La carta principal de las propuestas políticas que escuchamos cada cuatro años tiene un denominador común: la lucha contra la corrupción. Todos coincidimos en la necesidad existente, no solo en Guatemala, sino también en la región, de erradicar ese mal. Pero parece que la fórmula para lograrlo no es tan sencilla como se podría pensar, y pasar de la propuesta a la práctica es una odisea. 

Resulta evidente que combatir la corrupción desde un punto de vista reactivo, no es ni suficiente ni lo mejor. La evidencia la hemos vivido, como mínimo, en la última década. Somos testigos del fracaso que resultan los esfuerzos de luchar contra la corrupción únicamente persiguiendo los hechos, sin una estrategia capaz de cambiar la raíz que los provoca.

Es un conjunto de políticas y procedimientos encaminados a la mitigación de riesgos y la promoción de una cultura de legalidad, ética y transparencia. Todas las instituciones de gobierno deberían tener como punto en su agenda la implementación de políticas de anticorrupción internas, códigos de ética, canales de denuncia, equipos de cumplimiento y procesos de debida diligencia a terceros. 

Pero, no estoy solamente hablando del Compliance interno, estoy conjuntamente proponiendo exigirles a las organizaciones que contratan con el Estado tener implementadoun Programa de Compliance como requisito en el proceso de contratación pública. 

Una cultura de legalidad, transparencia y ética se logra promoviendo, implementando y exigiendo conductas éticas en cada institución, a través de sus Programas de Cumplimiento, con un enfoque preventivo. Las metodologías de Compliance existen y hay que aplicarlas para lograr lo que nunca. 

No debemos hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos.