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Minera prevé desempleo y aumento de conflictividad, en el Estor, Izabal

Luis Gonzalez
19 de julio, 2019

Desempleo, aumento de la conflictividad y violencia, son los efectos negativos que prevé la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que obliga al cierre temporal de la minera.

La empresa enfatiza que respetan la disposición legal, pero no la comparten por los daños que causará en el área donde operan (departamento de Izabal), sobre todo en el municipio de El Estor.

“Esta resolución no solo afectará económicamente a las distintas poblaciones de El Estor, sino que incrementará la conflictividad y la violencia en el lugar”, señala la compañía.

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Daño al Gobierno y a las municipalidades

Asimismo, la Compañía Guatemalteca de Níquel enfatiza que el cierre de la minera afectará a los gobiernos local y central.

“Actualmente, con nuestra operación otorgamos más de 2 mil directos y 1 mil empleos indirectos, por lo que, con dicha disposición se afectará de manera directa la economía de los colaboradores de la empresa, así como a los gobiernos local y central”, subraya la CGN.

La empresa agrega que durante los años de operaciones en Guatemala, ha pagado Q500 millones por concepto de impuestos.

“Además, hemos cumplido con las normas y estándares internacionales de ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional. Cumpliendo a cabalidad con el marco de sostenibilidad social y ambiental”, enfatizan.

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De la consulta indígena

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió cerrar la empresa de manera temporal en tanto se realiza la consulta indígena.

“Los amparistas reclaman que el Derecho de Consulta, de participación, otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado y protección a grupos étnicos de los pueblos indígenas de los municipios Panzós, Senahú y Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz y El Estor del departamento de Izabal, fueron violentados”, indica la CC.

En relación con ese tema, la Compañía Guatemalteca de Níquel señala: “En el año 2005 se realizó la consulta comunitaria y su actualización en el año 2018, en las que se propició el diálogo y se alcanzaron acuerdos entre comunidades y empresa, mismas que se han cumplido en todos los requerimientos y se mantienen hasta la fecha”, concluye el comunicado de CGN.

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