La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, no dio trámite al antejuicio que solicitó el Ministerio Público en contra de Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo "A", por el caso Odebrecht. 

A la jueza la señalaron de supuestas irregularidades en la aprobación de convenios de colaboración de testigos que propuso la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). 

Fueron siete magistrados que votaron en contra de que se permitiera iniciar una investigación en contra de la jueza, mientras que seis a favor, de la petición de la Fiscalía de Asuntos internos del Ministerio Público (MP). 

Los delitos que señalaban

La Fiscalía presentó la petición de retiro de antejuicio contra Marta Claudette Domínguez Guerrero, jueza del Juzgado de Mayor Riesgo A,  por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. De acuerdo con la fiscalía la jueza está vinculada con el caso denominado "Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad".

"Se presenta la petición, toda vez, que  en el contexto del caso Odebrecht, la jueza celebró audiencia de primera declaración del convenio de colaboración eficaz el 8 de septiembre de 2017, donde se autorizó la colaboración del convenio y declaración testimonial en anticipo de prueba como colaborador eficaz de Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mamery y Eduardo Oliveira, quienes no estaban en presencia de la juzgadora", explicó la fiscalía en un comunicado. 

Además, la fiscalía advierte en el documento que las personas nombradas se encontraban en la República Federativa Brasil razón por la cual la juez no tenía la capacidad de aplicar el poder coercitivo que el Estado otorga al Poder Judicial. “(...) atentando contra la seguridad jurídica, el principio jurídico del debido proceso y la institucionalidad del Estado de Guatemala”, detalló en su momento la fiscalía.

No tenía facultad

También indicó que la jueza no advirtió la legalidad de la actuación realizada el 6 de septiembre de 2017 cuando Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), realizó los acuerdos de colaboración eficaz.

“De acuerdo con la ley, Sandoval Alfaro en su calidad de empleado público no tenía la facultad para realizar las diligencias de investigación en calidad de fiscal del MP fuera del país, arrogándose facultades que le corresponden por mandato a la Procuraduría General de la Nación y tampoco contaba con la delegación para representar al Estado de Guatemala”, explica.

El 24 de junio el MP informó que la Sala Segunda  de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló los tres convenios de colaborador eficaz suscritos entre el Ministerio Público de la exfiscal Thelma Aldana por medio del exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, con la entidad brasileña Odebrecht. 

De acuerdo con Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, la Sala de Apelaciones argumentó su resolución con seis vicios legales.