El negocio de la medicinas en Guatemala “llora sangre” y es que durante las últimas dos administraciones gubernamentales se supo de la incidencia que tienen las compañías farmacéuticas en el Gobierno Central con el objetivo de mantener los contratos abiertos y el suministro de medicamentos que adquiere el Estado.
Gustavo Alejos es uno de los primeros en caer, tiene orden de captura y el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) lo acusan de Tráfico de Influencias, Asociación Ilícita y Cohecho Activo y actualmente el exgerente de la compañía J.I. Cohen se encuentra prófugo de la justicia. Junto a Alejos también se identifica a Fernando Jarquín de Agefinsa como los dos alfiles que en los últimos años, lograron acaparar la compra de medicamentos. Este último no ha sido mencionado en las investigaciones de los entes de investigación.
El poder de Alejos fue evidente durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) momento en que desempeñó el puesto de Secretario Privado de la Presidencia tras haber financiado la campaña a la presidencia de dicho partido.
El portal de Guatecompras reporta que durante el Gobierno de la UNE, J.I. Cohen fue beneficiada con 2,940 adjudicaciones en contratos por más de Q485.9 millones. La incursión de los Alejos en política llegó de la mano con su hermano Roberto Alejos, quien fue presidente de ese organismo durante tres años consecutivos.
En el portal Guatecompras también aparecen las adjudicaciones de J.I. Cohen S.A. que del 2009 al 2015 se le han adjudicado 8,414 contratos por un monto de Q1,108.9 millones.
Luego de financiar a la UNE, Gustavo sostuvo las actividades de la Gran Alianza Nacional (Gana) mientras era dirigida por Jaime Martínez y Manuel Barquín, diputados involucrados en el caso “Lavado y Política” y también dotó de vivienda en alquiler al expresidente Otto Pérez Molina en la zona 15, lugar que reune todas las condiciones para alojar a un mandatario.
Según una entrevista publicada en julio de este año, Alejos mencionó que hubo presión para que la farmacéutica que el representaba se alejara de la política y manifestó: “La empresa J.I. Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político. Y por esa razón publicó un comunicado en la prensa por medio del cual la compañía informó que era ajena a cualquier partido político”.
Uno de los contratos abiertos vigentes data de 2005 y se estima que anualmente J.I. Cohen recibió unos Q214.5 millones para ser renovado contínuamente y lleva una década de estar vigente.
Según el Movimiento Cívico Nacional Gustavo Alejos amansó una fortuna a raíz del negocio de la venta de medicinas al Estado, que sería alrededor de Q1,481 millones (US$180 millones). Ha invertido en la compra de yates, naves aéreas e inmuebles lujosos entre otros.
Los Jarquín y la política
Otro alfil de las empresas farmacéuticas es Fernando Jarquín Pira, financista del Partido Patriota (PP), propietario y representante legal de la Agencia Farmacéutica Internacional S.A. (Agefinsa), la cual fue beneficiada el año pasado con tres licitaciones en el IGSS. La compañía en mención pasó de vender Q1.4 millones en el 2007 a Q46 millones en el 2008. Según el portal de Guatecompras, la farmacéutica Agefinsa fue beneficiada con 8,695 contratos por un monto de Q1,282.3 millones del 2004 al 2015.
La familia Jarquín era la propietaria de la finca La Montagna, ubicada en Tecpán, Chimaltenango (cuyo valor oscilaría entre los Q25.6 millones y Q38.4 millones), que pasó a ser propiedad de Roxana Baldetti. Ella aseguró que no conocía a Fernando, manifestó conocer a Luis Eduardo, hermano de aquel y ex gerente general de Agefinsa, es más, él le presentó a su esposo Mariano Paz.
Guatecompras, 8,695 contratos por un monto de Q1,282.3 millones para farmacéutica Agefinsa del 2004 al 2015
El seguro social adquirió los medicamentos Gliclazida, Indapamina y Metformina por un valor de Q94 millones el año pasado y Agefinsa fue el único oferente. Una publicación de prensa indica que Iberfarma, la otra empresa propiedad de los Jarquín, también incrementó sus ventas al IGSS y es que de vender Q5.3 millones durante los cuatro años del gobierno de la UNE, pasó a facturar Q19 millones en 2013.
El campo de las medicinas seduce a otros políticos, según Gustavo Alejos el año pasado, cuando describió que Manuel Baldizón de Libertad Democrática Renovada (Lider) intentó abrir brecha con la impotación de con medicamentos genéricos provenientes de la India.
¿Cuándo empezó todo?
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, expuso que el caso de las medicinas “se volvió un gran negocio corrupto desde hace tres o cuatro gobiernos y eso dio lugar a que se establecieran redes muy poderosas de financiamiento político que coptaban a los futuros gobernantes con contratos millonarios”.
Describió que la principal característica era la sobrevaloración de los productos y al final, los presupuestos del IGSS, Ministerio de Salud Pública y del Hospital Militar terminaron alimentando dichas redes de corrupción. Se tiene conocimiento que los primeros casos a gran escala de este tipo se dieron durante la administración de Alfonso Portillo quien gobernó el país de 2000 a 2004.
Tras arreglar el sistema, venían incluso funcionarios de otros países para conocer el modelo de Guatemala, porque Arzú tiene entre sus méritos componerlo tras solicitarle favor a su ministro de Salud Marco Tulio Sosa que lo mejorara. “Entramos a competir todas las compañías en igualdad de condiciones, había una empresa que se llamaba Suifco pero en el segundo año del presente Portillo se le vence el contrato a esta empresa y la retiran. Ahí empezaron los problemas, cuando en esos negocios se empieza a meter la política”, describió.
“Le ponen los famosos dobles asteriscos y con eso se marcó algunos productos que sólo ellos los pueden vender, es una competencia desleal porque se utilizan argucias políticas”, finalizó.
“Es una mafia”
Rodrigo Arenas, dirigente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) lo describe de esta manera: “Lamentablemente quienes nos gobernaron desde el 2000 al 2015 hicieron de la política un negocio. Obviamente como políticos no tenían las capacidades de hacer los negocios directamente y buscaron individuos con acceso a empresas para hacerlos”.
El experto afirmó que este tipo de personajes no son empresarios, porque no generan valor, son políticos corruptos que compran medicina en diez centavos y la venden en Q10, situación que también se observa en otros contratos, como los pasaportes, licencias, construcción de escuelas y centros de salud.
La parlamentaria describió que esto viene de varios gobiernos atrás, “pero nunca se imaginaron que íbamos a luchar tanto por la aprobación de la Ley de Contrataciones del Estado”, comentó. La apuesta es trabajar a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca), instancia política del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que tiene como propósito la rectoría del Sector Salud Regional y aplicar el sistema de subasta inversa.
El poder de estas mafias es tan poderoso que la diputada denuncia que ha sido objeto de campaña negra y otros tipos de intimidación, pero como dice Rodas de la Gremial de Farmacéuticos, ella es la única que los ha escuchado estos años y lucha contra este tipo de negociantes en el Congreso.
El negocio de la medicinas en Guatemala “llora sangre” y es que durante las últimas dos administraciones gubernamentales se supo de la incidencia que tienen las compañías farmacéuticas en el Gobierno Central con el objetivo de mantener los contratos abiertos y el suministro de medicamentos que adquiere el Estado.
Gustavo Alejos es uno de los primeros en caer, tiene orden de captura y el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) lo acusan de Tráfico de Influencias, Asociación Ilícita y Cohecho Activo y actualmente el exgerente de la compañía J.I. Cohen se encuentra prófugo de la justicia. Junto a Alejos también se identifica a Fernando Jarquín de Agefinsa como los dos alfiles que en los últimos años, lograron acaparar la compra de medicamentos. Este último no ha sido mencionado en las investigaciones de los entes de investigación.
El poder de Alejos fue evidente durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) momento en que desempeñó el puesto de Secretario Privado de la Presidencia tras haber financiado la campaña a la presidencia de dicho partido.
El portal de Guatecompras reporta que durante el Gobierno de la UNE, J.I. Cohen fue beneficiada con 2,940 adjudicaciones en contratos por más de Q485.9 millones. La incursión de los Alejos en política llegó de la mano con su hermano Roberto Alejos, quien fue presidente de ese organismo durante tres años consecutivos.
En el portal Guatecompras también aparecen las adjudicaciones de J.I. Cohen S.A. que del 2009 al 2015 se le han adjudicado 8,414 contratos por un monto de Q1,108.9 millones.
Luego de financiar a la UNE, Gustavo sostuvo las actividades de la Gran Alianza Nacional (Gana) mientras era dirigida por Jaime Martínez y Manuel Barquín, diputados involucrados en el caso “Lavado y Política” y también dotó de vivienda en alquiler al expresidente Otto Pérez Molina en la zona 15, lugar que reune todas las condiciones para alojar a un mandatario.
Según una entrevista publicada en julio de este año, Alejos mencionó que hubo presión para que la farmacéutica que el representaba se alejara de la política y manifestó: “La empresa J.I. Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político. Y por esa razón publicó un comunicado en la prensa por medio del cual la compañía informó que era ajena a cualquier partido político”.
Uno de los contratos abiertos vigentes data de 2005 y se estima que anualmente J.I. Cohen recibió unos Q214.5 millones para ser renovado contínuamente y lleva una década de estar vigente.
Según el Movimiento Cívico Nacional Gustavo Alejos amansó una fortuna a raíz del negocio de la venta de medicinas al Estado, que sería alrededor de Q1,481 millones (US$180 millones). Ha invertido en la compra de yates, naves aéreas e inmuebles lujosos entre otros.
Los Jarquín y la política
Otro alfil de las empresas farmacéuticas es Fernando Jarquín Pira, financista del Partido Patriota (PP), propietario y representante legal de la Agencia Farmacéutica Internacional S.A. (Agefinsa), la cual fue beneficiada el año pasado con tres licitaciones en el IGSS. La compañía en mención pasó de vender Q1.4 millones en el 2007 a Q46 millones en el 2008. Según el portal de Guatecompras, la farmacéutica Agefinsa fue beneficiada con 8,695 contratos por un monto de Q1,282.3 millones del 2004 al 2015.
La familia Jarquín era la propietaria de la finca La Montagna, ubicada en Tecpán, Chimaltenango (cuyo valor oscilaría entre los Q25.6 millones y Q38.4 millones), que pasó a ser propiedad de Roxana Baldetti. Ella aseguró que no conocía a Fernando, manifestó conocer a Luis Eduardo, hermano de aquel y ex gerente general de Agefinsa, es más, él le presentó a su esposo Mariano Paz.
Guatecompras, 8,695 contratos por un monto de Q1,282.3 millones para farmacéutica Agefinsa del 2004 al 2015
El seguro social adquirió los medicamentos Gliclazida, Indapamina y Metformina por un valor de Q94 millones el año pasado y Agefinsa fue el único oferente. Una publicación de prensa indica que Iberfarma, la otra empresa propiedad de los Jarquín, también incrementó sus ventas al IGSS y es que de vender Q5.3 millones durante los cuatro años del gobierno de la UNE, pasó a facturar Q19 millones en 2013.
El campo de las medicinas seduce a otros políticos, según Gustavo Alejos el año pasado, cuando describió que Manuel Baldizón de Libertad Democrática Renovada (Lider) intentó abrir brecha con la impotación de con medicamentos genéricos provenientes de la India.
¿Cuándo empezó todo?
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, expuso que el caso de las medicinas “se volvió un gran negocio corrupto desde hace tres o cuatro gobiernos y eso dio lugar a que se establecieran redes muy poderosas de financiamiento político que coptaban a los futuros gobernantes con contratos millonarios”.
Describió que la principal característica era la sobrevaloración de los productos y al final, los presupuestos del IGSS, Ministerio de Salud Pública y del Hospital Militar terminaron alimentando dichas redes de corrupción. Se tiene conocimiento que los primeros casos a gran escala de este tipo se dieron durante la administración de Alfonso Portillo quien gobernó el país de 2000 a 2004.
Tras arreglar el sistema, venían incluso funcionarios de otros países para conocer el modelo de Guatemala, porque Arzú tiene entre sus méritos componerlo tras solicitarle favor a su ministro de Salud Marco Tulio Sosa que lo mejorara. “Entramos a competir todas las compañías en igualdad de condiciones, había una empresa que se llamaba Suifco pero en el segundo año del presente Portillo se le vence el contrato a esta empresa y la retiran. Ahí empezaron los problemas, cuando en esos negocios se empieza a meter la política”, describió.
“Le ponen los famosos dobles asteriscos y con eso se marcó algunos productos que sólo ellos los pueden vender, es una competencia desleal porque se utilizan argucias políticas”, finalizó.
“Es una mafia”
Rodrigo Arenas, dirigente del Movimiento Cívico Nacional (MCN) lo describe de esta manera: “Lamentablemente quienes nos gobernaron desde el 2000 al 2015 hicieron de la política un negocio. Obviamente como políticos no tenían las capacidades de hacer los negocios directamente y buscaron individuos con acceso a empresas para hacerlos”.
El experto afirmó que este tipo de personajes no son empresarios, porque no generan valor, son políticos corruptos que compran medicina en diez centavos y la venden en Q10, situación que también se observa en otros contratos, como los pasaportes, licencias, construcción de escuelas y centros de salud.
La parlamentaria describió que esto viene de varios gobiernos atrás, “pero nunca se imaginaron que íbamos a luchar tanto por la aprobación de la Ley de Contrataciones del Estado”, comentó. La apuesta es trabajar a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca), instancia política del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que tiene como propósito la rectoría del Sector Salud Regional y aplicar el sistema de subasta inversa.
El poder de estas mafias es tan poderoso que la diputada denuncia que ha sido objeto de campaña negra y otros tipos de intimidación, pero como dice Rodas de la Gremial de Farmacéuticos, ella es la única que los ha escuchado estos años y lucha contra este tipo de negociantes en el Congreso.