El Gobierno francés en su momento comentó que “Una sociedad transparente es también una sociedad totalitaria” para algunas personas, esta frase suena como una burla a la democracia. Sin embargo, pierde su lado ofensivo si se lee con atención. Francia estaba hablando de la sociedad y probablemente estaba pensando en la novela "1984" de George Orwell. En cualquier caso, lo contrario es cierto en una democracia. Dado que en él todo el poder emana del pueblo (del estado), los ciudadanos son los soberanos reales. En consecuencia, el primer principio es que, dado que los políticos actúan en nombre del pueblo, le deben la verdad y nada más que la verdad. 

No hay duda de que el requisito de transparencia no tiene el mismo estatus que los verdaderos principios de la democracia liberal, como el estado de derecho, los derechos fundamentales, la separación de poderes y las elecciones libres. Sin embargo, si la transparencia no tiene la misma prioridad, no se descartan restricciones a priori. La transparencia no es un fin en sí mismo, sino que sirve al verdadero fin en sí mismo, el triunvirato de la democracia, el estado de derecho y el bienestar de la comunidad.

La Constitución Política de la República garantiza a los guatemaltecos el derecho a elegir y ser electo, así como el optar a cargos públicos; no obstante, el artículo 113 especifica tres requisitos cuyo criterio de valoración puede caer en el campo de la subjetividad.

Puntualmente, dicho artículo constitucional señala que para el otorgamiento de empleos o cargos públicos “no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Especialistas en Derecho, politólogos y diversos analistas consideran que este artículo debe ser aplicado con mayor rigurosidad para garantizar que la ciudadanía tenga una mejor oferta electoral de donde escoger, aunque reconocen que los requisitos incluidos en el 113 son de los más difíciles de definir.

Ante las elecciones que se aproximan con mucha preocupación, vemos a muchos políticos con diversas acusaciones y procesos judiciales y aun así recibieron credenciales para poder participar, algunos incluso llevando a un Municipio a la quiebra y tienen el descaro de continuar haciendo promesas que nunca cumplieron y  saben que no pueden cumplir. ¿Podemos decir, por tanto, que los discursos preelectorales “no siempre son del todo racionales”? Entonces, ¿El pueblo, que es corresponsable de la transparencia, debe obligar a los políticos a ser transparentes? Y si el precio de esa “transparencia” es una bolsa de ejotes, una bolsa de útiles escolares, edificaciones… los convierte en cómplices.

La transparencia en la política es importante para que nuestros derechos civiles puedan ejercerse de manera efectiva, también ayuda a combatir el nepotismo y es indispensable en la lucha contra la corrupción. Pero la pregunta del millón ¿Cuánta transparencia demanda la democracia y cuánta discrecionalidad admite?

Los ciudadanos, que tenemos venas de filósofos morales, no somos moralistas que solo nos lamentamos de las cosas malas que suceden en el mundo. Además de la obligación que tenemos hacia la transparencia, no olvidamos que la política democrática sigue siendo política y que la gran política es como un juego de ajedrez: Se piensan muchas jugadas, pero no revela su propia estrategia. Una comprensión de la democracia que quiere sacarle los dientes políticos a la política es absurdamente irrelevante. 

Para una democracia digna de su nombre, se requiere que los candidatos cumplan con la idoneidad y honorabilidad. 

 El pueblo como corresponsable de esa transparencia debe cuidar de esa democracia digna con una triple honestidad y transparencia: con carácter, efectiva y con argumentos, porque los ciudadanos somos los “soberanos reales”.