De nuevo grupos vinculados con la izquierda objetan a cuatro candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que no son de su agrado, indica José Echeverría, presidente Ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional.
Sin presentar pruebas, solo suposiciones y dejando ver un “revanchismo político e ideológico”, objetan a Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, actuales magistrados. También al magistrado suplente Jorge Rolando Rosales Mirón y al exmagistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Las objeciones fueron planteadas por la Fundación Myrna Mack y la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Usac. También por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y por la entidad Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, (FADS).
“Es usual que estos grupos de presión de izquierda actúen como lo han hecho en las últimas elecciones. Presentan objeciones sin fundamento. No atacan los requisitos esenciales con pruebas, solo los atacan porque no están de acuerdo con su forma de pensar”, enfatiza Echeverría.
“Su actuación no es democrática, es más bien política y no jurídica. Por ello es importante que las instituciones analicen que estas objeciones se hagan conforme a la ley, no por revanchismo político o ideológico”, subraya.
Por qué objetan a los canditados
Este viernes concluyó el proceso para presentar objeciones contra los 17 candidatos que se postularon para magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A partir del 15 de febrero la Corte Suprema de Justicia comenzará el proceso para desvanecer las objeciones presentadas contra los candidatos. El plazo concluye el 19 de febrero. Y del 22 al 24 de febrero la Corte conocerá los señalamientos o reparos.
De acuerdo con Mario Siekavizza, portavoz de la CSJ, se presentaron objeciones contra cuatro aspirantes a la llegar a la CC.
Contra Molina Barreto cuestionan su participación en la política como vicepresidenciable del partido Valor. Además por la resolución que anuló la sentencia contra el general Efraín Ríos Montt. Asimismo, su trabajo como abogado de una empresa vinculada con Gustavo Herrera, un prófugo de la justicia por el desfalco en el IGSS.
Suponen que en caso de una nueva participación política de la expresidenciable Zury Ríos, Molina la favorecería para participar en las votaciones. Incluso, adelantan que podría modificar el fallo a favor de la hija del general Ríos Montt.
El magistrado aludido prefirió no hablar de estos comentarios que considera son motivados por cuestiones ideológicas. Subrayó que no tiene reparos ante la justicia y por ello recurren a estas maniobras para atacarlo.
Otras objeciones
Contra el exmagistrado Pérez Aguilera también cuestionan la resolución que anuló la sentencia contra Ríos Montt. CALDH presentan esta objeción y recuerda que tanto al exfuncionario como a Molina Barreto, los denunció en el Ministerio Público por este fallo. Y aunque su denuncia fue desestimada, la entidad insiste en que ambos no son idóneos por haber anulado la condena contra el general.
Asimismo se objeta la participación de la actual magistrada Dina Ochoa. De ella la Fundación Myrna Mack cuestiona su ausencia en las sesiones que, bajo dirección de la magistrada Gloria Porras, buscaban extender el permiso al exmagistrado Neftaly Aldana.
Ochoa no estuvo de acuerdo con extender la licencia a Aldana porque la propia familia del exmagistrado pidió cesarlo del cargo, debido a su grave deterioro de salud. Pero Porras y los magistrados afines a ella, pretendían que siguiera con permiso para no dar lugar a que llegara un nuevo magistrado en su lugar y posiblente contrario a su pensamiento.
Por fin, luego de más de tres semanas, Porras y los otros magistrados cedieron y declararon la cesantía de Aldana. Esta situación evidenció la lucha política dentro de la CC por tomar control de ese organismo.
De nuevo grupos vinculados con la izquierda objetan a cuatro candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que no son de su agrado, indica José Echeverría, presidente Ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional.
Sin presentar pruebas, solo suposiciones y dejando ver un “revanchismo político e ideológico”, objetan a Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa, actuales magistrados. También al magistrado suplente Jorge Rolando Rosales Mirón y al exmagistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Las objeciones fueron planteadas por la Fundación Myrna Mack y la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Usac. También por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y por la entidad Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, (FADS).
“Es usual que estos grupos de presión de izquierda actúen como lo han hecho en las últimas elecciones. Presentan objeciones sin fundamento. No atacan los requisitos esenciales con pruebas, solo los atacan porque no están de acuerdo con su forma de pensar”, enfatiza Echeverría.
“Su actuación no es democrática, es más bien política y no jurídica. Por ello es importante que las instituciones analicen que estas objeciones se hagan conforme a la ley, no por revanchismo político o ideológico”, subraya.
Por qué objetan a los canditados
Este viernes concluyó el proceso para presentar objeciones contra los 17 candidatos que se postularon para magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A partir del 15 de febrero la Corte Suprema de Justicia comenzará el proceso para desvanecer las objeciones presentadas contra los candidatos. El plazo concluye el 19 de febrero. Y del 22 al 24 de febrero la Corte conocerá los señalamientos o reparos.
De acuerdo con Mario Siekavizza, portavoz de la CSJ, se presentaron objeciones contra cuatro aspirantes a la llegar a la CC.
Contra Molina Barreto cuestionan su participación en la política como vicepresidenciable del partido Valor. Además por la resolución que anuló la sentencia contra el general Efraín Ríos Montt. Asimismo, su trabajo como abogado de una empresa vinculada con Gustavo Herrera, un prófugo de la justicia por el desfalco en el IGSS.
Suponen que en caso de una nueva participación política de la expresidenciable Zury Ríos, Molina la favorecería para participar en las votaciones. Incluso, adelantan que podría modificar el fallo a favor de la hija del general Ríos Montt.
El magistrado aludido prefirió no hablar de estos comentarios que considera son motivados por cuestiones ideológicas. Subrayó que no tiene reparos ante la justicia y por ello recurren a estas maniobras para atacarlo.
Otras objeciones
Contra el exmagistrado Pérez Aguilera también cuestionan la resolución que anuló la sentencia contra Ríos Montt. CALDH presentan esta objeción y recuerda que tanto al exfuncionario como a Molina Barreto, los denunció en el Ministerio Público por este fallo. Y aunque su denuncia fue desestimada, la entidad insiste en que ambos no son idóneos por haber anulado la condena contra el general.
Asimismo se objeta la participación de la actual magistrada Dina Ochoa. De ella la Fundación Myrna Mack cuestiona su ausencia en las sesiones que, bajo dirección de la magistrada Gloria Porras, buscaban extender el permiso al exmagistrado Neftaly Aldana.
Ochoa no estuvo de acuerdo con extender la licencia a Aldana porque la propia familia del exmagistrado pidió cesarlo del cargo, debido a su grave deterioro de salud. Pero Porras y los magistrados afines a ella, pretendían que siguiera con permiso para no dar lugar a que llegara un nuevo magistrado en su lugar y posiblente contrario a su pensamiento.
Por fin, luego de más de tres semanas, Porras y los otros magistrados cedieron y declararon la cesantía de Aldana. Esta situación evidenció la lucha política dentro de la CC por tomar control de ese organismo.