El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina declara en el juicio por el caso La Línea, en el que también está procesada la exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota, así como personas particulares.

Pérez Molina inició su defensa señalando que durante su gestión una de las preocupaciones fue combatir la defraudación en las aduanas, y por ello decidió intervenir esta dependencia para elevar la recaudación tributaria.

El exfuncionario acompañó sus planteamientos con una presentación en la cual detalla quiénes participaron en las reuniones para establecer el plan contra estructuras criminales dentro de las aduanas. Aseguró que los resultados fueron favorables para el fisco y las personas nombradas fueron profesionales que cumplieron con su trabajo para mejorar la captación de impuestos.

El caso contra Pérez Molina y Roxana Baldetti

El caso llamado La Línea inició en abril de 2015 con la captura de funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Las primeras escuchas telefónicas dejaron entrever que detrás de esta estructura podrían estar las más altas autoridades del país, según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En estos operativos fueron capturadas 28 personas acusadas de los delitos asociación ilícita, de caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. 

Tras la captura de la exvicepresidenta Baldetti, y la solicitud de antejuicio contra Pérez Molina, la CICIG emitió el siguiente comunicado donde expuso los indicios contra los exgobernantes.

"Luego de los allanamientos efectuados en la primera etapa de la investigación se localizaron documentos que revelaban que existían unas relaciones cercanas entre el Presidente Pérez Molina y la ex Vicepresidenta Baldetti Elías con integrantes de la organización criminal, relacionadas con administración de negocios y temas financieros".

“Por ejemplo encontrar en unas de estas oficinas un plan de venta en el que se especifica que el cliente es el presidente Otto Pérez Molina, relacionada a la adquisición de un inmueble o cotizaciones para blindajes de vehículos particulares a nombre del presidente, los cuales fueron entregados a Juan Carlos Monzón”, explicó Iván Velásquez, jefe de la CICIG.

"También se hallaron cheques a favor de Baldetti Elías en la oficina de Salvador Estuardo González, alias Eco (capturado), y facturas a nombre de la ex vicepresidenta y de su esposo Mariano Paz".

"Además se tuvo acceso a unas tablas de control de cobros de la organización, en las cuales se detallan quién era el consignatario, póliza, tipo de mercadería y la distribución de los sobornos que se realizaban a los integrantes de la organización, entre ellos Juan Carlos Monzón, (prófugo) y Salvador Estuardo González, que son identificados en los documentos como JC, MCJ, EGE y AGE, respectivamente".

"En otro de los documentos localizados, dirigido al presidente Pérez Molina, Salvador Estuardo González -quien no era funcionario público- le reporta de “las acciones que adelantó conforme a sus instrucciones y que se efectuó un diagnóstico para identificar las debilidades en la recaudación de los tributos aduaneros, derechos arancelarios a la importación y el Impuesto al Valor Agregado”.

"En este reporte también se especifica que las actividades que conlleve a la auditoría correspondiente podrían ser del conocimiento de la CICIG, derivado de que se reconocerían los esfuerzos del Gobierno para alcanzar las metas de recaudación”.

"El Comisionado señaló que luego de análisis de la información, y por las referencias que se hicieron en las escuchas telefónicas al 'uno' y a la 'dos' existen altas probabilidades que esto corresponde al presidente Pérez Molina y a la ex Vicepresidenta Baldetti. Hasta hoy hemos encontrado que en el organigrama de la estructura está -en el nivel superior- Juan Carlos Monzón y también el señor Presidente de la República y la señora Roxana Baldetti, puntualizó el Comisionado".