La CICIG presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechazó in limine la solicitud de antejuicio presentada contra Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La solicitud de antejuicio fue presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), por supuesto financiamiento electoral ilícito de la UNE en las elecciones de 2015.
La petición de antejuicio incluye a los diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, Julio César Ixcamey Velásquez, Karina Alexandra Paz Rosales y Jorge Estuardo Vargas Morales.
Detalles del antejuicio
Este martes la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó la acción constitucional contra la resolución del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el rechazo a la solicitud de antejuicio.
En la petición de amparo, la CICIG remarca que no existe motivo para afirmar que la demanda de antejuicio presentada tiene motivaciones “espurias ni hay relación de situaciones irracionales o maliciosamente inventadas”.
“La denuncia que presentaron el MP y la CICIG relata hechos que se sustentan en evidencia legal, legítima, producto de actuación rigurosa, por profesionales y en respeto de la técnica y la ciencia”, explica la CICIG en un comunicado.
El documento agrega: “El amparo niega también que existan motivaciones políticas. Que un acto jurídico tenga implicaciones políticas, no significa que esté guiado y menos aun, fundamentado en dichas razones del mismo orden”.
Además, asegura que “la CICIG no es un partido ni organización política, regida por intereses sectoriales, partidistas o de poder electoral, sino una entidad que ejecuta la función de acompañamiento técnico al Ministerio Público en la investigación, denuncia y tramitación de casos”.
“No hay argumentos de peso para sostener que la demanda se realizó con base en argumentos ilegítimos, temerarios ni maliciosamente concebidos”
CICIG
Detalles del caso
La investigación reveló que la UNE utilizó las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El MP agregó que por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que por medio de esta entidades, se hizo llegar la aportación procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal a la SAT.
El dinero habría ingresado en la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de Maariv, S. A.
Los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó Q 3.4 millones a las cuentas de Maariv, S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., agrega la acusación.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban, se estableció la participación de una tercera entidad, representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE.
Además , la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa S.A.,vinculada con la familia del candidato vicepresidenciable, Mario Roberto Leal Castillo, añaden las autoridades.
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La solicitud de antejuicio fue presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), por supuesto financiamiento electoral ilícito de la UNE en las elecciones de 2015.
La petición de antejuicio incluye a los diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, Julio César Ixcamey Velásquez, Karina Alexandra Paz Rosales y Jorge Estuardo Vargas Morales.
Detalles del antejuicio
Este martes la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó la acción constitucional contra la resolución del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el rechazo a la solicitud de antejuicio.
En la petición de amparo, la CICIG remarca que no existe motivo para afirmar que la demanda de antejuicio presentada tiene motivaciones “espurias ni hay relación de situaciones irracionales o maliciosamente inventadas”.
“La denuncia que presentaron el MP y la CICIG relata hechos que se sustentan en evidencia legal, legítima, producto de actuación rigurosa, por profesionales y en respeto de la técnica y la ciencia”, explica la CICIG en un comunicado.
El documento agrega: “El amparo niega también que existan motivaciones políticas. Que un acto jurídico tenga implicaciones políticas, no significa que esté guiado y menos aun, fundamentado en dichas razones del mismo orden”.
Además, asegura que “la CICIG no es un partido ni organización política, regida por intereses sectoriales, partidistas o de poder electoral, sino una entidad que ejecuta la función de acompañamiento técnico al Ministerio Público en la investigación, denuncia y tramitación de casos”.
“No hay argumentos de peso para sostener que la demanda se realizó con base en argumentos ilegítimos, temerarios ni maliciosamente concebidos”
CICIG
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La investigación reveló que la UNE utilizó las empresas Maariv, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El MP agregó que por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que por medio de esta entidades, se hizo llegar la aportación procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal a la SAT.
El dinero habría ingresado en la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de Maariv, S. A.
Los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó Q 3.4 millones a las cuentas de Maariv, S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, para cambiar cheques emitidos por la entidad Maariv, S.A., agrega la acusación.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban, se estableció la participación de una tercera entidad, representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE.
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