Cacif considera necesario realizar 3 reformas a la Ley Electoral de Guatemala
Las reformas a la Ley Electoral deben aprobarse en el segundo periodo de sesiones del Congreso de la República y deben estar vigentes antes de la convocatoria a las Elecciones Generales de 2023.
El sector empresarial organizado de Guatemala, aglutinado en el Cacif, considera necesario realizar al menos tres reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que incluye mayor libertad para la participación política, quitar obstáculos para el financiamiento electoral lícito y permitir la pauta publicitaria sin afectar a los medios de comunicación.
"Un proceso electoral en nuestro país se considera exitoso cuando reúne las características de un evento participativo, transparente y legítimo; es decir, que sea fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos, expresado por medio del ejercicio de un voto libre", agrega el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Los cambios "mínimos" a la Ley Electoral deben facilitar "las condiciones de participación de los guatemaltecos en sus distintas formas y modalidades. Es oportuno que se tomen decisiones que contribuirán a fortalecer el proceso electoral", subraya el sector privado.
Las tres propuestas
Las reformas a la Ley Electoral deben aprobarse en el segundo periodo de sesiones del Congreso de la República y deben estar vigentes antes de la convocatoria a las Elecciones Generales de 2023. Por ello el sector privado hizo un llamado a agilizar el tema y con ello garantizar que los ciudadanos "conozcan mejor la oferta política de la contienda y decidan mejor".
- Deben garantizarse las condiciones de una amplia participación de los distintos proyectos partidarios cuidando que no se coarte la función de los partidos políticos de discutir y debatir los temas de la agenda pública por el riesgo de que puedan ser señalados equivocadamente de campaña anticipada. Esto significa también que se permita la competencia más plural posible de aquellos proyectos que cumplan con los requisitos que contempla nuestra ley.
- Es importante que, atendiendo a una buena práctica que ha tenido en procesos electorales anteriores, se efectúe una auditoría del padrón electoral, permitiendo así depurar adecuadamente el registro de los ciudadanos aptos para votar. Esta auditoría debe ser acordada por el Tribunal Supremo Electoral y realizada por una entidad técnica que esté debidamente acreditada para esta labor.
- Recomendamos hacer las previsiones necesarias por parte del Tribunal Supremo Electoral para formular con la antelación debida las invitaciones a las misiones de observación internacional, las cuales han contribuido, junto con las misiones nacionales, a la transparencia del proceso.
Cacif considera necesario realizar 3 reformas a la Ley Electoral de Guatemala
Las reformas a la Ley Electoral deben aprobarse en el segundo periodo de sesiones del Congreso de la República y deben estar vigentes antes de la convocatoria a las Elecciones Generales de 2023.
El sector empresarial organizado de Guatemala, aglutinado en el Cacif, considera necesario realizar al menos tres reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que incluye mayor libertad para la participación política, quitar obstáculos para el financiamiento electoral lícito y permitir la pauta publicitaria sin afectar a los medios de comunicación.
"Un proceso electoral en nuestro país se considera exitoso cuando reúne las características de un evento participativo, transparente y legítimo; es decir, que sea fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos, expresado por medio del ejercicio de un voto libre", agrega el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Los cambios "mínimos" a la Ley Electoral deben facilitar "las condiciones de participación de los guatemaltecos en sus distintas formas y modalidades. Es oportuno que se tomen decisiones que contribuirán a fortalecer el proceso electoral", subraya el sector privado.
Las tres propuestas
Las reformas a la Ley Electoral deben aprobarse en el segundo periodo de sesiones del Congreso de la República y deben estar vigentes antes de la convocatoria a las Elecciones Generales de 2023. Por ello el sector privado hizo un llamado a agilizar el tema y con ello garantizar que los ciudadanos "conozcan mejor la oferta política de la contienda y decidan mejor".
- Deben garantizarse las condiciones de una amplia participación de los distintos proyectos partidarios cuidando que no se coarte la función de los partidos políticos de discutir y debatir los temas de la agenda pública por el riesgo de que puedan ser señalados equivocadamente de campaña anticipada. Esto significa también que se permita la competencia más plural posible de aquellos proyectos que cumplan con los requisitos que contempla nuestra ley.
- Es importante que, atendiendo a una buena práctica que ha tenido en procesos electorales anteriores, se efectúe una auditoría del padrón electoral, permitiendo así depurar adecuadamente el registro de los ciudadanos aptos para votar. Esta auditoría debe ser acordada por el Tribunal Supremo Electoral y realizada por una entidad técnica que esté debidamente acreditada para esta labor.
- Recomendamos hacer las previsiones necesarias por parte del Tribunal Supremo Electoral para formular con la antelación debida las invitaciones a las misiones de observación internacional, las cuales han contribuido, junto con las misiones nacionales, a la transparencia del proceso.