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Cámara Guatemalteca de Periodismo pide a la CSJ tramitar y resolver antejuicios solicitados por el MP

Glenda Sanchez
08 de agosto, 2020

La Cámara Guatemalteca de Periodismo pide a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitar y resolver los antejuicios solicitados por el Ministerio Público (MP) contra diputados, magistrados de la CC y de la Corte de Apelaciones.

Los antejuicios solicitados por el MP son contra los diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso y 92 diputados del Congreso. Además contra 13 magistrados de la Corte de Apelaciones y seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En un comunicado la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) manifiesta que el Estado de Derecho se sustenta en el principio fundamental que dicta que “tanto gobernantes como gobernados están sujetos a la ley, lo que conlleva que ninguno es superior ni está por encima de la Constitución y la ley”.

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“De acuerdo con nuestra Constitución, todos los funcionarios y dignatarios son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley (…) por consiguiente, ningún servidor público puede sustraerse del imperio de la ley ni permanecer impune por su actuación ilegal”, detalla el documento.

Antejuicio y magistrados

Además indican que el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución otorga a los diputados, magistrados de la Corte de Apelaciones y de la CC de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los tribunales, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente de que ha lugar a formación de causa penal en su contra.

La CGP solicita a la CSJ que traslade al Congreso los antejuicios por denuncias penales contra de los seis magistrados de la CC sindicados, para los efectos del trámite de los respectivos antejuicios y la declaración de si ha lugar o no a formación de causa penal en su contra.

Además solicitan que “conforme a lo que establece la Constitución y la Ley en
Materia de Antejuicio, después de agotado el procedimiento de antejuicio, declare si ha
lugar o no a formación de causa penal en contra los diputados que integran la Comisión
Permanente del Congreso, 92 diputados al Congreso y 13 magistrados de la CA imputados”.

Por último piden que se tenga presente que “el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”, lo que supone que el derecho de antejuicio protege el cargo y no a la persona del funcionario.

Antejuicios

Este viernes el MP por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, solicitó antejuicio contra magistrados de la CC, Corte Apelaciones (CA), la Comisión Permanente del Legislativo y contra 92 diputados.

Respecto a la solicitud de antejuicio contra la Comisión Permanente del Congreso de la República, el procedimiento se deriva de la resolución emitida el 29 de junio del año en curso por la CC.

Para los demás antejuicios, el MP tomó en cuenta diversas denuncias recibidas contra los diputados del Congreso, los magistrados de Apelaciones y de la CC.

Por medio de un comunicado el MP informó que los antejuicios se plantearon para que la justicia determine “si ha formación de causa o constituyente de delito o bien las denuncias contra funcionarios y dignatarios son por razones espurias, políticas o ilegítimas”.


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Los antejuicios solicitados por el MP son contra los diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso y 92 diputados del Congreso. Además contra 13 magistrados de la Corte de Apelaciones y seis magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En un comunicado la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) manifiesta que el Estado de Derecho se sustenta en el principio fundamental que dicta que “tanto gobernantes como gobernados están sujetos a la ley, lo que conlleva que ninguno es superior ni está por encima de la Constitución y la ley”.

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“De acuerdo con nuestra Constitución, todos los funcionarios y dignatarios son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley (…) por consiguiente, ningún servidor público puede sustraerse del imperio de la ley ni permanecer impune por su actuación ilegal”, detalla el documento.

Antejuicio y magistrados

Además indican que el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución otorga a los diputados, magistrados de la Corte de Apelaciones y de la CC de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los tribunales, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente de que ha lugar a formación de causa penal en su contra.

La CGP solicita a la CSJ que traslade al Congreso los antejuicios por denuncias penales contra de los seis magistrados de la CC sindicados, para los efectos del trámite de los respectivos antejuicios y la declaración de si ha lugar o no a formación de causa penal en su contra.

Además solicitan que “conforme a lo que establece la Constitución y la Ley en
Materia de Antejuicio, después de agotado el procedimiento de antejuicio, declare si ha
lugar o no a formación de causa penal en contra los diputados que integran la Comisión
Permanente del Congreso, 92 diputados al Congreso y 13 magistrados de la CA imputados”.

Por último piden que se tenga presente que “el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”, lo que supone que el derecho de antejuicio protege el cargo y no a la persona del funcionario.

Antejuicios

Este viernes el MP por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, solicitó antejuicio contra magistrados de la CC, Corte Apelaciones (CA), la Comisión Permanente del Legislativo y contra 92 diputados.

Respecto a la solicitud de antejuicio contra la Comisión Permanente del Congreso de la República, el procedimiento se deriva de la resolución emitida el 29 de junio del año en curso por la CC.

Para los demás antejuicios, el MP tomó en cuenta diversas denuncias recibidas contra los diputados del Congreso, los magistrados de Apelaciones y de la CC.

Por medio de un comunicado el MP informó que los antejuicios se plantearon para que la justicia determine “si ha formación de causa o constituyente de delito o bien las denuncias contra funcionarios y dignatarios son por razones espurias, políticas o ilegítimas”.


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