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Hacia dónde va el Congreso luego del fracaso del estado de Calamidad

Alejandro Palmieri
09 de septiembre, 2021

El lunes por la noche el Congreso de la República dio una muestra más de lo que algunos diputados son capaces de hacer. Cuando digo capaces, no me refiero a las condiciones, cualidades o aptitudes para desarrollar algo, sino a lo que se atreven hacer.

El ejemplo más evidente es el del actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez. El funcionario, tratando de salvarle el estado de Calamidad al Organismo Ejecutivo, mantuvo abierta la votación por casi una hora para aprobarlo. Al final se quedó muy cerca, pues le faltaron cuatro votos.

Eso sí, se evidenció el cabildeo -llamémosle así- para conseguir más votos. Lo ocurrido lo vieron más de 200 mil guatemaltecos que se sumaron al “live” que hizo desde su teléfono y en el hemiciclo, el diputado de oposición Aldo Dávila.

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En esa transmisión vimos cómo el presidente del Congreso llamaba por sus teléfonos, presuntamente, a diputados de distintas bancadas para conseguir los votos necesarios.

¿A cambio de qué? solo podemos especular, pero quienes saben de ese tipo de negociaciones a última hora, dan cuenta que usualmente es a cambio de prebendas de todo tipo y ofrecimientos diversos. Acción Ciudadana, una ONG activista, presentó una denuncia en el Ministerio Público por supuesta compra de votos.

Al final, el presidente Rodríguez no consiguió que las bancadas aliadas al partido de gobierno votaran alineadas y, por el contrario, luego de esa larga votación, tuvo que aceptar que no se aprobaría el estado de Calamidad.

Es una situación propia de una tragicomedia. Se ha interpretado la Ley de Orden Público en el sentido de que se requiere un decreto de aprobación. Y de no conseguirse, se requiere un decreto distinto y específico de improbación.

Es decir, que la no aprobación no necesariamente es improbación.  

Por ridículo que parezca, ese criterio no solo es político, sino que ha sido sustentado por la Corte de Constitucionalidad. El Congreso decidió utilizar el procedimiento de formación de ley -tres lecturas- y de tratarse de una iniciativa cualquiera, de no conseguir los votos para su aprobación, quedaría desechada (improbada).

El presidente Rodríguez sometió a votación el decreto de improbación que evidentemente tendría más votos que el de aprobación; sin embargo, cuando llegó a 80 votos, 1 antes de los necesarios para aprobar la improbación, a menos de 5 minutos de haber abierto la votación, repentinamente la cerró.

Esa maniobra legislativa evidenció su malestar por no haber conseguido su cometido. Y obligó a una segunda votación para improbar que sí consiguió los votos necesarios.

Así, por segunda vez, un estado de Calamidad tuvo una fugaz vida. Ahora queda la discusión académica, si para que quede “improbado” debe ser publicado en el diario oficial -como todo decreto para que cobre vigencia- o si por el simple hecho de haberse improbado el estado de Calamidad, el decreto legislativo cobra vigencia.

Esa discusión, como digo, es ya académica, porque de facto ya no se están aplicando las restricciones.

¿Qué implicaciones tiene esta derrota oficialista? La reelección en la presidencia del Congreso de Rodríguez está en duda, pues por segunda vez consecutiva no ha logrado arengar a las bancadas aliadas para conseguir los votos requeridos.

Si esto es definitivo para su defenestración, no lo sé, pero su posición ciertamente ya no tiene la solidez que tenía hace un mes.

Así, la presidencia del Organismo Legislativo para el período 2022-2023 está en juego. Podría irse a otro diputado oficialista con el respaldo de las bancadas mayoritarias, porque veo difícil que la oposición prevalezca.

Como ha sucedido en el pasado, la elección de Junta Directiva -no solo la presidencia- estará íntimamente ligada a otros temas de interés de los diputados, como la aprobación del presupuesto para el otro año. Pero también temas pendientes e importantes como la designación de magistrados a Salas y a la Corte Suprema de Justicia.

Las negociaciones, que en principio son naturales en un parlamento, podrían hacer resurgir la llamada “alianza oficialista” y recuperar su integridad, pero también, los diputados de bancadas distintas a la del partido Vamos -la oficial- deben tomar en cuenta el desgaste que acarrea su reiterada alianza con un partido de gobierno con miras a las elecciones generales del 2023.

Algunos analistas podrán opinar que a la política tropical chapina poco le importa los temas de mediano o largo plazo y que los diputados irán sorteando los temas uno a uno y conforme vayan surgiendo.

Otros opinamos que ese podrá ser el caso de muchos, pero no de todos y poco a poco los interesados en su reelección irán marcando distancia de un gobierno y su bancada en el Congreso que están cada día más desgastado solo por el ejercicio del poder, sino por las reiteradas malas decisiones tomadas y el rechazo popular.

Especulaciones aparte, algo que sí se puede afirmar es que el hastío de la población para con los funcionarios y diputados que no les proveen el bienestar, produzca una decisión electoral inesperada.

El sistema no es el que está mal como pregonan los políticos populistas y quienes quieren capitalizar ese hastío; lo que está mal es lo que los políticos, funcionarios y diputados hacen con el sistema. El abuso, el desparpajo y el desprecio que han mostrado algunos en la función pública afecta a todos y no solo a los malos.

Veremos qué sucede en pocas semanas cuando a partir de la segunda quincena de octubre, el tema de la elección de Junta Directiva en el Congreso y la aprobación de presupuesto, estén oficialmente en discusión. Los verdaderos efectos de lo que sucedió el lunes, como también el fracaso con el estado de Calamidad anterior, serán visibles.

Mientras tanto, la pandemia sigue causando estragos y la -necesaria- responsabilidad individual en la prevención no se ve acuerpada por la preparación y abastecimiento que el sistema de salud pública debiese tener a estas alturas.

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