Digan lo que digan
Así que, digan lo que digan, el propósito de conseguir la desigualdad jurídica consiguiendo privilegios, el intento de pasar por encima de la ley, y la intención de asegurar la impunidad de los delincuentes es procurar la destrucción de la república.
Las elecciones terminaron y con estas el periodo de amparo concedido por las Cortes. Ahora el Ministerio Público puede proseguir con sus investigaciones. Y así debe ser. Porque Guatemala es una república. No es una monarquía. No es una aristocracia. No es una democracia, aunque algunos crean que sí. La monarquía o autocracia es donde una persona posee el poder dominante, la aristocracia es donde algunas personas poseen el poder dominante, y la democracia es donde todas las personas poseen el poder dominante. Las tres son despóticas, es decir, su forma de gobierno es en la que el Estado arbitrariamente ejecuta decretos que se ha dado a sí mismo. Rige la voluntad del gobernante. De tal manera ejecutará la voluntad pública en tanto sea la misma que la voluntad privada del gobernante, o sea, de acuerdo con sus deseos, al fin que pretendan conseguir. Dicho de otro modo, los gobernantes gozan de autoridad absoluta no limitada por leyes ni por control constitucional alguno. La democracia es, en el sentido correcto del término, necesariamente despotismo, porque establece un poder ejecutivo en el que todos toman decisiones para y, si necesario, contra cualquier individuo que no esté de acuerdo con el resto. Ello constituye una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad de todos que a su vez no son todos.
La república, por el contrario, es un gobierno constitucional, donde rigen las leyes, es una nomocracia para proteger la libertad, la vida y propiedad de los ciudadanos. El gobierno republicano se basa en el principio político de la separación del poder ejecutivo del poder legislativo. De esta manera quien hace las leyes no es quien las ejecuta y no puede adaptarlas a fines personales, por lo que debe hacerlas generales y universales. Quien ejecuta las leyes no las hizo y por lo mismo éstas no obedecen a sus fines privados.
La constitución republicana se fundamenta, primero, de acuerdo con los principios de la libertad de los miembros de una sociedad (como seres humanos racionales, es decir, como personas que pueden deliberar y actuar según consideren conveniente); segundo, de acuerdo con el principio de dependencia de todos sus miembros a un sistema común de leyes (como súbditos de la ley que aplica a todos sin excepción, es decir, nadie está por encima de la ley); y, tercero, de acuerdo con la ley de igualdad de sus miembros (como ciudadanos que no pueden vincular jurídicamente a otro sin someterse ellos mismos a la ley y poder ser, así mismo, obligados a su vez.)
La libertad externa, política jurídica, es la autoridad de no obedecer ninguna ley externa a la que no haya podido dar uno su consentimiento. Se deriva de su concepto moral de autonomía, que comprende que la persona se muestra libre al poder formular leyes o imperativos morales para voluntariamente regir su conducta según lo correcto, según su propia razón y no obedeciendo a sus inclinaciones, emociones o caprichos. El principio de autonomía garantiza su libertad al obedecerse a sí mismo y no estar sujeto a la voluntad arbitraria de otros según el principio de heteronomía.
La igualdad externa (jurídica) dentro de un Estado, se deriva del principio moral o imperativo categórico de universalidad que exige «obrar según una máxima que contenga a la vez dentro de sí su propia validez universal para todo ser racional».
La ley debe ser de conocimiento público, debe ser publicitada, anunciada, divulgada y pregonada, para que si alguien se ve afectado y no está de acuerdo con dicha ley la vete. Se deriva del principio moral de humanidad «obra con respecto a todo ser racional – ya se trate de ti mismo o de cualquier otro – de tal modo que valga como fin en sí y no meramente como un medio», y, por tanto, que, como persona, como ser racional, conozca la ley propuesta y decida si la aprueba o no.
La Constitución de la República de Guatemala proclama en su Capítulo Único, en el artículo primero, Protección a la persona, que “el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a su familia; su fin supremo es la realización del bien común.” El bien común no es el bien de la mayoría sino el bien para todos sin excepción. Y el único bien común que existe es garantizar el respeto a los derechos de cada ciudadano. Por eso el artículo segundo, Deberes del Estado, reza: “Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”
Dicho esto, y habiendo aclarado la diferencia entre república y democracia, podemos entender que ciertos grupos que presionan para evitar que el Ministerio Público proceda con su trabajo están a la vez intentando destruir la república. Persiguen impunidad para el Grupo Semilla y sus cómplices, violando así el principio de igualdad jurídica. ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Carlos Pineda y el partido Prosperidad Ciudadana? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Jordán Rodas y Thelma Cabrera del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Roberto Arzú García-Ganados y el partido Podemos? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente al expresidente Alfonso Portillo? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Manuel Baldizón?
Como no nos place que traten a miembros del Grupo Semilla o del Tribunal Supremo Electoral o del Registro igual que a todo otro ciudadano, exigimos que renuncien la Fiscal General Consuelo Porras, el Jefe de la FECI, el fiscal José Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, dicen.
El sábado 26 de agosto un grupo de 12 expresidente de distintos Colegios Profesionales de Guatemala, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra de la fiscal general Consuelo Porras y la Corte Suprema de Justicia, reclamando el cese de cualquier persecución penal, antejuicio requerimiento de información o citaciones, por cualquier motivo por parte del MP y la CSJ, contra cualquier magistrado, funcionario, trabajador o miembro de las Juntas Receptoras de votos, Junta Electorales Municipales o departamentales, de digitadores, cuerpo de revisores y demás. Dicen que las acciones del MP “impiden que el presente proceso electoral, se concluya y que, de no llegarse a concluir, por esas acciones legales, indudablemente incidirá negativamente en la realización del bien común”. ¿Cómo puede ir en contra del bien común el averiguar si se cometió ilegalidades o no? Digan lo que digan, lo que persiguen estos 12 expresidentes de distintos Colegios Profesionales es destruir la república. Pretenden impedir que el aparato de justicia haga su trabajo por no satisfacer sus intereses privados.
Como no nos gusta que se aplique la ley a los miembros de nuestro grupo favorito y a sus cómplices, reclamamos que paren la persecución penal por cualquier motivo, dicen.
Así mismo, este sábado 26 de agosto se reunieron en Totonicapán diversos representantes de organizaciones indígenas del Occidente de Guatemala para exigirle a los organismos de Estados que destituyan a la fiscal general de la República, Consuelo Porras y al juez, Fredy Orellana, por considerar que con sus acciones han puesto en riesgo la democracia en el país y la alternancia en el poder por medio de las Elecciones Generales 2023. Digan lo que digan, es evidente que intentan inutilizar el principio de dependencia de todos los miembros de la república a un sistema común de leyes como súbditos de la ley que aplica a todos sin excepción, es decir, el principio de que nadie está por encima de la ley. Pretenden que la voluntad del 26% de los ciudadanos aptos para votar esté por encima de la ley, por encima de la justicia, y que por tanto exima a los supuestos delincuentes del grupo Semilla y sus cómplices de toda culpa.
Como no nos agrada que se investiguen y hagan pagar por sus delitos a los delincuentes si estos gozan de nuestra simpatía, exigimos que destituyan a quienes aplican la ley, dicen.
Así que, digan lo que digan, el propósito de conseguir la desigualdad jurídica consiguiendo privilegios, el intento de pasar por encima de la ley, y la intención de asegurar la impunidad de los delincuentes es procurar la destrucción de la república. Pero en la república la ley debe prevalecer por encima de todo. El derecho de los seres humanos tiene que ser mantenido como sagrado. En la república de Guatemala falsificar firmas es un delito y por tanto, no puede uno falsificar firmas y en seguida exigir la renuncia de quienes lo investigan a uno.
Que reine la justicia y que también paguen todos los granujas que deben.
Digan lo que digan
Así que, digan lo que digan, el propósito de conseguir la desigualdad jurídica consiguiendo privilegios, el intento de pasar por encima de la ley, y la intención de asegurar la impunidad de los delincuentes es procurar la destrucción de la república.
Las elecciones terminaron y con estas el periodo de amparo concedido por las Cortes. Ahora el Ministerio Público puede proseguir con sus investigaciones. Y así debe ser. Porque Guatemala es una república. No es una monarquía. No es una aristocracia. No es una democracia, aunque algunos crean que sí. La monarquía o autocracia es donde una persona posee el poder dominante, la aristocracia es donde algunas personas poseen el poder dominante, y la democracia es donde todas las personas poseen el poder dominante. Las tres son despóticas, es decir, su forma de gobierno es en la que el Estado arbitrariamente ejecuta decretos que se ha dado a sí mismo. Rige la voluntad del gobernante. De tal manera ejecutará la voluntad pública en tanto sea la misma que la voluntad privada del gobernante, o sea, de acuerdo con sus deseos, al fin que pretendan conseguir. Dicho de otro modo, los gobernantes gozan de autoridad absoluta no limitada por leyes ni por control constitucional alguno. La democracia es, en el sentido correcto del término, necesariamente despotismo, porque establece un poder ejecutivo en el que todos toman decisiones para y, si necesario, contra cualquier individuo que no esté de acuerdo con el resto. Ello constituye una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad de todos que a su vez no son todos.
La república, por el contrario, es un gobierno constitucional, donde rigen las leyes, es una nomocracia para proteger la libertad, la vida y propiedad de los ciudadanos. El gobierno republicano se basa en el principio político de la separación del poder ejecutivo del poder legislativo. De esta manera quien hace las leyes no es quien las ejecuta y no puede adaptarlas a fines personales, por lo que debe hacerlas generales y universales. Quien ejecuta las leyes no las hizo y por lo mismo éstas no obedecen a sus fines privados.
La constitución republicana se fundamenta, primero, de acuerdo con los principios de la libertad de los miembros de una sociedad (como seres humanos racionales, es decir, como personas que pueden deliberar y actuar según consideren conveniente); segundo, de acuerdo con el principio de dependencia de todos sus miembros a un sistema común de leyes (como súbditos de la ley que aplica a todos sin excepción, es decir, nadie está por encima de la ley); y, tercero, de acuerdo con la ley de igualdad de sus miembros (como ciudadanos que no pueden vincular jurídicamente a otro sin someterse ellos mismos a la ley y poder ser, así mismo, obligados a su vez.)
La libertad externa, política jurídica, es la autoridad de no obedecer ninguna ley externa a la que no haya podido dar uno su consentimiento. Se deriva de su concepto moral de autonomía, que comprende que la persona se muestra libre al poder formular leyes o imperativos morales para voluntariamente regir su conducta según lo correcto, según su propia razón y no obedeciendo a sus inclinaciones, emociones o caprichos. El principio de autonomía garantiza su libertad al obedecerse a sí mismo y no estar sujeto a la voluntad arbitraria de otros según el principio de heteronomía.
La igualdad externa (jurídica) dentro de un Estado, se deriva del principio moral o imperativo categórico de universalidad que exige «obrar según una máxima que contenga a la vez dentro de sí su propia validez universal para todo ser racional».
La ley debe ser de conocimiento público, debe ser publicitada, anunciada, divulgada y pregonada, para que si alguien se ve afectado y no está de acuerdo con dicha ley la vete. Se deriva del principio moral de humanidad «obra con respecto a todo ser racional – ya se trate de ti mismo o de cualquier otro – de tal modo que valga como fin en sí y no meramente como un medio», y, por tanto, que, como persona, como ser racional, conozca la ley propuesta y decida si la aprueba o no.
La Constitución de la República de Guatemala proclama en su Capítulo Único, en el artículo primero, Protección a la persona, que “el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a su familia; su fin supremo es la realización del bien común.” El bien común no es el bien de la mayoría sino el bien para todos sin excepción. Y el único bien común que existe es garantizar el respeto a los derechos de cada ciudadano. Por eso el artículo segundo, Deberes del Estado, reza: “Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”
Dicho esto, y habiendo aclarado la diferencia entre república y democracia, podemos entender que ciertos grupos que presionan para evitar que el Ministerio Público proceda con su trabajo están a la vez intentando destruir la república. Persiguen impunidad para el Grupo Semilla y sus cómplices, violando así el principio de igualdad jurídica. ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Carlos Pineda y el partido Prosperidad Ciudadana? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Jordán Rodas y Thelma Cabrera del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Roberto Arzú García-Ganados y el partido Podemos? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente al expresidente Alfonso Portillo? ¿Por qué debería el Grupo Semilla ser tratado diferente a Manuel Baldizón?
Como no nos place que traten a miembros del Grupo Semilla o del Tribunal Supremo Electoral o del Registro igual que a todo otro ciudadano, exigimos que renuncien la Fiscal General Consuelo Porras, el Jefe de la FECI, el fiscal José Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, dicen.
El sábado 26 de agosto un grupo de 12 expresidente de distintos Colegios Profesionales de Guatemala, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra de la fiscal general Consuelo Porras y la Corte Suprema de Justicia, reclamando el cese de cualquier persecución penal, antejuicio requerimiento de información o citaciones, por cualquier motivo por parte del MP y la CSJ, contra cualquier magistrado, funcionario, trabajador o miembro de las Juntas Receptoras de votos, Junta Electorales Municipales o departamentales, de digitadores, cuerpo de revisores y demás. Dicen que las acciones del MP “impiden que el presente proceso electoral, se concluya y que, de no llegarse a concluir, por esas acciones legales, indudablemente incidirá negativamente en la realización del bien común”. ¿Cómo puede ir en contra del bien común el averiguar si se cometió ilegalidades o no? Digan lo que digan, lo que persiguen estos 12 expresidentes de distintos Colegios Profesionales es destruir la república. Pretenden impedir que el aparato de justicia haga su trabajo por no satisfacer sus intereses privados.
Como no nos gusta que se aplique la ley a los miembros de nuestro grupo favorito y a sus cómplices, reclamamos que paren la persecución penal por cualquier motivo, dicen.
Así mismo, este sábado 26 de agosto se reunieron en Totonicapán diversos representantes de organizaciones indígenas del Occidente de Guatemala para exigirle a los organismos de Estados que destituyan a la fiscal general de la República, Consuelo Porras y al juez, Fredy Orellana, por considerar que con sus acciones han puesto en riesgo la democracia en el país y la alternancia en el poder por medio de las Elecciones Generales 2023. Digan lo que digan, es evidente que intentan inutilizar el principio de dependencia de todos los miembros de la república a un sistema común de leyes como súbditos de la ley que aplica a todos sin excepción, es decir, el principio de que nadie está por encima de la ley. Pretenden que la voluntad del 26% de los ciudadanos aptos para votar esté por encima de la ley, por encima de la justicia, y que por tanto exima a los supuestos delincuentes del grupo Semilla y sus cómplices de toda culpa.
Como no nos agrada que se investiguen y hagan pagar por sus delitos a los delincuentes si estos gozan de nuestra simpatía, exigimos que destituyan a quienes aplican la ley, dicen.
Así que, digan lo que digan, el propósito de conseguir la desigualdad jurídica consiguiendo privilegios, el intento de pasar por encima de la ley, y la intención de asegurar la impunidad de los delincuentes es procurar la destrucción de la república. Pero en la república la ley debe prevalecer por encima de todo. El derecho de los seres humanos tiene que ser mantenido como sagrado. En la república de Guatemala falsificar firmas es un delito y por tanto, no puede uno falsificar firmas y en seguida exigir la renuncia de quienes lo investigan a uno.
Que reine la justicia y que también paguen todos los granujas que deben.