¿Guerra contra las drogas?
No podemos esperar mucho tiempo. El crimen transnacional se vuelve cada vez más fuerte, más astuto y más ágil.
En 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le declaró la guerra a las drogas, impulsado por el aumento de la criminalidad y deterioro social. La “War on Drugs” de Nixon se basaba en medidas legislativas estrictas, el combate a la producción, distribución y consumo de drogas. Muchos cuestionan la eficacia de las acciones de Nixon, ya que su enfoque no estuvo en la prevención o tratamiento. Hace varios años participé en la Comisión de Políticas de Drogas para Guatemala. En aquella época, varios de los integrantes proponían estrategias de descriminalización. Sin embargo, por experiencias en otros países, vemos que eso tampoco es la panacea. ¿Cuál debería ser la postura de los gobiernos de Latinoamérica en esta “guerra contra las drogas”?
Tomemos el ejemplo de Portugal. En 2000, Portugal despenalizó el consumo de drogas. Esto trajo consigo reducciones en la población carcelaria, la tasa de VIH y el consumo de drogas como heroína y cocaína (de 1 por ciento a 0.3 por ciento). Pero lo interesante es que Portugal estableció incentivos para buscar ayuda. Esto significa que cualquier persona sorprendida usando drogas, tiene la opción de ser enviada a una comisión especial en donde recibe tratamiento gratuito. Si en dado caso, esta persona no coopera o muestra problemas graves, puede ser sancionada de diferentes formas. Portugal dejó de tratar a los drogodependientes como delincuentes, sino que les incluyó en el sistema de salud para atender sus enfermedades. Sin embargo, Portugal enfrenta ahora desafíos, ya que las autoridades han disminuido la atención a personas con problemas de adicción y la inversión en tratamientos.
Lo cierto es que el consumo de drogas en Estados Unidos cada vez es mayor, el panorama ha empeorado con la popularización de drogas sintétitcas como el fentanylo. Mientras tanto, la oferta incrementa para satisfacer la demanda insaciable. La producción de cocaína (en Colombia y Perú) se ha disparado y en 2021 incrementó por séptimo año consecutivo, alcanzando las 2,304 toneladas. Para entender la enormidad de esta cifra, equivale a más de 100 dosis de cocaína por año por cada persona adulta de Estados Unidos (obvio que no toda la droga llega a su destino final ni toda va para Estados Unidos, pero es para tener un punto de comparación). Lamentablemente, la tasa de muertes por sobredosis en Estados Unidos ha pasado de 6.2 por 100,000 habitantes, a 32.3 en 2023. El Centro Nacional de Estadísticas sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos, ha estimado que año con año estas muertes por sobredosis incrementan un 30 por ciento.
En Latinoamérica, los gobiernos han adoptado diferentes posturas ya que cada país tiene realidades muy distintas. Unos como productores, otros como países de tránsito, otros como consumidores. Uruguay y México, han despenalizado el uso recreativo y medicinal de la marihuana. Sin embargo, Colombia ha rechazado este tipo de propuestas (Casi el 80 por ciento de los colombianos desaprueba la legalización o despenalización de drogas). En Brasil, a pesar de la simpatía del presidente Lula da Silva a este tema, la oposición pública impide avances. En Argentina, aunque el ahora presidente Javier Milei respaldó la legalización durante la campaña, las preocupaciones sobre el crimen relacionado con las drogas limitan la posibilidad de avanzar con esta agenda. ¿Cuál debería de ser la postura? ¿Tenemos una respuesta? ¿Sabemos qué problema es el que estamos resolviendo?
Un país de tránsito
En cuanto a nuestro país, la situación es muy peculiar. Somos un país de tránsito, por lo que cada “clan” establece y protege sus rutas: colocando alcaldes afines o hasta colocándose como alcaldes, invadiendo tierras y armando pistas de aterrizaje clandestinas. Buscan protecciones desde las fuerzas de seguridad pública, comprando inmunidad en las cortes y negociando todo tipo de privilegios. También enfrentamos problemas relacionados con el lavado de dinero. Este tránsito de drogas y demás negocios conexos representa una sofisticada economía ilícita la cual se ha convertido en el principal cáncer corruptor de nuestro país y sus instituciones. A todo esto, nuestro país ha tenido un enfoque en “erradicación”, bajo el lema “Por una Guatemala sin drogas”. Sin embargo, los últimos datos de la Organización Mundial de Salud, indican que la tasa de mortalidad por drogas es de 1.89 por cada 100,000 habitantes, afortunadamente 17 veces menor que la de Estados Unidos. Me pregunto, ¿cuál es realmente el problema que queremos resolver? Yo diría mejor: “por una Guatemala sin cooptación del narco”.
Es urgente abordar el problema del narcotráfico en nuestro país. Una recomendación para hacerlo es seguir la ruta del dinero. Debemos crear esquemas que permitan bancarizar los flujos y dar mayor trazabilidad a los fondos. También es necesario auditar gastos de campañas políticas, para identificar la procedencia de los fondos. Tan solo esta semana se anunciaron indicios de financiamiento del narcotráfico a las campañas de los actuales Presidentes de Colombia y México. Recordemos que desde el 2015 la controvertida CICIG estimaba que más del 50 por ciento del financiamiento político provenía de fuentes criminales. Las reformas posteriores solo dificultaron aún más el financiamiento de fuentes lícitas. Por último, es importante también impulsar campañas de comunicación para que las personas denuncien crímenes relacionados al tráfico de ilícitos. Un mecanismo confiable y certero para hacerlo es Crime Stoppers Guatemala (Al teléfono 1561).
No podemos esperar mucho tiempo. El crimen transnacional se vuelve cada vez más fuerte, más astuto y más ágil. Hace dos semanas escribí sobre cómo en Ecuador (siendo un país con una ubicación clave para el tránsito de ilícitos, igual que Guatemala) se ha infiltrado el narco y el crimen organizado, causando pánico en toda la nación. Necesitamos actuar. Necesitamos impulsar políticas efectivas, acompañadas de esfuerzos por adoptar una cultura de legalidad. Los países consumidores deben asumir el rol que les toca al crear esta vorágine de demanda. Entre todos, ojalá podamos librar a nuestra política y nuestras instituciones del agarre de estrangulamiento que las subyuga al narcotráfico.
¿Guerra contra las drogas?
No podemos esperar mucho tiempo. El crimen transnacional se vuelve cada vez más fuerte, más astuto y más ágil.
En 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, le declaró la guerra a las drogas, impulsado por el aumento de la criminalidad y deterioro social. La “War on Drugs” de Nixon se basaba en medidas legislativas estrictas, el combate a la producción, distribución y consumo de drogas. Muchos cuestionan la eficacia de las acciones de Nixon, ya que su enfoque no estuvo en la prevención o tratamiento. Hace varios años participé en la Comisión de Políticas de Drogas para Guatemala. En aquella época, varios de los integrantes proponían estrategias de descriminalización. Sin embargo, por experiencias en otros países, vemos que eso tampoco es la panacea. ¿Cuál debería ser la postura de los gobiernos de Latinoamérica en esta “guerra contra las drogas”?
Tomemos el ejemplo de Portugal. En 2000, Portugal despenalizó el consumo de drogas. Esto trajo consigo reducciones en la población carcelaria, la tasa de VIH y el consumo de drogas como heroína y cocaína (de 1 por ciento a 0.3 por ciento). Pero lo interesante es que Portugal estableció incentivos para buscar ayuda. Esto significa que cualquier persona sorprendida usando drogas, tiene la opción de ser enviada a una comisión especial en donde recibe tratamiento gratuito. Si en dado caso, esta persona no coopera o muestra problemas graves, puede ser sancionada de diferentes formas. Portugal dejó de tratar a los drogodependientes como delincuentes, sino que les incluyó en el sistema de salud para atender sus enfermedades. Sin embargo, Portugal enfrenta ahora desafíos, ya que las autoridades han disminuido la atención a personas con problemas de adicción y la inversión en tratamientos.
Lo cierto es que el consumo de drogas en Estados Unidos cada vez es mayor, el panorama ha empeorado con la popularización de drogas sintétitcas como el fentanylo. Mientras tanto, la oferta incrementa para satisfacer la demanda insaciable. La producción de cocaína (en Colombia y Perú) se ha disparado y en 2021 incrementó por séptimo año consecutivo, alcanzando las 2,304 toneladas. Para entender la enormidad de esta cifra, equivale a más de 100 dosis de cocaína por año por cada persona adulta de Estados Unidos (obvio que no toda la droga llega a su destino final ni toda va para Estados Unidos, pero es para tener un punto de comparación). Lamentablemente, la tasa de muertes por sobredosis en Estados Unidos ha pasado de 6.2 por 100,000 habitantes, a 32.3 en 2023. El Centro Nacional de Estadísticas sobre Abuso de Drogas de Estados Unidos, ha estimado que año con año estas muertes por sobredosis incrementan un 30 por ciento.
En Latinoamérica, los gobiernos han adoptado diferentes posturas ya que cada país tiene realidades muy distintas. Unos como productores, otros como países de tránsito, otros como consumidores. Uruguay y México, han despenalizado el uso recreativo y medicinal de la marihuana. Sin embargo, Colombia ha rechazado este tipo de propuestas (Casi el 80 por ciento de los colombianos desaprueba la legalización o despenalización de drogas). En Brasil, a pesar de la simpatía del presidente Lula da Silva a este tema, la oposición pública impide avances. En Argentina, aunque el ahora presidente Javier Milei respaldó la legalización durante la campaña, las preocupaciones sobre el crimen relacionado con las drogas limitan la posibilidad de avanzar con esta agenda. ¿Cuál debería de ser la postura? ¿Tenemos una respuesta? ¿Sabemos qué problema es el que estamos resolviendo?
Un país de tránsito
En cuanto a nuestro país, la situación es muy peculiar. Somos un país de tránsito, por lo que cada “clan” establece y protege sus rutas: colocando alcaldes afines o hasta colocándose como alcaldes, invadiendo tierras y armando pistas de aterrizaje clandestinas. Buscan protecciones desde las fuerzas de seguridad pública, comprando inmunidad en las cortes y negociando todo tipo de privilegios. También enfrentamos problemas relacionados con el lavado de dinero. Este tránsito de drogas y demás negocios conexos representa una sofisticada economía ilícita la cual se ha convertido en el principal cáncer corruptor de nuestro país y sus instituciones. A todo esto, nuestro país ha tenido un enfoque en “erradicación”, bajo el lema “Por una Guatemala sin drogas”. Sin embargo, los últimos datos de la Organización Mundial de Salud, indican que la tasa de mortalidad por drogas es de 1.89 por cada 100,000 habitantes, afortunadamente 17 veces menor que la de Estados Unidos. Me pregunto, ¿cuál es realmente el problema que queremos resolver? Yo diría mejor: “por una Guatemala sin cooptación del narco”.
Es urgente abordar el problema del narcotráfico en nuestro país. Una recomendación para hacerlo es seguir la ruta del dinero. Debemos crear esquemas que permitan bancarizar los flujos y dar mayor trazabilidad a los fondos. También es necesario auditar gastos de campañas políticas, para identificar la procedencia de los fondos. Tan solo esta semana se anunciaron indicios de financiamiento del narcotráfico a las campañas de los actuales Presidentes de Colombia y México. Recordemos que desde el 2015 la controvertida CICIG estimaba que más del 50 por ciento del financiamiento político provenía de fuentes criminales. Las reformas posteriores solo dificultaron aún más el financiamiento de fuentes lícitas. Por último, es importante también impulsar campañas de comunicación para que las personas denuncien crímenes relacionados al tráfico de ilícitos. Un mecanismo confiable y certero para hacerlo es Crime Stoppers Guatemala (Al teléfono 1561).
No podemos esperar mucho tiempo. El crimen transnacional se vuelve cada vez más fuerte, más astuto y más ágil. Hace dos semanas escribí sobre cómo en Ecuador (siendo un país con una ubicación clave para el tránsito de ilícitos, igual que Guatemala) se ha infiltrado el narco y el crimen organizado, causando pánico en toda la nación. Necesitamos actuar. Necesitamos impulsar políticas efectivas, acompañadas de esfuerzos por adoptar una cultura de legalidad. Los países consumidores deben asumir el rol que les toca al crear esta vorágine de demanda. Entre todos, ojalá podamos librar a nuestra política y nuestras instituciones del agarre de estrangulamiento que las subyuga al narcotráfico.