Diversas reacciones generó la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de cancelar la visas a once trabajadores de la CICIG y el plazo de 72 horas para abandonar Guatemala.
Por un lado el sector privado organizado manifestó que apoya las decisiones del Ejecutivo siempre que se mantengan dentro del marco de la ley. Asimismo, instituciones como la Asociación Amigos del País, también respaldan la decisión del Ejecutivo.
En tanto que la Procuraduría de Derechos Humanos consideró esta acción como un intento para “hostigar” e “intimidar” al personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
También hay pronunciamientos particulares como el de la familia del exministro Carlos Vielmann y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
CIG: “Se debe emponderar al MP”
Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que son respetuosos de las decisiones que tomen organizaciones del Estado, cuando están enmarcadas en la ley.
“Es potestad de la Cancillería revocar o no visas de extranjeros que estén laborando en Guatemala”, dijo Tefel.
Según el dirigente empresarial, la lucha contra la corrupción debe continuar y los guatemaltecos son responsables de sus acciones, por lo cual deben resolver los problemas que tiene el país.
“Se debe empoderar al MP para que continúe con las investigaciones. Tal como manda la decisión de Estado de transferir capacidades al la Fiscalía”, explicó Tefel.
Mientras tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), emitió un comunicado por medio del cual asegura que respeta “las decisiones que adoptan las instituciones y poderes del Estado, siempre que estén enmarcadas dentro del Estado de Derecho”.
Asimismo, también hubo pronunciamientos de personas particulares acerca de la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal el caso de la familia del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, quien respaldó al Ejecutivo porque considera que “los integrantes de la CICIG han corrompido” la justicia en Guatemala, “al punto de resquebrajarla”
Asociación Amigos del País apoya al Presidente
La Asociación Amigos del País emitió un comunicado por medio del cual respalda la decisión del Ejecutivo en relación a cancelar las visas de los trabajadores de la CICIG.
Es un intento por “hostigar” a la CICIG, según la PDH
Mientras tanto, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), por medio de un comunicado, también fijó su postura en relación con la cancelación de visas a personal de la CICIG.
La entidad que preside Jordan Rodas considera que con esta acción, el Ejecutivo pretenden debilitar el trabajo de la CICIG y obstaculizar investigaciones que vinculan al Presidente de la República y su familia.
Por aparte, la Organización No Gubernamental, Acción Ciudadana, presentó un memorial en la Corte de Constitucionalidad para que los magistrados se pronuncien acerca de si procede la destitución de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia.
Otro pronunciamiento particular lo realizó el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien lamentó la decisión del Ejecutivo porque según él, afecta el trabajo del Ministerio Público.
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En tanto que la Procuraduría de Derechos Humanos consideró esta acción como un intento para “hostigar” e “intimidar” al personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
También hay pronunciamientos particulares como el de la familia del exministro Carlos Vielmann y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
CIG: “Se debe emponderar al MP”
Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que son respetuosos de las decisiones que tomen organizaciones del Estado, cuando están enmarcadas en la ley.
“Es potestad de la Cancillería revocar o no visas de extranjeros que estén laborando en Guatemala”, dijo Tefel.
Según el dirigente empresarial, la lucha contra la corrupción debe continuar y los guatemaltecos son responsables de sus acciones, por lo cual deben resolver los problemas que tiene el país.
“Se debe empoderar al MP para que continúe con las investigaciones. Tal como manda la decisión de Estado de transferir capacidades al la Fiscalía”, explicó Tefel.
Mientras tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), emitió un comunicado por medio del cual asegura que respeta “las decisiones que adoptan las instituciones y poderes del Estado, siempre que estén enmarcadas dentro del Estado de Derecho”.
Asimismo, también hubo pronunciamientos de personas particulares acerca de la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal el caso de la familia del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, quien respaldó al Ejecutivo porque considera que “los integrantes de la CICIG han corrompido” la justicia en Guatemala, “al punto de resquebrajarla”
Asociación Amigos del País apoya al Presidente
La Asociación Amigos del País emitió un comunicado por medio del cual respalda la decisión del Ejecutivo en relación a cancelar las visas de los trabajadores de la CICIG.
Es un intento por “hostigar” a la CICIG, según la PDH
Mientras tanto, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), por medio de un comunicado, también fijó su postura en relación con la cancelación de visas a personal de la CICIG.
La entidad que preside Jordan Rodas considera que con esta acción, el Ejecutivo pretenden debilitar el trabajo de la CICIG y obstaculizar investigaciones que vinculan al Presidente de la República y su familia.
Por aparte, la Organización No Gubernamental, Acción Ciudadana, presentó un memorial en la Corte de Constitucionalidad para que los magistrados se pronuncien acerca de si procede la destitución de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia.
Otro pronunciamiento particular lo realizó el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien lamentó la decisión del Ejecutivo porque según él, afecta el trabajo del Ministerio Público.
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