Por un lado, la orden ejecutiva emitida el lunes por el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohíbe a cualquier entidad privada exigir que sus empleados o clientes se vacunen. Por otro lado, la administración de Biden está trabajando en los requisitos de que los trabajadores del sector privado sean vacunados o examinados semanalmente en empresas con 100 o más empleados.
Texas es uno de varios estados liderados por republicanos con altos funcionarios que se oponen a los mandatos federales de vacunación. Se espera que la perspectiva de que el mandato federal pueda aplicarse en algunas partes del país y no en otras complique las decisiones comerciales sobre las reglas de las vacunas, especialmente las empresas que operan en varios estados.
“Los empleadores, como la mayoría de las empresas, quieren minimizar la incertidumbre, y ciertamente esto no ayuda”, dijo Todd Logsdon, experto en derecho laboral de Fisher Phillips, un bufete de abogados.
Algunos grandes empleadores con sede en Texas, como Southwest Airlines Co. y American Airlines Group Inc., han dicho que no seguirán la orden de Abbott. Las aerolíneas, que son contratistas federales, dijeron que deben cumplir con la orden de la administración de Biden.
Greater Houston Partnership, que representa a unas 900 empresas, incluidas Exxon Mobil Corp., JPMorgan Chase & Co., Chevron Corp. y Accenture PLC, dijo el martes que la orden de Abbott dificultaría que las empresas de Texas operen de manera segura. En general, la organización ha apoyado los esfuerzos de Biden para exigir vacunas para los grandes empleadores.
El presidente ejecutivo de Partnership, Bob Harvey, dijo que la mayoría de las principales empresas que él representa apoyaban un mandato federal porque les quitaría la responsabilidad a las compañías de hacer cumplir las medidas de seguridad en el lugar de trabajo que apoyan y eliminaría la competencia entre empresas en sus requisitos de vacunas. Los dueños de negocios que se opusieron, dijo, eran en gran parte aquellos con mano de obra rural que temían perder empleados si necesitaban vacunas.
Las empresas, en particular las más pequeñas, han planteado preguntas sobre el mandato federal, incluyendo quién asumiría el costo de las pruebas del virus y cómo se aplicaría el umbral de empleados de la norma en las empresas que emplean a trabajadores en forma conjunta, como las marcas franquiciadas y sus franquiciados.
Half Price Books, una cadena con sede en Dallas con más de 120 librerías usadas en todo el país, dijo que mantenerse al día con los mandatos de vacunación en conflicto es un desafío. “Como cualquier otra empresa, estamos esperando más información, pero cuando las cosas varían tanto y cambian tan rápidamente, puede ser muy difícil para cualquier empresa mantenerse al día”, dijo Kathy Doyle Thomas, directora de estrategia.
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El mandato federal se aplicaría a todos los empleadores con 100 empleados o más. Las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas de hasta $ 14,000 por infracción. En total, el mandato cubriría a unos 100 millones de trabajadores, aproximadamente dos tercios de todos los trabajadores en los Estados Unidos, según la administración.
El Departamento de Trabajo no respondió a las solicitudes de comentarios. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que la administración está “esperando las regulaciones de OSHA para el próximo paso”.
“Nuestra intención es implementar y continuar trabajando para aplicar estos requisitos en todo el país, incluso en los estados donde hay intentos de oponerse a ellos”, dijo Psaki.
Los expertos legales dicen que esperan que las empresas impugnen la orden de Abbott.
“En términos generales, la regla predeterminada es que un empleador puede imponer un mandato a sus empleados si así lo desea”, dijo Jason Bent, profesor de derecho en la Universidad Stetson en Florida.
En junio, un tribunal federal dictaminó que Houston Methodist, un gran sistema hospitalario, podría exigir que sus empleados se vacunen, desestimando una demanda presentada por un grupo de empleados que no querían recibir la vacuna. El sistema hospitalario dijo el martes que está revisando la orden de Abbott.
El director ejecutivo de Houston Methodist, Marc Boom, dijo que está agradecido de que el hospital haya ordenado la vacunación temprana, por lo que ahora sabe que todos sus empleados están vacunados, pero le preocupa que otros hospitales de Texas aún no hayan cumplido plenamente. “Como trabajadores de la salud, hemos hecho un juramento sagrado de ‘no hacer daño’”, dijo el Dr. Boom. “Parte de ese juramento significa hacer todo lo posible para prevenir la propagación de enfermedades”.
El martes, una portavoz del gobernador dijo que Abbott “ha hablado con innumerables tejanos que están preocupados por perder sus trabajos debido a esta extralimitación federal”.
La medida se produce después de que dos rivales de Abbott en las primarias republicanas para gobernador del próximo año criticaran la capacidad de las empresas para exigir las vacunas contra el Covid-19.
La orden del lunes fue un cambio para Abbott, quien anteriormente ha sostenido que las empresas privadas deben establecer sus propios requisitos para los empleados. El anuncio de la orden ejecutiva también solicitó a la Legislatura de Texas que apruebe un proyecto de ley similar durante su actual sesión especial, que finaliza la próxima semana. El vicegobernador Dan Patrick, quien preside el Senado, dijo que actuaría rápidamente para hacerlo.
La orden de Texas es uno de los varios esfuerzos de los estados liderados por los republicanos para desafiar los esfuerzos de la administración Biden para exigir las vacunas contra el Covid-19. Arizona ha presentado una demanda para bloquear la regla. Ese estado, junto con otros 23 estados con fiscales generales estatales republicanos, enviaron una carta a Biden en septiembre diciendo que “buscarían todas las opciones legales disponibles” si la administración no abandona el plan.
A principios de este año, Montana promulgó una ley que declara ilegal que el estado de vacunación sea una condición para el empleo. La ley de Montana incluyó una exención para los hogares de ancianos y otras instalaciones de vida asistida. La orden de Texas no incluye tal exención.
—Amara Omeokwe y Catherine Lucey contribuyeron a este artículo.
Escriba a David Harrison a david.harrison@wsj.com y a Elizabeth Findell a elizabeth.findell@wsj.com
Este artículo ha sido traducido del inglés por Noris Argotte Soto para República.