La Audiencia Nacional aprobó extraditar a William Anthony Schwank López, reclamado por Guatemala en el caso de corrupción conocido como TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal). En este proceso son procesados los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El lunes la referida entidad española celebró una vista sobre el pedido de extradición por la supuesta implicación en un caso de sobornos por el que fueron procesados Pérez Molina y Baldetti.

En la audiencia, Schwank dijo no tener claros los hechos por los que se le reclama, y advirtió de una convulsa situación política en su país y de que "el juez Gálvez" que instruyó la causa por la que se pide su entrega se encuentra huido desde octubre pasado. Además, que los fiscales que estaban "a cargo de las acusaciones", uno también está en busca y captura y el otro detenido.

No quería volver a Guatemala

"Tengo miedo al mecanismo politizado de Guatemala", señaló por su temor de que "puede llegar otra revancha" dependiendo del resultado de las elecciones de este año en su país, al temer por su vida y porque no tendrá un juicio justo.

Asimismo, recordó que se puso a disposición judicial en España, con su "colaboración" con los fiscales del denominado caso Villarejo y su declaración ante el juez como testigo, "porque la oportunidad de ser escuchado no la iba a tener en Guatemala".

Su abogado criticó la "ausencia" de definición de los hechos por los que se le reclama y denunció la "lamentable" situación de las prisiones en Guatemala, con "grave riesgo" para su seguridad "tras colaborar con autoridades españolas en un procedimiento espejo", algo por lo que aseguró que su defendido recibió amenazas.

La Fiscalía manifestó que se dan los requisitos para la entrega, al no ver motivación política ni considerar prescritos los delitos, que en España serían análogos a los de pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude.

El señalado es reclamado por haber supuestamente recibido sobornos del naviero español Ángel Pérez Maura, investigado en un caso contra José Villarejo, un excomisario de la Policía española imputado en varios procesos.

A Pérez-Maura se le atribuye el pago de 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición, que finalmente se rechazó, tras ser acusado en Guatemala de sobornar al Gobierno guatemalteco con US$30 millones para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.

La comisión se pagó supuestamente entre 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta, entre otros, al parecer para que la naviera, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal, obtuviera de forma ilícita la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Por estos mismos hechos, Guatemala pide la entrega de Schwank López, detenido hace un año en Madrid, al que se le acusa de haber recibido US$900.000 "por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto".