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El plan de la administración de Biden protegería a los inmigrantes de la deportación si denuncian abusos de empleadores

17 de octubre, 2021

La propuesta sería parte de un cambio hacia la búsqueda de empleadores que contraten inmigrantes sin autorización para trabajar en lugar de los propios empleados.

Washington. La administración Biden está considerando opciones para ofrecer protecciones de deportación a los inmigrantes que trabajan en el país sin autorización si denuncian a un empleador abusivo.

La idea está incluida en un memorando interno que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, envió al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Tae Johnson, en el que se describe el objetivo de la administración de perseguir a los empleadores que contratan inmigrantes sin autorización para trabajar, en lugar de a los propios empleados.

El memo le pide a Johnson, junto con los jefes de Aduanas y Protección Fronteriza y Servicios de Ciudadanía e Inmigración, desarrollar opciones de políticas en los próximos 60 días para llevar a cabo ese cambio en las prioridades de aplicación.

El departamento puede reducir la demanda de empleo ilegal, escribió Mayorkas en el memorando, al perseguir de manera más agresiva a los empleadores “sin escrúpulos” que se aprovechan de los inmigrantes en el país ilegalmente pagándoles salarios más bajos.

Esos empleadores, dijo Mayorkas en una entrevista, crean un mercado laboral injusto porque dificultan que las personas autorizadas a trabajar encuentren trabajos con salarios dignos. También pueden reducir injustamente el costo de sus productos, dijo.

“El mensaje es que los empleadores explotadores deben tener cuidado”, dijo Mayorkas.

Las empresas que simplemente emplean a inmigrantes no autorizados para trabajar, pero que les ofrecen salarios justos y condiciones de trabajo seguras no serían una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración, agregó.

Mayorkas vinculó los cambios con un conjunto más amplio de pautas que emitió a fines del mes pasado que restringen a ICE de arrestar o deportar a la mayoría de los inmigrantes, a menos que hayan cruzado la frontera recientemente o representen una seria amenaza para la seguridad pública.

Los trabajadores que desean denunciar a sus empleadores por robo de salario u otras infracciones suelen acudir al Departamento de Trabajo estatal o federal, que luego investiga las quejas. El Departamento de Trabajo puede entonces denunciar a los inmigrantes que trabajan ilegalmente a la ICE, a menos que se les indique que no lo hagan. 

La ICE generalmente inicia miles de investigaciones de cumplimiento de la ley de inmigración en el lugar de trabajo por año, incluidas más de 4,000 en 2020, según las estadísticas de la agencia.

La dirección política que describió Mayorkas se hace eco de esfuerzos similares de las administraciones de Clinton y Obama, aunque las nuevas políticas propuestas irían más allá de las administraciones anteriores para proteger a los trabajadores inmigrantes de la persecución.

Bajo el presidente Bill Clinton, el Servicio de Inmigración y Naturalización, un precursor del Departamento de Seguridad Nacional, acordó no intentar deportar a alguien que se presentó con una queja laboral.

La administración Obama dio un paso más, poniendo fin a las redadas de inmigración en los lugares de trabajo a favor de perseguir a los empleadores que cometen violaciones de inmigración.

El péndulo ha oscilado de un lado a otro entre los presidentes demócratas y republicanos. Bajo el presidente Donald Trump, la ICE aumentó significativamente las investigaciones en el lugar de trabajo, sobre todo en una redada en agosto de 2019 de varias plantas de pollos de Mississippi, cuando agentes federales arrestaron a unos 680 inmigrantes. Aproximadamente un tercio de los inmigrantes arrestados fueron deportados.

En 2019, la ICE abrió aproximadamente cuatro veces la cantidad de nuevas investigaciones en el lugar de trabajo en comparación con el último año de la administración Obama, incluso cuando la cantidad de empleadores arrestados por contratar inmigrantes no autorizados para trabajar disminuyó durante cada año de la administración Trump, según la data del gobierno. Los datos de los primeros meses de la administración de Biden aún no están disponibles.

En el pasado, los grupos empresariales han apoyado las políticas que reducen las redadas masivas en los lugares de trabajo.

Pero el énfasis de Mayorkas en buscar empleadores podría significar la introducción de nuevos estándares de cumplimiento, y ofrecer protección a los trabajadores para informar a sus empleadores podría actuar como un incentivo para más informes de este tipo.

Mayorkas dijo que el departamento consideraría la creación de nuevos requisitos de informes sobre los empleadores como parte de su revisión de políticas de 60 días.

Tamar Jacoby, copresidenta de Essential Worker Immigration Coalition, una colección de empresas y asociaciones comerciales que contratan trabajadores con salarios bajos, dijo que el memorando tiene la idea correcta al perseguir a los malos actores en lugar de a todos los empleadores. Pero, agregó, es probable que los empleadores se opongan a las políticas que motivan a los empleados a denunciarlas.

“Si le das a la gente un incentivo para perseguir a otras personas, no puede salir nada bueno de eso”, dijo.

Los republicanos generalmente favorecen las redadas en el lugar de trabajo, diciendo que sirven como advertencias para los empleadores y trabajadores que violan las leyes de inmigración. Los demócratas sostienen que tales operaciones implican principalmente a los trabajadores y rara vez dan lugar al enjuiciamiento de los empleadores.

En el caso de la redada de Mississippi, cuatro gerentes de dos plantas de procesamiento fueron acusados ​​un año después, aunque ninguno era un alto ejecutivo en ninguna de las dos plantas. Ninguno de esos gerentes ha ido todavía a juicio.

El cambio de la administración de Biden está en línea con su apoyo más amplio a los sindicatos, un electorado demócrata clave. En su plataforma de campaña, Biden vinculó directamente los derechos de los inmigrantes con el movimiento laboral, comprometiéndose a garantizar que “todos los trabajadores estén protegidos, puedan afiliarse a un sindicato y puedan ejercer sus derechos laborales, independientemente de su estatus migratorio, por la seguridad de todos los trabajadores”.

En el memorando del martes, Mayorkas dijo que el departamento volverá inmediatamente a una política de no llevar a cabo redadas a gran escala en el lugar de trabajo.

También describió dos formas en que la administración Biden debería ir más allá de los precedentes del pasado y ordenó a las agencias de inmigración que elaboren propuestas de políticas en un plazo de 60 días.

En el primero, ordenó a los principales funcionarios de políticas de inmigración que elaboren formas de motivar a los empleados inmigrantes que son víctimas o testigos de la explotación en el lugar de trabajo para que cooperen con las fuerzas del orden, potencialmente otorgándoles formas de protección contra la deportación conocidas como acción diferida o libertad condicional por presentarse. Ambos tipos de protección también darían derecho al inmigrante a un permiso de trabajo.

También pidió a los funcionarios que examinen si E-Verify, la herramienta en línea que los empleadores pueden usar para verificar el estado migratorio de un posible empleado, está siendo utilizada por los empleadores para tomar represalias contra los trabajadores que se quejan de salarios ilegalmente bajos o condiciones de trabajo inseguras.

Los defensores de los inmigrantes informan con frecuencia que algunos empleadores usan la herramienta como una forma de represalia contra los trabajadores que ya saben que no están autorizados legalmente para trabajar, y la amenaza de ingresarlos al sistema es suficiente para evitar que los trabajadores denuncien posibles violaciones.

—Jim Oberman contribuyó a este artículo.

Escriba a Michelle Hackman a [email protected]

Este artículo ha sido traducido del inglés por Noris Argotte Soto

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