El sector privado demandó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), tomar las decisiones necesarias para evitar los errores cometidos durante la primera vuelta de las Elecciones Generales.
A un mes de la segunda vuelta electoral, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), solicitó a los magistrados dar certeza a los comicios.
El Cacif considera que durante la primera vuelta de las votaciones puso en evidencia algunas fallas “en la aprobación e implementación de ciertos artículos de la reforma a la Ley Electoral de 2016″.
“Como Sector Empresarial Organizado lo señalamos oportunamente en pronunciamientos públicos y se refirió a la judicialización y criterios de inscripción, entre otras dudas. De hecho, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad”, indicó el Cacif durante una conferencia de prensa.
Se alertó al TSE por las fallas
El sector privado recordó que durante la Consulta Popular realizada en 2018 por el caso Belice, hubo fallas en la transmisión de datos y ello se hizo saber a los magistrados.
“Efectuar una auditoría completa y exhaustiva sobre el funcionamiento del sistema de transmisión de datos en la Consulta Popular”, fue la sugerencia de los observadores del sector empresarial.
Derivado de lo anterior, el Programa de Observación Electoral de la Consulta Popular 2018, también recomendó al Tribunal Supremo Electoral “contratar una asesoría técnica integral”.
El objetivo de este apoyo era “evaluar el mejor modelo de registro y transmisión de resultados, para permitir que se garantice la efectividad en la captura de datos, la cadena ciudadana de custodia de los mismos y el funcionamiento de sistemas de control cruzado que abonen a la transparencia y fiabilidad de los resultados”.
“Pese a las recomendaciones del Sector Privado, hubo graves deficiencias en el sistema informático de la plataforma de resultados preliminares del TSE. Derivado de esta inaceptable situación, se generó una crisis de confianza hacia el TSE”, indicó el Cacif.
Reconocen apoyo ciudadano
Pese a las fallas, el sector privado reconoce que las elecciones del 16 de julio se realizaron con normalidad y con el apoyo de “miles de guatemaltecos que participaron de forma voluntaria en las Juntas Municipales, Departamentales y Receptoras de Votos”.
“Sabemos que nuestro sistema funciona. Es necesario recordar que los resultados que se publican no son los oficiales, sino aquellos que constan en las actas de las Juntas Receptoras de Votos municipales y departamentales”, enfatizó el Cacif.
El sector empresarial urgió de nuevo a los magistrados del TSE a contratar una empresa, con reconocimiento local e internacional, para establecer las causas del problema en el sistema informático para que no se repita.
“Los guatemaltecos debemos tener la certeza de que las deficiencias serán solventadas, y son los magistrados los responsables de garantizar que esta situación no ocurrirá de nuevo”, subrayó el Cacif.
“Asimismo, instamos a los magistrados para que el proceso de cotejo de actas concluya lo antes posible. Es importante dotar a las Juntas Electorales de los recursos necesarios para tener sus propios sistemas de verificación y totalización de resultados”, agregó el sector privado.
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El Cacif considera que durante la primera vuelta de las votaciones puso en evidencia algunas fallas “en la aprobación e implementación de ciertos artículos de la reforma a la Ley Electoral de 2016″.
“Como Sector Empresarial Organizado lo señalamos oportunamente en pronunciamientos públicos y se refirió a la judicialización y criterios de inscripción, entre otras dudas. De hecho, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad”, indicó el Cacif durante una conferencia de prensa.
Se alertó al TSE por las fallas
El sector privado recordó que durante la Consulta Popular realizada en 2018 por el caso Belice, hubo fallas en la transmisión de datos y ello se hizo saber a los magistrados.
“Efectuar una auditoría completa y exhaustiva sobre el funcionamiento del sistema de transmisión de datos en la Consulta Popular”, fue la sugerencia de los observadores del sector empresarial.
Derivado de lo anterior, el Programa de Observación Electoral de la Consulta Popular 2018, también recomendó al Tribunal Supremo Electoral “contratar una asesoría técnica integral”.
El objetivo de este apoyo era “evaluar el mejor modelo de registro y transmisión de resultados, para permitir que se garantice la efectividad en la captura de datos, la cadena ciudadana de custodia de los mismos y el funcionamiento de sistemas de control cruzado que abonen a la transparencia y fiabilidad de los resultados”.
“Pese a las recomendaciones del Sector Privado, hubo graves deficiencias en el sistema informático de la plataforma de resultados preliminares del TSE. Derivado de esta inaceptable situación, se generó una crisis de confianza hacia el TSE”, indicó el Cacif.
Reconocen apoyo ciudadano
Pese a las fallas, el sector privado reconoce que las elecciones del 16 de julio se realizaron con normalidad y con el apoyo de “miles de guatemaltecos que participaron de forma voluntaria en las Juntas Municipales, Departamentales y Receptoras de Votos”.
“Sabemos que nuestro sistema funciona. Es necesario recordar que los resultados que se publican no son los oficiales, sino aquellos que constan en las actas de las Juntas Receptoras de Votos municipales y departamentales”, enfatizó el Cacif.
El sector empresarial urgió de nuevo a los magistrados del TSE a contratar una empresa, con reconocimiento local e internacional, para establecer las causas del problema en el sistema informático para que no se repita.
“Los guatemaltecos debemos tener la certeza de que las deficiencias serán solventadas, y son los magistrados los responsables de garantizar que esta situación no ocurrirá de nuevo”, subrayó el Cacif.
“Asimismo, instamos a los magistrados para que el proceso de cotejo de actas concluya lo antes posible. Es importante dotar a las Juntas Electorales de los recursos necesarios para tener sus propios sistemas de verificación y totalización de resultados”, agregó el sector privado.
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