La Corte de Constitucionalidad (CC), dio un plazo de ocho días a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para emitir un nuevo fallo en relación con el antejuicio promovido contra cuatro magistrados de esa institución.
“En ocho días la Corte Suprema de Justicia debe ser integrada como lo establece la Ley del Organismo Judicial y emitir un nuevo fallo conforme a la dotrina legal que ha sido establecida desde 1995 hasta 2019 y que es de observancia obligatoria”, indica el fallo de la Corte de Constitucionalidad.
El antejuicio contra los magistrados Francisco de Mata Vela, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Neftalí Aldana, fue promovido por el abogado Roberto Hernández, quien consideró ilegal el fallo emitido por la CC en el amparo promovido por el Ministerio Público (MP), en relación con el proceso de selección de abogados para integrar las nuevas Cortes de justicia del país.
De acuerdo con los magistrados señalados por el abogado Hernández, “la decisión de la CSJ es nula de pleno derecho, pues fue conformada arbitraria e ilegalmente, al incumplir el procedimiento legal en cuanto al orden de prelación de los magistrados llamados a integrar, como lo ordenan los artículos 77 y 78 de la Ley del Organismo Judicial”.
CC insiste en que los magistrados no pueden ser procesados
Asimismo, los magistrados insisten en que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, fue violentada con el fallo de la CSJ, pues existe una “prohibición expresa de entablar cualquier forma de persecución contra los magistrados de la CC por las opiniones que estos expresen en las resoluciones que emiten en ejercicio de sus cargos”.
“El Órgano conformado en forma viciada, emitió una decisión contraria a los precedentes legalmente dictados por la Corte Suprema de Justicia…”, y se citan algunos fallos anteriores.
“De haberse materializado la orden de la CSJ, se habría lesionado la institucionalidad y la finalidad de la Corte de Constitucionalidad, más allá de la esfera personal de los actuales magistrados constitucionales, cuya función es la defensa del orden constitucional”, indica la resolución de la CC.
Abogado cuestiona fallo de la CC
“Existe una violacion a garantías judiciales de jueces imparciales, en los se benefician antojadizamente y señalan que no se confomó legalmente la CSJ, pero es la propia Corte de Constitucionalidad la que indica que no es legal que se pronuncien sobre sus ilegalidades. Además resulta interesante que a las 20:50 horas, en un viernes, emitan una resolución y que no se pronuncien sobre mis argumentos”, indicó el abogado Hernández, quien promovió el antejuicio contra los cuatro magistrados.
“Es preocupante que digan que la CSJ no se integró legalmente y dejan en un vacío a los ciudadanos. Aún más, cuando se evidencian ilegalidades, rápido tratan de pasar a decir que sus órdenes son opiniones. Si son opiniones, no deben cumplirse las sentencias de la CC, porque son opiniones y rompen lo que señala el artículo 69 de la Ley de Amparo”, subrayó el jurista.
“Soy una persona apegada a derecho y respetaré la resolución aunque no me parezca, pero no dejaré de accionar contra ilegalidades sin importar que sean de la CC o de la corte divina“, enfatizó Hernańdez.
“Mis acciones son técnicas y apegadas a derecho, por ello es que fueron estimadas con razonabilidad en mi denuncia. Defenderé a mi gremio y a los guatemaltecos de atropellos de esta envergadura”, concluyó el abogado Roberto Hernández.
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El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
Investigación en manos del MP
Pero el Congreso de la República no envió a la Corte de Constitucionalidad (CC) el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra los cuatro magistrados de esa institución.
La Comisión Permanente del Legislativo volvió a entregar una copia del documento que contiene el proceso contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
El Congreso argumentó con anterioridad que el autoamparo que frenó el trámite de antejuicio es ilegal, por tanto dejaron a resguardo el expediente.
Pasada las 18:38 horas del lunes 29 de junio, solo remitieron la copia y un memorial donde exponen que se envió con anterioridad un documento donde explican por qué solo entregan copia certificada y legalizada.
Debido a ello, la CC pidió al MP investigar la actuación de la Comisión Permanente del Congreso. El caso ahora está en manos de la Fiscalía que tiene la denuncia del Congreso y la petición de la CC.
Debido a que tanto diputados como los magistrados gozan de inmunidad, el MP debe revisar si existen indicios de posibles irregularidades y solicitar un proceso de antejuicio contra los funcionarios que podrían haber violado la ley.
La Corte de Constitucionalidad (CC), dio un plazo de ocho días a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para emitir un nuevo fallo en relación con el antejuicio promovido contra cuatro magistrados de esa institución.
“En ocho días la Corte Suprema de Justicia debe ser integrada como lo establece la Ley del Organismo Judicial y emitir un nuevo fallo conforme a la dotrina legal que ha sido establecida desde 1995 hasta 2019 y que es de observancia obligatoria”, indica el fallo de la Corte de Constitucionalidad.
El antejuicio contra los magistrados Francisco de Mata Vela, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Neftalí Aldana, fue promovido por el abogado Roberto Hernández, quien consideró ilegal el fallo emitido por la CC en el amparo promovido por el Ministerio Público (MP), en relación con el proceso de selección de abogados para integrar las nuevas Cortes de justicia del país.
De acuerdo con los magistrados señalados por el abogado Hernández, “la decisión de la CSJ es nula de pleno derecho, pues fue conformada arbitraria e ilegalmente, al incumplir el procedimiento legal en cuanto al orden de prelación de los magistrados llamados a integrar, como lo ordenan los artículos 77 y 78 de la Ley del Organismo Judicial”.
CC insiste en que los magistrados no pueden ser procesados
Asimismo, los magistrados insisten en que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, fue violentada con el fallo de la CSJ, pues existe una “prohibición expresa de entablar cualquier forma de persecución contra los magistrados de la CC por las opiniones que estos expresen en las resoluciones que emiten en ejercicio de sus cargos”.
“El Órgano conformado en forma viciada, emitió una decisión contraria a los precedentes legalmente dictados por la Corte Suprema de Justicia…”, y se citan algunos fallos anteriores.
“De haberse materializado la orden de la CSJ, se habría lesionado la institucionalidad y la finalidad de la Corte de Constitucionalidad, más allá de la esfera personal de los actuales magistrados constitucionales, cuya función es la defensa del orden constitucional”, indica la resolución de la CC.
Abogado cuestiona fallo de la CC
“Existe una violacion a garantías judiciales de jueces imparciales, en los se benefician antojadizamente y señalan que no se confomó legalmente la CSJ, pero es la propia Corte de Constitucionalidad la que indica que no es legal que se pronuncien sobre sus ilegalidades. Además resulta interesante que a las 20:50 horas, en un viernes, emitan una resolución y que no se pronuncien sobre mis argumentos”, indicó el abogado Hernández, quien promovió el antejuicio contra los cuatro magistrados.
“Es preocupante que digan que la CSJ no se integró legalmente y dejan en un vacío a los ciudadanos. Aún más, cuando se evidencian ilegalidades, rápido tratan de pasar a decir que sus órdenes son opiniones. Si son opiniones, no deben cumplirse las sentencias de la CC, porque son opiniones y rompen lo que señala el artículo 69 de la Ley de Amparo”, subrayó el jurista.
“Soy una persona apegada a derecho y respetaré la resolución aunque no me parezca, pero no dejaré de accionar contra ilegalidades sin importar que sean de la CC o de la corte divina“, enfatizó Hernańdez.
“Mis acciones son técnicas y apegadas a derecho, por ello es que fueron estimadas con razonabilidad en mi denuncia. Defenderé a mi gremio y a los guatemaltecos de atropellos de esta envergadura”, concluyó el abogado Roberto Hernández.
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El antejucio contra magistrados
El viernes 26 de junio de 2020 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio trámite a una solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados de la CC: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela.
El proceso llegó al Congreso y la Comisión Permanente, que ejerce funciones de la Junta Directiva ahora que el Congreso no está en su periodo de sesiones ordinarias, conformó la pesquisidora para continuar con el trámite.
Sin embargo, a pocas horas de la resolución de la CSJ, se presentaron tres amparos contra esa decisión: Procuraduría de los Derechos Humanos, Acción Ciudadana y Fundación Myrna Mack.
La magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras, una de las señaladas en el proceso de antejuicio, de inmediato, como no sucede en muchos casos, convocó a las 23:00 horas del viernes, al resto de magistrados para conocer los amparos a las 8:30 horas del sábado.
A las 11:00 horas del sábado, los magistrados señalados ya habían resuelto conceder los amparos temporales y con ello evitan que siga un posible proceso legal en su contra.
Sin embargo, el domingo 28 de junio, el Congreso de la República mediante la Comisión Permanente, desconoció el autoamparo resuelto por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, procedió a denunciarlos en el Ministerio Público (MP).
El Legislativo considera que los magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía, cometieron ilegalidades. Los señala de ser juez y parte en el amparo que busca evitar que siga el proceso de antejuicio en su contra.
A criterio del Congreso, los magistrados cometen cinco delitos. Prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
Asimismo, y por esa causa, la Comisión Permanente procedió a “mantener bajo custodia el expediente en original del antejucio para los efectos legales correspondientes”.
Lo anterior porque en la resolución de autoamparo, los magistrados ordenaron al Congreso entregar el expediente iniciado en su contra.
Por ello, la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana, pidieron a la CC ejecutar la orden de amparo para obligar a la Comisión Permanente a entregar el expediente original que le permite al Legislativo continuar con el trámite de antejuicio.
La CC dio un plazo al Congreso para remitir el documento que, según la Comisión Permanente, ya no está en sus manos, sino bajo resguardo de la Comisión Pesquisidora.
La petición de antejuicio está relacionada con la resolución del amparo concedido por estos magistrados al Ministerio Público, en relación con el proceso de elección de magistrados para las nuevas Cortes de justicia del país.
Investigación en manos del MP
Pero el Congreso de la República no envió a la Corte de Constitucionalidad (CC) el expediente original que contiene la solicitud de antejuicio contra los cuatro magistrados de esa institución.
La Comisión Permanente del Legislativo volvió a entregar una copia del documento que contiene el proceso contra Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.
El Congreso argumentó con anterioridad que el autoamparo que frenó el trámite de antejuicio es ilegal, por tanto dejaron a resguardo el expediente.
Pasada las 18:38 horas del lunes 29 de junio, solo remitieron la copia y un memorial donde exponen que se envió con anterioridad un documento donde explican por qué solo entregan copia certificada y legalizada.
Debido a ello, la CC pidió al MP investigar la actuación de la Comisión Permanente del Congreso. El caso ahora está en manos de la Fiscalía que tiene la denuncia del Congreso y la petición de la CC.
Debido a que tanto diputados como los magistrados gozan de inmunidad, el MP debe revisar si existen indicios de posibles irregularidades y solicitar un proceso de antejuicio contra los funcionarios que podrían haber violado la ley.