Senadores republicanos piden a Biden que rechace pagos a familias migrantes separadas en la frontera
Las conversaciones del gobierno de Biden para resolver demandas con familias separadas bajo la política fronteriza de la administración Trump atraen una respuesta fulminante del Partido Republicano.
Once senadores republicanos pidieron al presidente Biden que detuviera las conversaciones de su administración para resolver las demandas presentadas en nombre de familias inmigrantes que dicen que sufrieron un trauma al ser separadas después de cruzar ilegalmente la frontera sur durante la administración Trump.
“Recompensar la inmigración ilegal con pagos financieros va contra nuestras leyes y solo serviría para fomentar más anarquía en nuestra frontera”, escribieron el senador de Iowa Chuck Grassley y los otros 10 miembros republicanos del Comité Judicial del Senado en una carta a Biden. “Con ese fin, pido que su administración se niegue a emitir pagos de liquidación para los extranjeros que violaron nuestras leyes”.
El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, también criticó duramente los posibles acuerdos de alrededor de $ 450,000 por persona, sobre los que The Wall Street Journal informó la semana pasada.
“Honestamente, esta idea absurda se siente como una propuesta política satírica que los republicanos habrían inventado para hacer una parodia de la izquierda radical”, dijo McConnell en el Senado el lunes por la tarde, anticipando una probable línea de ataque en las elecciones de mitad de período del próximo año.
La Casa Blanca remitió una solicitud de comentarios al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato.
The Journal informó que los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos están considerando pagos que podrían ascender a cerca de US$1 millón por familia para resolver las demandas presentadas en nombre de padres e hijos que dicen que el gobierno los sometió a un trauma psicológico duradero.
Personas familiarizadas con el asunto han dicho que las cifras finales podrían cambiar y que muchas familias probablemente obtendrían cantidades más pequeñas, dependiendo de sus circunstancias, pero el pago potencial total podría ascender a $ 1 mil millones o más.
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Hasta el momento, familias que fueron separadas han presentado alrededor de 940 reclamos, y los funcionarios del gobierno no están seguros de cuántos más se presentarán o serán elegibles según el posible acuerdo.
Al buscar un convenio, el gobierno está tratando de evitar juicios, que los abogados experimentados con casos a gran escala que involucran presunta angustia emocional, dicen que podrían ser aún más costosos.
McConnell ha estado utilizando sus comentarios en la sala para abordar temas que los republicanos esperan que sean problemas en las elecciones de 2022. Su discurso marcó sus primeros comentarios extensos sobre el tema de posibles pagos a familias separadas en la frontera. Los republicanos en el Senado esperanzados se han centrado en la inmigración, considerándola un tema que podría influir en los votantes el próximo año.
Los demócratas expresaron opiniones encontradas sobre el acuerdo propuesto. El representante de Arizona Raúl Grijalva lo recibió como una forma de abordar los errores de la era Trump, pero dijo que no era suficiente.
“Se trata de ese individuo, los derechos que fueron violados y el proceso que allí se violaron”, dijo. “Sí, y la agonía de esas familias, familia por familia. Es la política general la que necesita más trabajo “.
El senador Mark Kelly de Arizona, considerado uno de los demócratas del Senado más vulnerables, dijo mientras aún buscaba detalles: “Tengo preocupaciones. Son muchas familias y mucho dinero “.
Como parte de la política de aplicación de la ley de tolerancia cero de la administración republicana Trump, los agentes de inmigración separaron a miles de niños, desde bebés hasta adolescentes, de sus padres en la frontera sur en 2018 después de que cruzaran ilegalmente desde México para buscar asilo en Estados Unidos.
En algunos casos, las familias fueron divididas por la fuerza sin previsiones para rastrearlas y luego reunirlas, encontraron las investigaciones del gobierno. Las demandas alegan que algunos de los niños sufrieron una variedad de dolencias, como agotamiento por calor y desnutrición, y fueron mantenidos en cámaras heladas y recibieron poca atención médica.
Un informe de enero del inspector general del Departamento de Justicia culpó a los altos funcionarios del Departamento de Justicia de Trump por saber que el cambio de política resultaría en la separación de familias, pero seguir adelante sin prepararse para ello.
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Varias de las familias comenzaron a presentar demandas en busca de compensación en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios en 2019 y 2020.
Desde entonces algunas de las decisiones legales han ido a favor de las familias.
En marzo de 2020, por ejemplo, un juez federal en Arizona denegó la oferta del Departamento de Justicia de desestimar una de las primeras demandas de este tipo, rechazando el argumento del gobierno de que había sido autorizado por reglamento y estatuto para proceder con su estrategia de enjuiciamiento y detención del inmigrante.
“Estados Unidos no ha citado ningún estatuto que autorice explícitamente al gobierno a detener a padres e hijos en instalaciones separadas antes de haberlos acusado de un delito. De hecho, no existe tal estatuto”, escribió la jueza de distrito estadounidense Susan Bolton.
En marzo de 2021, los abogados de las familias de ese caso solicitaron al tribunal que obligara al Departamento de Justicia a entregar documentos que su inspector general había recopilado en la investigación de la política de separación.
El Departamento de Justicia había argumentado que algunos de los documentos no podían entregarse debido a privilegios legales u otros motivos. Semanas más tarde, los abogados del gobierno y las familias dijeron al tribunal que habían tenido discusiones iniciales sobre un posible acuerdo, según documentos judiciales.
Al tratar de resolver los casos, dijeron los expertos legales, el gobierno de EE. UU. Está evitando una serie de juicios potencialmente prolongados ante jueces y jurados impredecibles y sin comparaciones obvias de las que basarse para las acusaciones de daño.
Para calcular un pago potencial, se solicitaría a psicólogos infantiles y otros expertos médicos que describan el impacto potencial de la separación y determinen cuál podría ser el costo de la terapia para cada niño en el transcurso de décadas, dijeron expertos legales.
“Estos pueden ser casos extremadamente costosos. No es solo la dificultad de estimar el trauma emocional y lo que eso significa, es la idea de que algo se llevaría durante tantos años”. Esto dijo Adam Zimmerman, quien fue subdirector especial del fondo de compensación para víctimas del 11 de septiembre y es profesor en la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles.
“Estamos hablando de niños que podrían estar viviendo con esto durante mucho tiempo”.
Adam Zimmerman
Cuando los funcionarios del estado de Michigan llevaron a juicio a fines de la década de 2000 algunos casos de prisioneras que alegaban un patrón de abuso sexual en las cárceles del estado, para determinar la posible cantidad de daños que podrían otorgarse a un grupo de cientos de mujeres que presentaban reclamos similares, se sorprendieron de la magnitud de los otorgamientos del jurado, dijo Margo Schlanger, quien dirigió la oficina de derechos civiles durante la administración de Obama en el Departamento de Seguridad Nacional y ahora enseña en la facultad de derecho de la Universidad de Michigan.
Después de que los jurados otorgaron millones de dólares a las mujeres, el grupo más grande de mujeres llegó a un acuerdo de $ 100 millones con el estado en 2009.
Al destacar el impacto político potencial de un posible acuerdo sobre las familias separadas, un portavoz del Comité del Congreso Nacional Republicano, el brazo de campaña de los republicanos de la Cámara, dijo en una publicación la semana pasada: “Sería interesante saber qué tan vulnerables se sienten los demócratas de la Cámara sobre El plan de Joe Biden”.
Una encuesta publicada la semana pasada, el NRCC encontró que la seguridad fronteriza ocupaba el segundo lugar después de los empleos. Y la economía como la principal preocupación para los votantes.
Su encuesta, realizada del 16 al 21 de octubre, mostró que los republicanos tenían una ventaja de 27 puntos sobre la cuestión de qué partido podría manejar mejor el tema de la seguridad fronteriza, y el 54% dijo que los republicanos harían un mejor trabajo en comparación con el 27% a favor de los demócratas. Eso se compara con una ventaja de 10 puntos que tenían los republicanos a principios de julio.
Otros republicanos dijeron que intentarían bloquear los pagos, aunque no está claro cómo podrían hacerlo, ya que tales acuerdos no requieren la aprobación del Congreso. El senador de Montana Steve Daines dijo el viernes que estaba redactando una enmienda al próximo proyecto de ley de política de defensa que evitaría que el gobierno compensara a las familias separadas, una medida que es poco probable que gane terreno con los demócratas controlando el Congreso.
—Lindsay Wise y Siobhan Hughes contribuyeron a este artículo.
Escriba a Sadie Gurman a sadie.gurman@wsj.com y a Aruna Viswanatha a Aruna.Viswanatha@wsj.com
Este artículo hasido traducido del inglés por Noris Argotte Soto para República
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“Recompensar la inmigración ilegal con pagos financieros va contra nuestras leyes y solo serviría para fomentar más anarquía en nuestra frontera”, escribieron el senador de Iowa Chuck Grassley y los otros 10 miembros republicanos del Comité Judicial del Senado en una carta a Biden. “Con ese fin, pido que su administración se niegue a emitir pagos de liquidación para los extranjeros que violaron nuestras leyes”.
El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, también criticó duramente los posibles acuerdos de alrededor de $ 450,000 por persona, sobre los que The Wall Street Journal informó la semana pasada.
“Honestamente, esta idea absurda se siente como una propuesta política satírica que los republicanos habrían inventado para hacer una parodia de la izquierda radical”, dijo McConnell en el Senado el lunes por la tarde, anticipando una probable línea de ataque en las elecciones de mitad de período del próximo año.
La Casa Blanca remitió una solicitud de comentarios al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato.
The Journal informó que los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos están considerando pagos que podrían ascender a cerca de US$1 millón por familia para resolver las demandas presentadas en nombre de padres e hijos que dicen que el gobierno los sometió a un trauma psicológico duradero.
Personas familiarizadas con el asunto han dicho que las cifras finales podrían cambiar y que muchas familias probablemente obtendrían cantidades más pequeñas, dependiendo de sus circunstancias, pero el pago potencial total podría ascender a $ 1 mil millones o más.
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Al buscar un convenio, el gobierno está tratando de evitar juicios, que los abogados experimentados con casos a gran escala que involucran presunta angustia emocional, dicen que podrían ser aún más costosos.
McConnell ha estado utilizando sus comentarios en la sala para abordar temas que los republicanos esperan que sean problemas en las elecciones de 2022. Su discurso marcó sus primeros comentarios extensos sobre el tema de posibles pagos a familias separadas en la frontera. Los republicanos en el Senado esperanzados se han centrado en la inmigración, considerándola un tema que podría influir en los votantes el próximo año.
Los demócratas expresaron opiniones encontradas sobre el acuerdo propuesto. El representante de Arizona Raúl Grijalva lo recibió como una forma de abordar los errores de la era Trump, pero dijo que no era suficiente.
“Se trata de ese individuo, los derechos que fueron violados y el proceso que allí se violaron”, dijo. “Sí, y la agonía de esas familias, familia por familia. Es la política general la que necesita más trabajo “.
El senador Mark Kelly de Arizona, considerado uno de los demócratas del Senado más vulnerables, dijo mientras aún buscaba detalles: “Tengo preocupaciones. Son muchas familias y mucho dinero “.
Como parte de la política de aplicación de la ley de tolerancia cero de la administración republicana Trump, los agentes de inmigración separaron a miles de niños, desde bebés hasta adolescentes, de sus padres en la frontera sur en 2018 después de que cruzaran ilegalmente desde México para buscar asilo en Estados Unidos.
En algunos casos, las familias fueron divididas por la fuerza sin previsiones para rastrearlas y luego reunirlas, encontraron las investigaciones del gobierno. Las demandas alegan que algunos de los niños sufrieron una variedad de dolencias, como agotamiento por calor y desnutrición, y fueron mantenidos en cámaras heladas y recibieron poca atención médica.
Un informe de enero del inspector general del Departamento de Justicia culpó a los altos funcionarios del Departamento de Justicia de Trump por saber que el cambio de política resultaría en la separación de familias, pero seguir adelante sin prepararse para ello.
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Varias de las familias comenzaron a presentar demandas en busca de compensación en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios en 2019 y 2020.
Desde entonces algunas de las decisiones legales han ido a favor de las familias.
En marzo de 2020, por ejemplo, un juez federal en Arizona denegó la oferta del Departamento de Justicia de desestimar una de las primeras demandas de este tipo, rechazando el argumento del gobierno de que había sido autorizado por reglamento y estatuto para proceder con su estrategia de enjuiciamiento y detención del inmigrante.
“Estados Unidos no ha citado ningún estatuto que autorice explícitamente al gobierno a detener a padres e hijos en instalaciones separadas antes de haberlos acusado de un delito. De hecho, no existe tal estatuto”, escribió la jueza de distrito estadounidense Susan Bolton.
En marzo de 2021, los abogados de las familias de ese caso solicitaron al tribunal que obligara al Departamento de Justicia a entregar documentos que su inspector general había recopilado en la investigación de la política de separación.
El Departamento de Justicia había argumentado que algunos de los documentos no podían entregarse debido a privilegios legales u otros motivos. Semanas más tarde, los abogados del gobierno y las familias dijeron al tribunal que habían tenido discusiones iniciales sobre un posible acuerdo, según documentos judiciales.
Al tratar de resolver los casos, dijeron los expertos legales, el gobierno de EE. UU. Está evitando una serie de juicios potencialmente prolongados ante jueces y jurados impredecibles y sin comparaciones obvias de las que basarse para las acusaciones de daño.
Para calcular un pago potencial, se solicitaría a psicólogos infantiles y otros expertos médicos que describan el impacto potencial de la separación y determinen cuál podría ser el costo de la terapia para cada niño en el transcurso de décadas, dijeron expertos legales.
“Estos pueden ser casos extremadamente costosos. No es solo la dificultad de estimar el trauma emocional y lo que eso significa, es la idea de que algo se llevaría durante tantos años”. Esto dijo Adam Zimmerman, quien fue subdirector especial del fondo de compensación para víctimas del 11 de septiembre y es profesor en la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles.
“Estamos hablando de niños que podrían estar viviendo con esto durante mucho tiempo”.
Adam Zimmerman
Cuando los funcionarios del estado de Michigan llevaron a juicio a fines de la década de 2000 algunos casos de prisioneras que alegaban un patrón de abuso sexual en las cárceles del estado, para determinar la posible cantidad de daños que podrían otorgarse a un grupo de cientos de mujeres que presentaban reclamos similares, se sorprendieron de la magnitud de los otorgamientos del jurado, dijo Margo Schlanger, quien dirigió la oficina de derechos civiles durante la administración de Obama en el Departamento de Seguridad Nacional y ahora enseña en la facultad de derecho de la Universidad de Michigan.
Después de que los jurados otorgaron millones de dólares a las mujeres, el grupo más grande de mujeres llegó a un acuerdo de $ 100 millones con el estado en 2009.
Al destacar el impacto político potencial de un posible acuerdo sobre las familias separadas, un portavoz del Comité del Congreso Nacional Republicano, el brazo de campaña de los republicanos de la Cámara, dijo en una publicación la semana pasada: “Sería interesante saber qué tan vulnerables se sienten los demócratas de la Cámara sobre El plan de Joe Biden”.
Una encuesta publicada la semana pasada, el NRCC encontró que la seguridad fronteriza ocupaba el segundo lugar después de los empleos. Y la economía como la principal preocupación para los votantes.
Su encuesta, realizada del 16 al 21 de octubre, mostró que los republicanos tenían una ventaja de 27 puntos sobre la cuestión de qué partido podría manejar mejor el tema de la seguridad fronteriza, y el 54% dijo que los republicanos harían un mejor trabajo en comparación con el 27% a favor de los demócratas. Eso se compara con una ventaja de 10 puntos que tenían los republicanos a principios de julio.
Otros republicanos dijeron que intentarían bloquear los pagos, aunque no está claro cómo podrían hacerlo, ya que tales acuerdos no requieren la aprobación del Congreso. El senador de Montana Steve Daines dijo el viernes que estaba redactando una enmienda al próximo proyecto de ley de política de defensa que evitaría que el gobierno compensara a las familias separadas, una medida que es poco probable que gane terreno con los demócratas controlando el Congreso.
—Lindsay Wise y Siobhan Hughes contribuyeron a este artículo.
Escriba a Sadie Gurman a sadie.gurman@wsj.com y a Aruna Viswanatha a Aruna.Viswanatha@wsj.com
Este artículo hasido traducido del inglés por Noris Argotte Soto para República
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