Gustavo Alejos Cámbara, quien fungió como secretario privado del expresidente Álvaro Colom, fue ligado a proceso por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
Junto con Alejos también serán procesados Juan Pablo García Castro, Víctor Duarte Mendoza y Guillermo Sierra Sierra, los tres por los delitos citados. A García Castro se le sumó el delito de perjurio.
La jueza Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, consideró que existen elementos para abrir proceso legal contra los citados.
Los citados son señalados de cometer los delitos durante la campaña electoral de 2015 a favor de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), organización que postuló a Sandra Torres.
Además, la jueza les concedió arresto domiciliario a los mencionados y les fijó una fianza de esta manera: García Castro, Q500 mil; Alejos Cámbara, Q500 mil; Sierra, Q50 mil, y Víctor de Jesús Duarte Mendoza, Q100 mil.
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Un cuarto caso contra Alejos
Alejos fue capturado el 6 de febrero de este año, luego de permanecer fuera de la cárcel a partir del 4 de diciembre de 2018, cuando le fue concedida una medida sustitutiva por procesos penales en su contra.
El exsecretario privado llevaba tres años en prisión preventiva en la cárcel ubicada en la Brigada Mariscal Zavala, zona 17.
Los casos donde se encuentra vinculado Alejos son: Cooptación del Estado, Transurbano y Negociantes de la Salud, relacionado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El caso que involucra a Sandra Torres
Según el MP, la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, lograron eludir el control sobre los fondos que utilizaron.
Las empresas salieron a relucir cuando las autoridades investigaban el caso Traficantes de Influencias, que trata de la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los movimientos financieros de una de las empresas mostró que MAARIV S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales, recibieron dinero que fue mezclado con otros capitales utilizados para la campaña.
El papel de los diputados
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaron mensajeros de las empresas vinculadas al excandidato Mario Leal Castillo.
También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
Los señalados
A la candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
La solicitud de antejuicio contra Torres fue rechazada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por ello, el Ministerio Público acudió a la Corte de Constitucionalidad para intentar revocar esta resolución.
También se tienen otras órdenes de aprehensión, entre las que destaca Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres.
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Además, la jueza les concedió arresto domiciliario a los mencionados y les fijó una fianza de esta manera: García Castro, Q500 mil; Alejos Cámbara, Q500 mil; Sierra, Q50 mil, y Víctor de Jesús Duarte Mendoza, Q100 mil.
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También se recurrió a personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario San Felipe S.A representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado de UNE.
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A la candidata Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey y Jorge Vargas, se les pidió el retiro de inmunidad. Al igual que a los alcaldes Pedro Raymundo y Ángel Guarcas.
La solicitud de antejuicio contra Torres fue rechazada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por ello, el Ministerio Público acudió a la Corte de Constitucionalidad para intentar revocar esta resolución.
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