El sector empresarial organizado manifestó que la Corte de Constitucionalidad (CC) suma 266 días sin resolver el caso de la Mina San Rafael, aunque sí ha conocido con celeridad otros casos, lo cual “acrecienta las dudas sobre la forma en que actúa la Corte”.
El proyecto minero lleva 378 días sin operar y la suspensión desde el 5 julio de 2017 le ha costado a la economía guatemalteca un 0.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), en el primer semestre del año.
“Ni los trabajadores cesantes, ni la economía del país, están en condiciones de seguir esperando a que la CC salga de su letargo”, manifestó Marco Augusto García Noriega, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
A nivel de empleo, que el proyecto fuera suspendido, representó que 500 familias perdieran una fuente de ingresos y otros 5 mil empleos indirectos desaparecieran. También que Q1.8 millardos no se percibieran, entre impuestos, regalías, pago de proveedores y salarios.
El Banco de Guatemala indicó que si concluye el tercer trimestre del año, y la CC no resuelve, el suspenso del proyecto restaría el 0.3 por ciento del PIB a la proyección de crecimiento en 2018.
La caída del sector minero, con casi nulas exportaciones, es una de las razones por las cuales el banco central ajustará en los próximos días las proyecciones de crecimiento económico para este año.
Según García Noriega, también es trágico un “sistema de justicia inerte”, en el cual el máximo rector de la Constitución de Guatemala (la Corte de Constitucionalidad) ha desafiado los plazos en ley y no ha emitido un pronunciamiento respecto a la suspensión de la mina San Rafael.
En el último año, en el cual, no ha operado la mina, la Corte ha resuelto amparos sobre el caso Bitkov, la interpelación de Jordán Rodas en el Congreso, reformas a Ley de Partidos Políticos, la elección del Contralor General, evitar la expulsión de Iván Velásquez del país y la consulta que realizó el Congreso relacionado al transfugismo, entre otros.
El silencio que ocasiona dudas
El presidente del Cacif anunció este miércoles que presentaron un memorial, en el cual se expone que la CC resolvió un amparo el 29 de mayo relacionado al caso del embajador de Suecia acreditado en Guatemala, Anders Kompass, cuando el expediente se presentó días antes.
“La resolución tan celera en el caso del embajador sueco, hace surgir ciertas dudas en cuanto al silencio CC en la emisión de sentencia en el caso de la Mina San Rafael (Expediente 4785-2017)”, expuso García Noriega.
El expediente contiene las acciones constitucionales relativas a la suspensión provisional de las operaciones de la mina. El amparo que ordenó la suspensión se otorgó en julio de 2017.
Es decir, ha transcurrido más de un año sin que la Corte emita un pronunciamiento, lo que ha provocado un impacto socio económico en los vecinos de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, donde se ubica el proyecto minero.
La inacción de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en este caso, ha generado que en otras ocasiones se solicite agilidad en la resolución del caso, por parte del CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la misma minera.
Al respecto, Juan Carlos Tefel, presidente de la CIG, indicó que en su momento se pidió información del caso, pero fue denegada. “Sometimos un memorial para pedir una aclaración, pero seguimos esperando”, dijo.
Solicitan información
En el memorial que hizo llegar a la Corte el Cacif, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitó seis peticiones, a la espera de que la Corte actué “con transparencia, y responda con precisión”, a lo solicitado.
“Guatemala necesita enviar mensajes claros mensajes de certeza jurídica en estos momentos, cuando la inversión y las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos se ven bajo una eminente amenaza”, concluyó el presidente del Cacif al indicar que la economía guatemalteca no llegará al tres por ciento de crecimiento durante 2018.
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El proyecto minero lleva 378 días sin operar y la suspensión desde el 5 julio de 2017 le ha costado a la economía guatemalteca un 0.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), en el primer semestre del año.
“Ni los trabajadores cesantes, ni la economía del país, están en condiciones de seguir esperando a que la CC salga de su letargo”, manifestó Marco Augusto García Noriega, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
A nivel de empleo, que el proyecto fuera suspendido, representó que 500 familias perdieran una fuente de ingresos y otros 5 mil empleos indirectos desaparecieran. También que Q1.8 millardos no se percibieran, entre impuestos, regalías, pago de proveedores y salarios.
El Banco de Guatemala indicó que si concluye el tercer trimestre del año, y la CC no resuelve, el suspenso del proyecto restaría el 0.3 por ciento del PIB a la proyección de crecimiento en 2018.
La caída del sector minero, con casi nulas exportaciones, es una de las razones por las cuales el banco central ajustará en los próximos días las proyecciones de crecimiento económico para este año.
Según García Noriega, también es trágico un “sistema de justicia inerte”, en el cual el máximo rector de la Constitución de Guatemala (la Corte de Constitucionalidad) ha desafiado los plazos en ley y no ha emitido un pronunciamiento respecto a la suspensión de la mina San Rafael.
En el último año, en el cual, no ha operado la mina, la Corte ha resuelto amparos sobre el caso Bitkov, la interpelación de Jordán Rodas en el Congreso, reformas a Ley de Partidos Políticos, la elección del Contralor General, evitar la expulsión de Iván Velásquez del país y la consulta que realizó el Congreso relacionado al transfugismo, entre otros.
El silencio que ocasiona dudas
El presidente del Cacif anunció este miércoles que presentaron un memorial, en el cual se expone que la CC resolvió un amparo el 29 de mayo relacionado al caso del embajador de Suecia acreditado en Guatemala, Anders Kompass, cuando el expediente se presentó días antes.
“La resolución tan celera en el caso del embajador sueco, hace surgir ciertas dudas en cuanto al silencio CC en la emisión de sentencia en el caso de la Mina San Rafael (Expediente 4785-2017)”, expuso García Noriega.
El expediente contiene las acciones constitucionales relativas a la suspensión provisional de las operaciones de la mina. El amparo que ordenó la suspensión se otorgó en julio de 2017.
Es decir, ha transcurrido más de un año sin que la Corte emita un pronunciamiento, lo que ha provocado un impacto socio económico en los vecinos de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, donde se ubica el proyecto minero.
La inacción de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en este caso, ha generado que en otras ocasiones se solicite agilidad en la resolución del caso, por parte del CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la misma minera.
Al respecto, Juan Carlos Tefel, presidente de la CIG, indicó que en su momento se pidió información del caso, pero fue denegada. “Sometimos un memorial para pedir una aclaración, pero seguimos esperando”, dijo.
Solicitan información
En el memorial que hizo llegar a la Corte el Cacif, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitó seis peticiones, a la espera de que la Corte actué “con transparencia, y responda con precisión”, a lo solicitado.
“Guatemala necesita enviar mensajes claros mensajes de certeza jurídica en estos momentos, cuando la inversión y las oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos se ven bajo una eminente amenaza”, concluyó el presidente del Cacif al indicar que la economía guatemalteca no llegará al tres por ciento de crecimiento durante 2018.
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