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Siete personas ligadas por ser sospechosas de pagar comisiones ilegales a militares

Glenda Sanchez
08 de octubre, 2018

Siete personas fueron ligadas a proceso por ser sospechosas de pagar comisiones ilegales a un grupo de militares para poder obtener contratos o trabajos en la Industria Militar durante el período 2008 al 2011. 

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia  Penal  estimó que existían suficientes medios de investigación para que enfrenten proceso penal Moisés Israel Santiesteban Fuentes, Manuel Antonio Pivaral Pérez, Ernesto Arturo Zamora Cruz, por el delito de cohecho activo.

Mientras que por el delito de peculado, Henry Danilo Morales Cifuentes, Xiomara Carolina Orellana Meza, Miguel Ambrosio Azurdia y Antonio Benjamín Contreras Barrios. 

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Sospechosos con medidas sustitutiva 

“A todos los acusados se les otorgó las medidas sustitutivas de prohibición de salir del país, comunicarse entre ellos, y con los funcionarios de Industria Militar (ligados a proceso)”, informó el Ministerio Público. 

Además deberán presentarse cada 15 días al registro biométrico del Ministerio Público. 

La investigación preliminar estableció que un grupo de militares -ligados a proceso por la sustracción de fondos de la Industria Militar-, recibieron mediante cheques y otros pagos al menos Q1 millón 827 mil  de comisiones por la adjudicación de contratos a favor de los empresarios.

El juzgado fijó dos meses para que la Fiscalía concluya la investigación y presente la acusación formal contra los empresarios.

MP y CICIG coordinaron operativos por caso de corrupción relacionado a la Industria Militar. Foto: MP

Antecedentes
Por este caso el pasado 8 de junio fueron ligados a proceso los militares retirados: Jorge Arturo Vega Chávez, José Alfredo Cotzojay Chajón, Byron Manuel Santos Galindo, Carlos Geovani Mejía Girón y Rolando Enrique Hernández González, sindicados de sustraer Q23 mil 402 de la Industria Militar entre el 2008 al 2011.

Dicha suma de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas en su mayoría en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad.

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