Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares ingresaron en el país luego de gestionar un salvoconducto para movilizarse en Guatemala. El permiso fue solicitado el 30 de junio. Utilizaron su pasaporte diplomático que los acreditaba como diputados suplentes del Parlacen y cruzaron la frontera.
Pero no solo lograron el permiso. También obtuvieron el apoyo de las autoridades que instruyeron a la Policía Nacional Civil (PNC) que tuvieran todas las consideraciones necesarias con los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli.
El documento que ordenaba la protección circuló en varios medios de comunicación y fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las autoridades explicaron que se permitió su ingreso ya que en esa fecha aún no se conocía la solicitud de extradición de Estados Unidos, la cual ingresó tres días después.
Por ello, aunque todo parecía marchar bien para los panameños, el seis de julio fueron detenidos en la Fuerza Aérea. Se disponían a tomar un avión que los llevaría a su país. Ahora guardan prisión en la cárcel ubicada en la Brigada Mariscal Zavala.
Los hijos del expresidente aún no saben cuál será su futuro legal. Esta semana sufrieron un revés al no lograr que la bancada de su país los juramentara como diputados al Parlacen. Con ello buscaban frenar su extradición a Estados Unidos, que los reclama por lavado de dinero en el caso Odebrecht.
El Parlacen emitió un comunicado este martes y aunque no fue tajante al señalar que no los juramentará, si dejó claro que cumplieron con todos los pasos que establece el Tratado Constitutivo.
La situación se torna aún más complicada para los hijos del exmandatario panameño. Su intención de asegurar la inmunidad por medio del Parlacen no pasó desapercibida para el gobierno de Estados Unidos.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se pronunció en su cuenta de Twitter, y aunque no hizo referencia a los panameños, escribió que algunos quieren usar la membresía del foro regional para bloquear la extradición.
“A individuos dentro del @PARLACEN les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a EE.UU. de criminales imputados. Hacerlo dañaría el estado de derecho y promovería la impunidad en la región”, escribió Kozak.
El mensaje también parece ir directo al Parlacen, presidido por Nadia de León, hija de la excandidata Sandra Torres, ligada a proceso por delitos electorales.
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El caso que persigue a los Martinelli
Según la investigación, los hijos de Martinelli cobraron entre 2009 y 2010 sobornos para facilitar trámites burocráticos relacionados con la construcción de una autopista y el saneamiento de la bahía de Panamá, proyectos realizados por Odebrecht.
Odebrecht, que acordó pagar a Panamá una sanción de US$220 millones y colaborar con la justicia, reconoció haber pagado más de US$50 millones en sobornos desde 2010 a 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos.
Guatemala también figura en la lista de la constructora brasileña. De acuerdo con la investigación de Estados Unidos, en el país habría pagado US$18 millones para asegurar el contrato de la carretera entre Cocales y Tecún Umán.
Entre 2012 y 2015, bajo la gestión de Otto Pérez Molina, Odebrecht hizo los pagos corruptos en Guatemala, según Estados Unidos.
La filial de Odebrecht fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales (Escuintla) a Tecún Umán (San Marcos), por la que cobraría $399 millones.
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Los hijos del expresidente aún no saben cuál será su futuro legal. Esta semana sufrieron un revés al no lograr que la bancada de su país los juramentara como diputados al Parlacen. Con ello buscaban frenar su extradición a Estados Unidos, que los reclama por lavado de dinero en el caso Odebrecht.
El Parlacen emitió un comunicado este martes y aunque no fue tajante al señalar que no los juramentará, si dejó claro que cumplieron con todos los pasos que establece el Tratado Constitutivo.
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“A individuos dentro del @PARLACEN les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a EE.UU. de criminales imputados. Hacerlo dañaría el estado de derecho y promovería la impunidad en la región”, escribió Kozak.
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Odebrecht, que acordó pagar a Panamá una sanción de US$220 millones y colaborar con la justicia, reconoció haber pagado más de US$50 millones en sobornos desde 2010 a 2014 para hacerse con la adjudicación de contratos.
Guatemala también figura en la lista de la constructora brasileña. De acuerdo con la investigación de Estados Unidos, en el país habría pagado US$18 millones para asegurar el contrato de la carretera entre Cocales y Tecún Umán.
Entre 2012 y 2015, bajo la gestión de Otto Pérez Molina, Odebrecht hizo los pagos corruptos en Guatemala, según Estados Unidos.
La filial de Odebrecht fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales (Escuintla) a Tecún Umán (San Marcos), por la que cobraría $399 millones.
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