El martes dos analistas de la agencia de riesgo Standard and Poor’s (S&P) concluyeron su visita en Guatemala, en la cual realizaron su evaluación anual.
El director de riesgo soberano en S&P, César M. Barceinas, conversó en exclusiva con República previo a regresar a México, en donde preparará, junto al economista Omar De la Torre, la calificación de riesgo para el país que se espera conocer a finales de octubre.
¿Cuáles son los pilares sobre los que se basa el análisis de S&P Global Ratings?
– La calificación mide distintos aspectos. La parte económica (desempeño y crecimiento económico), aspectos externos (importaciones, exportaciones, remesas), gasto del Gobierno (operativo y de inversión), inversión extranjera directa, fiscal (deuda, acreedores) y un componente institucional.
Fitch Rating se pronunció semanas atrás sobre las tensiones políticas en Guatemala desde 2015, ¿cuál es el análisis de S&P sobre este tema?
– No es un tema nuevo. Hemos seguido a Guatemala por muchos años y ya habíamos advertido, ahí están nuestros reportes. Claro que nos preocupa el tema de la estabilidad política. De hecho, el año pasado hemos bajado la nota de BB a BB-. La primer razón que mencionamos, en ese momento, fue que la recurrente inestabilidad política ya estaba teniendo un impacto negativo, en particular, en la tasa de crecimiento del país. Esto último, va de la mano con la capacidad mermada del Gobierno para hacer inversión en la obra pública.
¿Creen que afectó la lucha contra la corrupción?
– Al tener incertidumbre un poco en este énfasis en la transparencia y el combate a la corrupción, sí vemos que afectó la capacidad y la voluntad del Gobierno de llevar a cabo obras. Hubo cierto temor. Creo que hay cierto temor para ejecutar obra pública.
El Banco de Guatemala (Banguat) hizo meses atrás un ajuste a la baja del crecimiento para el 2018. ¿En su análisis lo tienen contemplado?
– Una parte importante de la calificación es la expectativa de todos los indicadores, tanto económicos, fiscales y monetarios, de los próximos tres años. Claro que tomamos en cuenta la opinión del banco central. Es una autoridad de referencia. Nosotros hacemos nuestro propios cálculos y es en el cual nos basamos para nuestra calificación. En 2017, consideramos que el país crecería un tres por ciento, pero cerró en 2.8 por ciento. Usamos varias fuentes, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), para hacer proyecciones de los próximos años.
¿Harían en el corto plazo un ajuste en las proyecciones de crecimiento para Guatemala?
– Esos lo que debemos regresar a hacer (a México). Nuestra función, con base a estas reuniones (de estos dos últimos días), y con la información actualizada, es regresar, y ahí hacer nuestra propias proyecciones de crecimiento. Usualmente, no varían de año a año. En el reporte, que se publicó en octubre de 2017, proyectamos un crecimiento alrededor del tres por ciento para 2018. No suele varias de un año a otro, de manera considerable.
Un recordatorio que hacen las calificadores de riesgo a Guatemala es el reto de elevar la carga tributaria, ¿volverá S&P a hacer recomendaciones sobre esto?
– Con la coyuntura actual, es difícil, y más cuando se acerca un año electoral, pensar que una reforma fiscal se pueda aprobar. Si no se aprueba una reforma, seguiremos viendo un nivel de recaudación en línea con los años anteriores, que es cerca al 11 del PIB. Eso hemos visto en la historia del país, sin reforma fiscal. Y eso ya incluye ciertas eficiencias en la SAT y avances por leyes. Sino hay una reforma, los niveles (recaudación de impuestos) se mantendrán como en los últimos años.
Se habló de que la suspensión del “secreto bancario” sería un retroceso en temas de transparencia fiscal o que se podría regresar a la lista de paraísos fiscales. ¿Usted qué opina?
– Regresar a la lista gris de paraísos fiscales de la OCDE tiene un efecto. Obviamente, en corresponsalías bancarias. Muchos bancos, sobre todo los originados en EE. UU., pueden no querer tener relaciones con banca local, si Guatemala está en la lista gris. Si, tiene un impacto, no hay duda.
En la última revisión bajaron la calificación al país. ¿Han encontrado mejoras un año después?
– Diría que sí. En general, se avanza por la vía correcta para ir subsanando las debilidades estructurales del país que tiene que ver con Estado de Derecho, regulación, tramitología o liberación de vías para construir carreteras. Todas esta jurisprudencia la dará confianza a los inversionistas en los próximos años. Como en las Alianzas Público Privadas (APP), se ha avanzado en los proyectos. Esperamos que, de la mano con una aceleración de la obra pública, que la empezamos a ver este año, en el 2019 el país retome un rumbo de crecimiento más acelerado, comparado al que hemos visto en años anteriores.
¿Qué diferencias ven, en comparación al 2017?
– A diferencia del año pasado, si bien el conflicto entre el Gobierno y la CICIG sigue vigente, y en eso no hemos visto mucho cambio, vemos una posición fiscal muy estable, con un nivel de endeudamiento muy moderado que no ha crecido, lo cual es una ventana de oportunidad. Es un impacto positivo para la calificación. En el lado económico, vemos cierta aceleración en la inversión pública. Vemos un escenario más estable en la parte económica este año y en adelante sigue habiendo un reto en la parte de estabilidad política. En 2019, con un proceso electoral, ayudará un poco a ser una válvula de escape. Es posible que en 2020 se tenga un ambiente más estable en la parte política.
Días atrás, el Gobierno nombró a Sergio Recinos como titular en el Banguat, cuando antes fungió como presidente en funciones, ¿cómo se analiza ese nombramiento?
– Es una persona que tiene más de 30 años en el Banguat. Es una personalidad reconocida. Se envía una señal correcta a los mercados. Porque el control de la inflación que ha realizado el banco, por sus propias herramientas, y las características internacionales, dan una señal positiva para la calificación.
El martes dos analistas de la agencia de riesgo Standard and Poor’s (S&P) concluyeron su visita en Guatemala, en la cual realizaron su evaluación anual.
El director de riesgo soberano en S&P, César M. Barceinas, conversó en exclusiva con República previo a regresar a México, en donde preparará, junto al economista Omar De la Torre, la calificación de riesgo para el país que se espera conocer a finales de octubre.
¿Cuáles son los pilares sobre los que se basa el análisis de S&P Global Ratings?
– La calificación mide distintos aspectos. La parte económica (desempeño y crecimiento económico), aspectos externos (importaciones, exportaciones, remesas), gasto del Gobierno (operativo y de inversión), inversión extranjera directa, fiscal (deuda, acreedores) y un componente institucional.
Fitch Rating se pronunció semanas atrás sobre las tensiones políticas en Guatemala desde 2015, ¿cuál es el análisis de S&P sobre este tema?
– No es un tema nuevo. Hemos seguido a Guatemala por muchos años y ya habíamos advertido, ahí están nuestros reportes. Claro que nos preocupa el tema de la estabilidad política. De hecho, el año pasado hemos bajado la nota de BB a BB-. La primer razón que mencionamos, en ese momento, fue que la recurrente inestabilidad política ya estaba teniendo un impacto negativo, en particular, en la tasa de crecimiento del país. Esto último, va de la mano con la capacidad mermada del Gobierno para hacer inversión en la obra pública.
¿Creen que afectó la lucha contra la corrupción?
– Al tener incertidumbre un poco en este énfasis en la transparencia y el combate a la corrupción, sí vemos que afectó la capacidad y la voluntad del Gobierno de llevar a cabo obras. Hubo cierto temor. Creo que hay cierto temor para ejecutar obra pública.
El Banco de Guatemala (Banguat) hizo meses atrás un ajuste a la baja del crecimiento para el 2018. ¿En su análisis lo tienen contemplado?
– Una parte importante de la calificación es la expectativa de todos los indicadores, tanto económicos, fiscales y monetarios, de los próximos tres años. Claro que tomamos en cuenta la opinión del banco central. Es una autoridad de referencia. Nosotros hacemos nuestro propios cálculos y es en el cual nos basamos para nuestra calificación. En 2017, consideramos que el país crecería un tres por ciento, pero cerró en 2.8 por ciento. Usamos varias fuentes, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), para hacer proyecciones de los próximos años.
¿Harían en el corto plazo un ajuste en las proyecciones de crecimiento para Guatemala?
– Esos lo que debemos regresar a hacer (a México). Nuestra función, con base a estas reuniones (de estos dos últimos días), y con la información actualizada, es regresar, y ahí hacer nuestra propias proyecciones de crecimiento. Usualmente, no varían de año a año. En el reporte, que se publicó en octubre de 2017, proyectamos un crecimiento alrededor del tres por ciento para 2018. No suele varias de un año a otro, de manera considerable.
Un recordatorio que hacen las calificadores de riesgo a Guatemala es el reto de elevar la carga tributaria, ¿volverá S&P a hacer recomendaciones sobre esto?
– Con la coyuntura actual, es difícil, y más cuando se acerca un año electoral, pensar que una reforma fiscal se pueda aprobar. Si no se aprueba una reforma, seguiremos viendo un nivel de recaudación en línea con los años anteriores, que es cerca al 11 del PIB. Eso hemos visto en la historia del país, sin reforma fiscal. Y eso ya incluye ciertas eficiencias en la SAT y avances por leyes. Sino hay una reforma, los niveles (recaudación de impuestos) se mantendrán como en los últimos años.
Se habló de que la suspensión del “secreto bancario” sería un retroceso en temas de transparencia fiscal o que se podría regresar a la lista de paraísos fiscales. ¿Usted qué opina?
– Regresar a la lista gris de paraísos fiscales de la OCDE tiene un efecto. Obviamente, en corresponsalías bancarias. Muchos bancos, sobre todo los originados en EE. UU., pueden no querer tener relaciones con banca local, si Guatemala está en la lista gris. Si, tiene un impacto, no hay duda.
En la última revisión bajaron la calificación al país. ¿Han encontrado mejoras un año después?
– Diría que sí. En general, se avanza por la vía correcta para ir subsanando las debilidades estructurales del país que tiene que ver con Estado de Derecho, regulación, tramitología o liberación de vías para construir carreteras. Todas esta jurisprudencia la dará confianza a los inversionistas en los próximos años. Como en las Alianzas Público Privadas (APP), se ha avanzado en los proyectos. Esperamos que, de la mano con una aceleración de la obra pública, que la empezamos a ver este año, en el 2019 el país retome un rumbo de crecimiento más acelerado, comparado al que hemos visto en años anteriores.
¿Qué diferencias ven, en comparación al 2017?
– A diferencia del año pasado, si bien el conflicto entre el Gobierno y la CICIG sigue vigente, y en eso no hemos visto mucho cambio, vemos una posición fiscal muy estable, con un nivel de endeudamiento muy moderado que no ha crecido, lo cual es una ventana de oportunidad. Es un impacto positivo para la calificación. En el lado económico, vemos cierta aceleración en la inversión pública. Vemos un escenario más estable en la parte económica este año y en adelante sigue habiendo un reto en la parte de estabilidad política. En 2019, con un proceso electoral, ayudará un poco a ser una válvula de escape. Es posible que en 2020 se tenga un ambiente más estable en la parte política.
Días atrás, el Gobierno nombró a Sergio Recinos como titular en el Banguat, cuando antes fungió como presidente en funciones, ¿cómo se analiza ese nombramiento?
– Es una persona que tiene más de 30 años en el Banguat. Es una personalidad reconocida. Se envía una señal correcta a los mercados. Porque el control de la inflación que ha realizado el banco, por sus propias herramientas, y las características internacionales, dan una señal positiva para la calificación.