La fiscal general María Consuelo Porras, ordenó investigar a las más altas autoridades del país, incluyendo a dos ministros y el titular de la Procuraduría General de la Nación, por el supuesto incumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), en relación con la vigencia del convenio de la CICIG y el trámite de antejucio contra tres magistrados de esa Corte.
La reacción de la jefa del Ministerio Público (MP), surge luego de una carta pública suscrita por varias organizaciones civiles, por medio de la cual solicitan a esa institución iniciar acciones penales contra el Presidente, Vicepresidente, ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como contra el Procurador General de la Nación.
La solicitud de estas organizaciones es porque a su criterio, los funcionarios no han acatado los fallos de la Corte de Constitucionalidad en una “flagrante desobediencia” y poniendo en “grave riesgo el Estado de Derecho” de Guatemala.
Se buscó la versión de los señalados por medio de los departamentos de Comunicación de esas dependencias, pero hasta el momento no han dado su opinión.
Solo la Procuraduría General de la Nación indicó que dejarán que el proceso siga su curso y que estarían atentos a las acciones del MP.
“De oficio y ante la carta abierta publicada por diversas personas y organizaciones sociales, instruyó a las fiscalías correspondientes iniciar las investigaciones respectivas a efecto de determinar la comisión de hechos delictivos, identificar a los responsables y tomar acciones necesarias de conformidad con la ley, en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad”, indica el MP.
La carta
La carta fue publicada el 27 de enero y está suscrita por organizaciones como CLDH, Famdegua, CONGOOP, Codeca, Fundatierra y Fundación Mirna Mack, entre otras.
Además, por personas como Ramón Cadena, Hellen Mack, Claudia Samayoa, Iduvina Hernández, Ricardo Barrientos, Jonathan Menkos, Virgilio Álvarez y Rigoberto Quemé, entre otros.
Comisión Pesquisidora debe suspender actividades
En el comunicado de la Fiscal General, también se indica que “con fundamento en lo establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, deben suspenderse las actividades de la Comisión Pesquisidora relativa a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad; de lo contrario, el Ministerio Público, de acuerdo a sus competencias, actuará de conformidad con la ley”.
En relación con este asunto, los Jefes de Bloque acordaron este lunes enviar la notificación de la CC, que suspende el trámite de antejuicio contra los magistrados de esa institución, a la Comisión Pesquisidora, para que sus integrantes tomen una decisión.
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La reacción de la jefa del Ministerio Público (MP), surge luego de una carta pública suscrita por varias organizaciones civiles, por medio de la cual solicitan a esa institución iniciar acciones penales contra el Presidente, Vicepresidente, ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como contra el Procurador General de la Nación.
La solicitud de estas organizaciones es porque a su criterio, los funcionarios no han acatado los fallos de la Corte de Constitucionalidad en una “flagrante desobediencia” y poniendo en “grave riesgo el Estado de Derecho” de Guatemala.
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Solo la Procuraduría General de la Nación indicó que dejarán que el proceso siga su curso y que estarían atentos a las acciones del MP.
“De oficio y ante la carta abierta publicada por diversas personas y organizaciones sociales, instruyó a las fiscalías correspondientes iniciar las investigaciones respectivas a efecto de determinar la comisión de hechos delictivos, identificar a los responsables y tomar acciones necesarias de conformidad con la ley, en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad”, indica el MP.
La carta
La carta fue publicada el 27 de enero y está suscrita por organizaciones como CLDH, Famdegua, CONGOOP, Codeca, Fundatierra y Fundación Mirna Mack, entre otras.
Además, por personas como Ramón Cadena, Hellen Mack, Claudia Samayoa, Iduvina Hernández, Ricardo Barrientos, Jonathan Menkos, Virgilio Álvarez y Rigoberto Quemé, entre otros.
Comisión Pesquisidora debe suspender actividades
En el comunicado de la Fiscal General, también se indica que “con fundamento en lo establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, deben suspenderse las actividades de la Comisión Pesquisidora relativa a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad; de lo contrario, el Ministerio Público, de acuerdo a sus competencias, actuará de conformidad con la ley”.
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