vulnere el derecho de las personas. No podría decir que, aumentado los casos de prisión provisional, pero definitivamente esa práctica se ha dado en casos mediáticos”, detalló Corinne Dedik, experta del CIEN.  
• Para Gerardo Villamar Ramírez, titular de la Defensoría de las Personas Privados de Libertad de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), durante las supervisiones que hacen en las cárceles confirmaron que la prisión provisional persiste.  
• “A todos los casos se les da acompañamiento para velar que se respeten los derechos humanos del sindicado, siempre se respeta el trabajo procesal. Muchos de los casos por estos abusos se toman de redes sociales, otros son denunciados por familiares o amigos y en algunos casos los abogados”, agregó.  

En conclusión. De acuerdo con los expertos el tema de la prisión provisional es recurrente a pesar de que no existe en la norma guatemalteca, es más frecuente en el área rural del país por la falta de controles por el mismo OJ.  

Los expertos coincidieron en que urgen los controles de la supervisión del Consejo de la Carrera Judicial. No hace falta crear nuevas leyes, sino hacer cumplir las existentes y capacitar a los jueces sobre el tema. Reiteraron que se debe cumplir con el artículo 9 de la Constitución.