Ciudadanos abogados presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la amenaza de la ruptura y orden constitucional y democrático en Guatemala. 

• El analista, Edgar Ortiz, fungió como vocero del grupo frente a la sede de la máxima corte constitucional la mañana del viernes 6 de octubre. 

Qué destacar. Los ponentes consideraron que la CC "no ha tenido oportunidad, hasta hoy, de conocer el fondo de las acciones que causan la crisis en Guatemala". 

• Los hechos que mencionaron fueron los ocurridos 12 de julio con el intento de cancelación del partido Movimiento Semilla y el uso arbitrario y abusivo de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
• También el abuso de los mecanismos de investigación penal contra el proceso electoral y los allanamientos a las sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
• "Estos hechos concatenados ponen en riesgo la transición democrática y el orden constitucional", justificó el Ortiz. 

 Lo indispensable. El acto que reclaman los abogados a la CC es que "ejerza la función que le asigna el artículo 268, relacionado con la defensa del orden constitucional. 

• Recordaron que la CC, en graves momentos nacionales, "ha reconocido que el mandato constitucional y la legitimidad del orden democrático le corresponde a la CC". 
• Esa postura, dijeron, la mantuvo la máxima corte en la crisis del autogolpe de Estado, de Serrano Elías, en 1993, y la crisis por el fiscal general en 2010. 

En conclusión. Ortiz insistió en que lo único que piden es que la CC haga su trabajo. "Que pongan freno a las actitudes ilegales". 

• Y agregó: "La CC no ha sido contundente en su resolución", respecto a la competencia de que un juzgado ordinario conozca asuntos políticos.
• "Se ha escudado en el formalismo y ha esquivado resolver el fondo de las violaciones. Que sean recordados como ellos quieren, pero que se pronuncien", puntualizó.

Fisgón histórico. El 13 de septiembre, autoridades del TSE acudieron ante la Corte de Constitucionalidad, para presentar una "cuestión de competencia", pues buscaba aclarar si un juez penal tiene las facultades para cancelar o suspender un partido político.   

• Luego de recibir el pronunciamiento de siete de 29 partidos, la CC resolvió el 5 de octubre que un juez penal sí puede suspender la personalidad jurídica de una organización política como medida cautelar, siempre y cuando se haya incurrido en ilícitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.